La CC y el senado colombianos, “sin querer queriendo”, le van abriendo las puertas a la Corte Penal Internacional (CPI).
Pretendiendo “blindarse” de los crímenes cometidos por sus “civiles, terceros”, durante los 53 años de guerra interna –sucia por el querer de la oligarquía—, crímenes que han permanecido en la más espantosa impunidad durante éstos todos éstos años, van haciendo una colcha de retazos por donde se filtrará la CPI.
Es sabido que en Colombia la impunidad es del 99% de todos los delitos, reconocido por el mismo fiscal general, Néstor Humberto Martínez. Esa impunidad es mayor cuando de violaciones de derechos humanos se trata, o sea, es el 100%. 83% responsabilidad en masacres, 83,3% de ejecuciones extrajudiciales, 97,7% de responsabilidad en desaparición forzosa y 100% responsabilidad en desplazamiento forzoso, ninguna de ellas es juzgada ni aceptada por el estado colombiano.
Con razón Colombia está ubicado ”en el tercer lugar de impunidad, después de Filipinas y México” en 2015, según nos siguió diciendo el Fiscal Martínez. En Colombia la impunidad es del 99% y ocupa el Tercer lugar después de Filipinas y México.
Ninguno –o casi ninguno— de los responsables enfrentan un Tribunal y mucho menos son condenados. Es lógico. Si no son juzgados, mucho menos podrán ser condenados.
Sin embargo, los poquísimos casos en que se condena al Estado tienen que pasar por las manos de la CIDH. Los tribunales de la justicia ordinaria, plagado de la más profunda corrupción, se muestran incapaces para si quiera adelantar una investigación. Ni cuando la CIDH condena al estado, ni así el gobierno reconoce la autoría y ”se escurre por las ramas”.
Cuando son juzgados por la justicia ordinaria colombiana, los responsables se aseguran que “el grueso del fajo de billetes” que llegan a los bolsillos de fiscales, jueces y magistrados es de tal grosor que esos funcionarios dictan sentencia en favor de sus “clientes”, no de sus juzgados.
En relación con el juzgamiento de los narcoparamilitares, 31.000 miembros –incluían ancianos, putas, delincuentes comunes, etc—reconocieron más de 125.000 homicidios, 445 se sometieron a la ley de Justicia y Paz, y de estos apenas 15 fueron condenados.
Cuando empezaron los grandes “capos” a decir la verdad de las conexiones con empresarios, congresistas, políticos regionales, etc, fueron extraditados por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, a fin de ocultar la verdad, o sea, asegurar la impunidad total.
En los momentos presentes, la CC y el senado, con ocasión de la aprobación de la JEP, nuevamente incurren en maniobras ilegales, inconstitucionales, disfrazadas de legales, al ”meterle mano” al Acuerdo de Paz, sientan la más espantosa impunidad que ha encendido las alarmas de la sociedad colombiana y de la comunidad internacional que ha seguido y acompañado el proceso de Paz y la firma de un Acuerdo que se tiene por ejemplo para la comunidad internacional.
Que no se rasguen las vestiduras cuando tengan la soga de la CPI en el cuello. Que no lloriqueén cuando estén en La Haya o en Roma respondiendo por sus múltiples y aberrantes crímenes. No olvidemos que ellos hasta “jugaban al futbol con la cabezas de las víctimas” cuando sometían al pueblo colombiano a su “orgía de sangre”.
Podremos perdonar, pero no olvidar los crímenes que el terrorismo de Estado —incluyendo su narcoparamilitarismo— ha cometido contra las víctimas colombianas, civiles desarmados, inermes. Los excomandantes de las FARC-EP se someterán a la JEP y, valientemente, enfrentarán un Tribunal de Justicia. Mas los que le temen a la JEP están metidos en tremendo problema con la CPI.
Es ante la CPI, ante el organismo de justicia que tendrán que responder por sus crímenes.
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