El informe Exportando Corrupción 2020 de Transparencia Internacional evaluó la implementación de 47 países frente a parámetros de la convención. Colombia mejora en comparación con la evaluación del año 2018 pasando de la categoría “cumplimiento escaso o nulo” a la “categoría de cumplimiento limitado”, pero aun debe realizar mayores esfuerzos en su lucha contra el soborno
Se identifican avances en materia de investigaciones, capacitación de servidores públicos y desarrollo de leyes. Sin embargo, hay poco avance respecto a las recomendaciones que se realizaron hace dos años, especialmente en lograr mayor protección a denunciantes de actos de corrupción.
Ahora bien, en las últimas décadas, el mundo ha sido testigo de escándalos de corrupción relacionados con esquemas de soborno a gran escala de funcionarios de alto nivel de empresas trasnacionales, que generan graves afectaciones en las poblaciones de los países donde operan. En los últimos años, los esquemas de soborno sistemático y generalizado de multinacionales como Airbus, Ericsson, Odebrecht, Rolls Royce y muchas otras, han sido puestos en evidencia. Luego de más de 20 años de existencia de la Convención de la OCDE Contra el Soborno Transnacional, estos vastos esquemas de corrupción siguen estando presentes en las transacciones comerciales internacionales.
Desde 2005, Transparencia Internacional ha hecho seguimiento a la implementación de la convención. Para esto, analiza y clasifica a 47 países que suman el 83% de las exportaciones mundiales, en cuatro categorías según su nivel de implementación de medidas previstas en la convención: activa, moderada, limitada o nula. La situación de un país se determina de acuerdo con la cantidad de investigaciones y casos que las autoridades abren y que concluyen con sanciones, durante un periodo de cuatro años.
El resultado más reciente del informe Exportando Corrupción 2020 de Transparencia Internacional indica que entre los 47 países evaluados solamente Estados Unidos, Reino Unido, Israel y Suiza —que representan el 16,5% de las exportaciones mundiales— aplican activamente legislación contra el soborno extranjero. Nueve países hacen parte de la clasificación de aplicación moderada, mientras que 15 hacen parte de la clasificación de implementación limitada, y 19 de aplicación nula.
En esta evaluación Colombia —que representa el 0,2% de las exportaciones globales— pasó del nivel de implementación “nula” al nivel de implementación “limitada”. Este avance fue posible gracias a desarrollos legislativos recientes, al fortalecimiento de capacidades de instituciones estales encargadas de prevenir y sancionar este delito, y a esfuerzos por divulgar y sensibilizar diversos actores en materia de soborno transnacional. Sin embargo, se requieren mayores esfuerzos para alcanzar un nivel de implementación moderada o activa, especialmente respecto a lograr un mayor número de casos que sean sancionados de manera efectiva y ejemplar.
Avances recientes
El informe destaca avances de Colombia a nivel normativo que complementan la ley 1778 de 2016 sobre responsabilidad de personas jurídicas por actos de corrupción transnacional: la ley 2014 de 2019 que incorporó la inhabilidad para contratar con el Estado para personas jurídicas condenadas por cohecho extranjero; y nuevas disposiciones de regulación de conflictos de interés de funcionarios públicos, especialmente la ley 2013 de 2019.
Igualmente, se resaltan esfuerzos de formación de funcionarios, investigadores, y jueces que hacen parte del esquema de prevención y detección del soborno transnacional; la creación de grupo de investigación de soborno transnacional en la Superintendencia de Sociedades; la generación de guías para prevenir el cohecho extranjero y la implementación del canal virtual de denuncias de soborno transnacional por parte de dicha Superintendencia; y la realización de múltiples espacios de capacitación con empresarios.
Tareas pendientes
A pesar de los esfuerzos realizados por Colombia entre 2018 y 2020, el país aún debe incorporar mecanismos efectivos de protección integral a reportantes y denunciantes de corrupción, tanto en el ámbito público como privado. Esta recomendación fue formulada en 2018 y a pesar de algunos esfuerzos realizados por parte del gobierno y del Congreso desde entonces, el marco institucional y legislativo nacional sobre denuncia y protección al denunciante sigue siendo muy escaso.
También resulta necesario avanzar en la implementación del Registro Único de Beneficiarios Efectivos, Finales o Reales creado por la ley 2010 de 2016. A nivel internacional se considera que la creación y divulgación de registros centrales de beneficiarios finales de las empresas pueden contribuir en la lucha efectiva contra el soborno transnacional. En complemento, es importante que en Colombia se definan líneas de acción claras respecto a la manera como se podría fortalecer el régimen de responsabilidad de personas jurídicas mediante la incorporación de medidas de responsabilidad penal. Entre 2018 y 2020 distintos proyectos de ley promovidos por el gobierno nacional, la Procuraduría General de la Nación y algunos congresistas han buscado impulsar dichas medidas, sin que hayan sido aprobadas hasta el momento.
Por último, el informe destaca que también se requiere asignar mayores recursos para la investigación efectiva del soborno transnacional. El proceso de detección de implicados y recolección de pruebas para la investigación de este tipo de delito, requiere que las unidades investigativas cuenten con suficientes recursos humanos, económicos y tecnológicos.
“Las debilidades aun identificadas ponen en riesgo la efectividad de los avances logrados en los últimos años. De nada sirven los avances legislativos si no prevenimos que los hechos ocurran y no logramos sanciones contundentes contra el soborno transnacional”, afirmó Andrés Hernández, director Ejecutivo de Transparencia por Colombia.
* Este reporte se difunde en el marco del programa Juntos por la Transparencia, y fue posible gracias al apoyo generoso del pueblo de los Estados Unidos, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). El contenido de este reporte es responsabilidad de Transparencia por Colombia y no necesariamente refleja el punto de vista de USAID o del gobierno de los Estados Unidos.
