No se sabe quién es más indolente, si este gobierno cuya diplomacia da grima o el pueblo colombiano que no reacciona ante decisiones reprochables de los representantes del país en los foros internacionales. Por las graves consecuencias que tiene para uno de los sectores más rezagados del país, los campesinos y habitantes rurales, quienes además son las víctimas del conflicto armado, es absolutamente reprochable el voto negativo de Colombia a la Declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y otras personas que trabajan en las zonas Rurales. Este proceso se inició cuando el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó el 28 de septiembre la resolución (A/HRC/39/L.16) sobre derechos de los campesinos, campesinas y otras personas que trabajan en zonas rurales.
El país estuvo entre los 54 Estados que se abstuvieron de apoyar este mandato que llama a los gobiernos a tomar medidas “para garantizar el derecho a la vida y a los recursos naturales”, entre muchos otros, y el respeto por parte de actores como las transnacionales. Este documento reconoce la labor de estas poblaciones, su aporte al desarrollo y exige a los Estados a tomar medidas que protejan y promuevan condiciones dignas y herramientas para su trabajo.
Para ponerle números a esta reprochables y costosa actuación de la diplomacia colombiana, es bueno recordar que el 30 % de los colombianos tienen vínculos productivos y culturales con el campo, es decir 12 o 13 millones de los habitantes de este país. Campesinos en su sentido más estricto son alrededor de 5 o 6 millones, más aquellos que viven en municipios rurales y los que conviven con la población urbana en municipios medianos. Es decir, cerrar esta puerta, como lo acaba de hacer este gobierno, no es una decisión marginal sino una que afecta a quienes ya de por sí viven en condiciones muy diferentes a las que tiene la población urbana en promedio.
Sí hubo reacciones, pero fueron totalmente ignoradas por las autoridades. La semana pasada, más de 50 organizaciones y 40 congresistas y académicos enviaron al presidente de la República, Iván Duque, una carta exigiendo que Colombia respaldara la declaración o que, al menos, en caso de insistir en su postura, “informe públicamente al país las razones de ello”. Calificaron de “vergonzosa” la oposición a esta declaración, que, afirman, “constituye un gran avance en el reconocimiento de los derechos de un sujeto social históricamente invisibilizado y excluido en el mundo entero y que, en nuestro país, ha sido altamente victimizado a causa del conflicto interno y los procesos históricos de despojo, desplazamiento y olvido estatal”.
¿Dónde estaban la vicepresidenta y la consejera para la Equidad de Género,
cuando las grandes afectadas
van a ser las mujeres campesinas?
Debe recordarse que el mismo Estado ha reconocido ese abandono, por ejemplo, a través de la Misión para la Transformación del Campo que, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, se presentó como una herramienta de diagnóstico y recomendaciones para saldar la mentada “deuda histórica” con la población rural y campesina.
Lo que confirma esta postura inexplicable del gobierno actual es que sigue primando la visión del uribismo que cree que los campesinos son un estorbo para lo que realmente les interesa: los grandes productores, los que han acaparado la tierra desde siempre y que no son ni mucho menos los más productivos.
Que no se sorprenda el gobierno cuando el campesinado salga a las calles y a los campos a reclamar que se cumpla el punto uno del Acuerdo Final entre las Farc y el gobierno. La Reforma Rural es la deuda histórica que Colombia tiene con su población rural pero además la posibilidad real de diversificar su producción y generar la dinámica económica que requiere.
A propósito de esta decisión del gobierno, ¿dónde estaba la vicepresidenta y la consejera para la Equidad de Género, cuando las grandes afectadas van a ser las mujeres campesinas? Por si no lo sabían, Colombia tiene la segunda población de mujeres rurales de América Latina. Y como si esto no fuera suficiente, la participación femenina de la población económicamente activa en la agricultura es de 24,8 % para el 2010, una de las más altas en América Latina y los Caribes (FAO, 2017). La realidad detrás del censo agropecuario es la de una Colombia desigual en el campo, donde el trabajo de la mujer no es reconocido ni monetariamente, ni socialmente como debería de ser. ¿Por qué ustedes, señoras funcionarias, no han dicho una sola palabra?
