La Convención de los Derechos del Niño (Artículo 3.1) señala que: “en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.
Esto significa que las acciones y decisiones que tomen los adultos, las familias, las comunidades o las instituciones deben garantizar y priorizar el bienestar de los niños, niñas y jóvenes, además de respetar el goce y ejercicio de todos sus derechos.
Así mismo, se debe tener en cuenta sus necesidades de seguridad, salud integral, atención psicosocial, participación y acceso a la justicia o servicios legales.
Aunque la Convención hace parte del Bloque de Constitucionalidad, los legisladores colombianos realizaron la presentación, discusión, trámite y aprobación del proyecto de Ley 2089 de 2021, por medio de la cual se prohíbe el uso del castigo físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia como método de corrección contra niñas, niños y adolescentes y se dictan otras disposiciones.
Sin embargo, y contrario a las mayorías que aprobaron este proyecto de ley en el Congreso, el aumentar penas no disuade el comportamiento de violencia infantil en Colombia.
En nuestro país aparte del maltrato, los tratos crueles y la violencia sexual, persiste el homicidio del que los niños, niñas y adolescentes son víctimas en aumento.
Hace poco nos conmocionamos cuando en Segovia, nordeste de Antioquia, se perpetró el asesinato de Ismael Espinosa Rodas, un niño de 2 años que estaba en los brazos de su madre cuando cuatro hombres armados llegaron y dispararon contra las personas que se encontraban en el lugar.
El menor murió debido a la gravedad de la herida que le produjo la bala que lo impactó en la cabeza.
Igual de lamentable fue el hecho del menor Maximiliano Caro, quien, a finales del año 2022, en este mismo municipio, presuntamente su madre y su padrastro lo asesinaron en la práctica de un ritual satánico para encontrar una guaca, su cuerpo fue encontrado meses después por las autoridades que investigaban el caso.
Recientemente, durante la Semana Santa se registró el asesinato de Elizabeth Macías Ayala en el municipio de Gómez Plata, norte del departamento. Las autoridades encontraron el cuerpo de esta niña de 13 años, quien recibió un impacto de bala en la cabeza.
En un retén ilegal que atracadores montaron en la carretera que comunica a Tarso con Pueblorrico, en el suroeste antioqueño, en meses anteriores fue asesinado Jan Carlos Muñoz Zapata, un menor de 12 años.
En el mes de marzo se presentó el homicidio de Leonel Santiago Landázuri de 6 años, quien falleció luego de que su padrastro lo atacara en cuatro oportunidades con arma cortopunzante al interior de la Institución Educativa Ricaurte, en el oriente del departamento de Nariño.
Pese a que los niños, niñas y adolescentes son personas sujetas de derechos, Colombia tiene un futuro incierto por la violencia contra la infancia y adolescencia que nadie controla…
