Desde la década de los noventa, las élites colombianas tomaron como ejemplo las políticas sociales y económicas chilenas; políticas que se basaron en los principios neoliberales postulados principalmente por Milton Friedman e implementadas en el país austral por los famosos Chicago Boys.
Así, bajo la dictadura de Pinochet, se redujo la participación del Estado en la producción de bienes y se privatizaron los servicios sociales de salud, pensiones y educación. De esta manera, aunque los indicadores macroeconómicos mostraban a Chile como ejemplo de Latinoamérica, la realidad social era otra: un paulatino incremento de la desigualdad, resultado esperado de toda política neoliberal, algo que el mismo Friedman había advertido en sus textos.
Luego del final de la dictadura, si bien asumieron el poder, en algunos periodos, gobiernos socialistas, el modelo económico impuesto desde la dictadura continuó incólume, mientras se seguía horadando el bienestar de la población, que silente seguía aceptando su realidad. Sería solo hasta hace una década que el malestar social empezaría a manifestarse a través del denominado Movimiento de los Pingüinos, compuesto por jóvenes estudiantes de bachillerato y universidad que protestaron y pusieron en evidencia la dificultad de acceder a educación superior de calidad y, ante todo, pública y gratuita.
Este movimiento sentó las bases de lo que sería el estallido social de 2019, en el que, además de los reclamos estudiantiles, se sumó el inconformismo del grupo de pensionados que se jubilaron bajo el modelo neoliberal de los fondos privados de pensiones, el cual, después de tener salarios dignos durante su vida, los condenó a tener pensiones ínfimas que, prácticamente, los ponen a rozar con los límites de la pobreza. Esto, sumado a la profunda segregación social y al desconocimiento de las exigencias de los pueblos originarios de Chile, en especial de los Mapuches, condujeron a la revuelta social.
Como forma de concertación, la sociedad y el gobierno chileno decidieron convocar a la elección de una asamblea constituyente que tenga la misión de definir un nuevo contrato social que cierre las heridas e inequidades provenientes de la dictadura y del modelo económico neoliberal. Los resultados de las elecciones de asambleístas barruntan que ese nuevo pacto social se orientará a consolidar una socialdemocracia en que las inequidades derivadas de las fuerzas del mercado serán controladas por mecanismos de redistribución de la riqueza y que los servicios sociales de salud, educación y pensiones, quizás, retornarán a ser provistos por vía pública.
Esta transformación que vive Chile, al igual que en el pasado, debería ser ejemplo para Colombia, más en estos convulsos tiempos de crisis social en que vivimos, ya que, buena parte de las causas que motivaron la explosión social chilena, se repiten, incluso con más agudeza en nuestro país. Tal vez, en nuestro caso particular, no se requiera de una nueva constitución, sino de hacer cumplir tanto los preceptos del Estado social de derecho en ella consagrados, como de los contenidos del acuerdo de paz firmado con las Farc.
Para aceptar ese llamado que hoy nos hace el destino, debemos entender que un país viable es el que antepone el bienestar de sus pobladores a los intereses particulares y mezquinos que grupos de interés quieran imponer; es el momento de pensar en acuerdos de subóptimos en los que todos cedemos algo para obtener una ganancia superior a lo cedido, es decir lograr la sinergia del colectivo para erigir una patria en paz y con niveles de vida dignos para todos los que la conforman.
