Transparencia Internacional da a conocer los resultados de su Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2021. En esta nueva medición Colombia obtuvo 39 puntos sobre 100, siendo 0, corrupción muy elevada y 100 ausencia de corrupción.
El país se ubica en el puesto 87 entre 180 países evaluados. Esta calificación se obtiene del análisis de ocho fuentes que miden la percepción de analistas, académicos e inversionistas extranjeros, respecto a qué tanto afecta la corrupción al sector público del país.
Una calificación por debajo de 50 puntos indica niveles de corrupción muy serios en el sector público.
La calificación de Colombia permanece en un estancamiento desde hace una década. Durante 10 años Colombia ha obtenido calificaciones entre los 36 a los 39 puntos, es decir, sin variaciones estadísticamente significativas.
En el ranking de 2021, el país pasó del puesto 92 (IPC 2020) al 87 debido a que cinco países que antes se encontraban con una calificación mayor que Colombia, decayeron: Argentina, Lesoto, Turquía, Guyana y Marruecos.
Transparencia Internacional advierte que “la pandemia mundial de COVID-19 ha abierto las puertas para que los gobiernos amplíen aún más su poder, oculten información al público y eliminen derechos.
El IPC de este año muestra que 154 países han disminuido o no han logrado un progreso significativo en la lucha contra la corrupción en la última década, y 27 países han alcanzado mínimos históricos en su puntaje”.
Los mejores y los peores calificados
Los cinco mejores países calificados en el mundo son Dinamarca y Nueva Zelanda con 88 puntos sobre 100, seguidos por Finlandia, Singapur y Suecia, con 85. Los peor calificados son Yemen (16), Venezuela (14), Siria (13), Somalia (13) y Sudán del Sur (11). Colombia comparte calificación (39 puntos de 100) con Etiopia, Surinam, Tanzania, Kosovo, Vietnam y Macedonia del Norte.
En América los 5 países mejor calificados son Canadá (74), Uruguay (73), Chile (67), Estados Unidos (67) y Barbados (65). Los peores son Guatemala (25), Honduras (23), Haití (20), Nicaragua (20) y Venezuela (14). México continúa con 31 puntos con referencia al año pasado, Perú bajó de 38 a 36 puntos, Argentina pasó de 42 a 38 puntos y Brasil sigue obteniendo una calificado de 38 puntos. Entre los países de la OCDE, Colombia solo supera a México y a Turquía.
Un “zoom” a la problemática
El estancamiento de Colombia en el Índice de Percepción de Corrupción 2021 reitera la necesidad de revisar a fondo los esfuerzos de lucha contra la corrupción.
Estudios recientes como las recomendaciones de la Comisión de Expertos Anticorrupción liderada por Fedesarrollo, la radiografía de la corrupción 2016-2020 elaborada por
Transparencia por Colombia y el informe del Observatorio Ciudadano de Corrupción, nos permiten identificar varios patrones sobre la corrupción que más daño le hace al país:
- Formas de corrupción con altos niveles de conocimiento, recursos e influencia para afectar decisiones y presupuestos públicos.
- El uso de dinámicas político electorales para acceder al poder y, así, desviar recursos, alimentar el clientelismo y manipular regulaciones, en muchos casos bajo la presión o la colaboración de actores privados o criminales.- Situaciones de captura del sistema de control y de justicia, a nivel local y nacional, para favorecer la corrupción y la impunidad.
- Vacíos normativos e institucionales, el incumplimiento de normas y los excesos de control, que le hacen juego a la corrupción.
- Graves afectaciones a derechos humanos que generan daños que no son reparados a las víctimas de corrupción.
- Persistencia de prácticas sociales de fraude, trampa y corrupción.
A lo anterior, se suma que Colombia no ha sido ajena a la tendencia global de desequilibrios en los sistemas de control y de afectaciones a libertades ciudadanas, tal como lo evidenció el 2021.
Oportunidades del 2022 para superar el estancamiento
Las elecciones legislativas y presidenciales del 2022 ofrecen nuevas oportunidades para salir del estancamiento.
La prioridad tendrá que centrarse en la renovación de la confianza ciudadana en las instituciones, mediante el fortalecimiento de la integridad en el más alto nivel del liderazgo público, que se ve permanente afectada por los escándalos de corrupción.
Junto a esto, se requiere mayor apertura, acceso a información pública y transparencia en el uso de recursos públicos.
Causa profunda preocupación que siga vigente la extensión en los tiempos de respuesta de las entidades públicas a los derechos de petición y de información realizados por la ciudadanía, luego de la reciente objeción presidencial en esta materia.
También, bajo el liderazgo de la Presidencia de la República se debe incorporar enfoques más innovadores y agresivos para luchar contra la corrupción en los sectores más afectados por esta problemática -como defensa, educación, salud, vivienda-; avanzar en la implementación efectiva de compromisos internacionales, normas y políticas existentes; revisar y mejorar la manera como operan las entidades responsables de impulsar la lucha contra la corrupción en el Ejecutivo; y mantener el pleno respeto a la separación entre poderes públicos y a los derechos y libertades ciudadanas.
A su vez, el nuevo Congreso deberá comprometerse con una agenda anticorrupción que contemple tres aspectos: primero, reformas de fondo en materia de contratación pública, sistema político y justicia; segundo, nuevos instrumentos legales como la protección a denunciantes, la regulación del lobby y la transparencia en el presupuesto nacional; y tercero, el fortalecimiento de mecanismos que aseguren mayor independencia de la autoridad electoral, de las cabezas de los órganos de control y de la Fiscalía General de la Nación.
“Al grave impacto que sigue generando la corrupción se suma el estancamiento en lograr resultados más amplios, por lo menos desde hace 10 años. En 2022 debemos elegir a quienes demuestren mayor integridad en el manejo de lo público, propongan medidas de lucha contra la corrupción serias y alejadas de discursos facilitas de campaña, y se comprometan con resultados concretos. Colombia puede superar la corrupción bajo un liderazgo decidido y el concurso de toda la sociedad”, afirma Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia.
