Desde el año 2016, el alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, dando cumplimiento a una de sus promesas de campaña, ha adelantado procesos de recuperación del espacio público, afectando, en cierta manera, a un poco más de 48.000 vendedores ambulantes ubicados en la capital. Cabe anotar que esta medida tomó más fuerza con la entrada en vigencia del Código Nacional de Policía y Convivencia desde el 30 de julio de 2017.
El artículo 140 del Código Nacional de Policía y convivencia castiga “los comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público”, este mismo especifica en el numeral 4 como mal comportamiento el “ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes”, lo cual aplica para los vendedores ambulantes situados en las calles sin ninguna autorización. Por otra parte, se le debe obediencia al artículo 25 de la Constitución Política de 1991 cuando expresa: “El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”.
El gobierno de Peñalosa asegura estar cumpliendo con la Constitución Política al querer reubicar a cada vendedor ambulante con la colaboración del Instituto para la Economía Social (IPES), quienes constantemente ofrecen capacitaciones para la mejoría laboral y espacios para la reubicación, pero esto no complace del todo a los vendedores que cada día se apoderan de los andenes haciendo de ellos su espacio laboral.
Los afectados consideran arbitrario el comportamiento del alcalde, asegurando que se está violando un derecho fundamental, prestando más importancia al Código y no a la ley máxima y suprema de nuestro país, por la simple razón que cada multa les significa un ingreso que va desde los $ 98.360 hasta los $ 786.880, ello sin contar con las multas que se pueden impartir por los otros 242 artículos del código; manifiestan además que la decisión de salir cada día a trabajar bajo la modalidad de venta informal se debió a la falta de oportunidades en las que no piensa el gobierno antes de tomar la decisión de “recoger y echar al camión la mercancía”.
Es cierto que cada vez es más difícil para el peatón transitar por las calles de la capital, pero ¿será necesaria la violencia y el abuso de autoridad de algunos policías encargados de los levantamientos? ¿Será que con el dinero recogido hasta el momento de las multas impartidas bajo el nuevo Código de Policía no se puede destinar un espacio para los vendedores? ¿Por qué los vendedores no ceden a una reubicación? ¿Estarán esperando algo más que eso? Seguramente es difícil dar respuesta a ello, teniendo en cuenta que cada día suman los ciudadanos que están de acuerdo con el alcalde al querer dar solución a esta problemática, pues el desorden generado en la ciudad a causa de las ventas genera altos niveles de delincuencia.
Habrá que esperar qué documento priorizan, si es que en algún momento se llega a un acuerdo entre el Gobierno distrital y los vendedores ambulantes, teniendo en cuenta que este proceso ha consumido dos de los cuatro años del mandato del alcalde Enrique Peñalosa.
