En el departamento de Nariño, Camilo Romero Galeano afronta una irritante pesquisa por parte de la Fiscalía General de la Nación, a raíz del cuestionado negocio de venta de aguardiente por 20 mil millones de pesos a un supuesto amigo suyo en hechos ocurridos el 24 de Agosto de 2016. Esta complicación judicial fue amplificada por los medios de comunicación ante la convocatoria de la Fiscalía General de la Nación para formularle imputación por cinco posibles conductas penales (falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y revelación de secreto) ante magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que cumple, en estos casos, funciones de juez de control de garantías, pues el juez de conocimiento es la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Esta citación que debió hacer la oficina de servicios judiciales de Bogotá en comunicación personal al indiciado gobernador, la hace por la televisión pública el propio Fiscal General Néstor Humberto Martínez, incurriendo en un gravísimo y costoso error por cuanto por cobrar méritos de eficiencia y gran visibilidad, se lleva por los cuernos el debido proceso adoptado por el sistema penal vigente, exponiendo al escarnio público a una persona (sea cual fuere su rango social o burocrático) antes de un juicio justo donde precisamente la Fiscalía tiene la misión de destruir la presunción de inocencia para que el juez determine condenar o absolver, con base en los elementos probatorios legalmente obtenidos por el ente acusador y sometidos a su consideración.
Pero si bien es cierto que la Fiscalía incurre en este inexcusable error, el gobernador indiciado, tampoco se queda atrás y seguramente bajo el efecto de su propia aureola de prepotencia o influenciado por algún asesor trasnochado, salió también públicamente a descalificar al Fiscal bajo el argumento claudiano (sello de Claudia López) de que es un fiscal de bolsillo del partido Cambio Radical y que por tanto la investigación tiene un claro sesgo político para quitarlo del medio, pretendiendo enviar un mensaje de estar victimizado por una institución no menos corrupta. Lo anterior dio pie a especulaciones de que la cosa era tan grave que Romero estaría trabajando un asilo político con el presidente Nicolás Maduro, pues no era desconocida su vinculación con el gobierno bolivariano de Chávez, ya que fue corresponsal del canal Tele Sur. Pero, además, para justificar su determinación, hizo reiteradas afirmaciones de que el famoso y multimillonario contrato del aguardiente de Nariño, había seguido un procedimiento exactamente igual al que habían hecho los gobernadores anteriores: Parmenio Cuellar, Antonio Navarro y Raúl Delgado, y que a ellos jamás los investigaron, en cambio a él lo enjuician por “pensar diferente”. Pues bien, el primero que se sintió salpicado por estas afirmaciones y salió a desmentir a Romero Galeano fue Cuellar Bastidas, quien afirmó públicamente haber renunciado ante el Fiscal a la prescripción de la acción penal a su favor, para que lo investiguen por estos hechos y esperaba que los otros dos exgobernadores hicieran lo mismo.
Llegada la fecha de la audiencia de imputación (1 de Noviembre) que, como se sabe, en este sistema penal de acto y no de autor, es un acto de mera comunicación (a cuyo término el juez pregunta al imputado si acepta cargos, si no los acepta o guarda silencio) el gobernador Romero se presentó sin apoderado y con el argumento de que su defensor de confianza había renunciado pocas horas antes por discrepancias en el manejo mediático del tema (resultando extraño que jamás mencionara el nombre del escurridizo togado), logrando que la audiencia se aplace por 28 días, conducta que sus críticos consideran es una evidente maniobra dilatoria que prolonga la incertidumbre de su permanencia en el cargo. Pero también es posible que si la solicitud de imputación por la Fiscalía ante el juez está acompañada de solicitud de medida de aseguramiento, tendrá que darse en esta misma audiencia un delicado debate sobre si el imputado es un peligro social, si puede obstaculizar la investigación y si hay garantías de que comparezca al proceso, dentro del marco del parágrafo 2 de la ley 1786 de 2016 en el sentido de que las medidas de aseguramiento privativas de la libertad solo podrán imponerse cuando quien las solicita pruebe, ante el Juez de Control de Garantías, que las no privativas de la libertad resultan insuficientes para garantizar el cumplimiento de los fines de la medida de aseguramiento.
Lo cierto y concluyente es que si ponen preso al gobernador Romero (con detención preventiva intramuros o domiciliaria) se frustraría una promisoria carrera política que, con muy pocos precursores, había puesto a fantasear a los pastusos con la posibilidad de tener por lo menos un candidato a la presidencia de la república, objetivo del pensamiento de su artífice y padre Ricardo Romero Sánchez (actual alcalde de Ipiales, de heroicos referentes revolucionarios a bordo del M-19, siendo el más sonado la captura de los restos de Agustín Agualongo de la iglesia de San Juan que luego devolvió Antonio Navarro a la aristocracia pastusa), pero eventualidad ni siquiera imaginada por su tío Heraldo Romero Sánchez, una leyenda inmarcesible de la lucha estudiantil de los años 70 (en original yunta con el sacerdote católico Luis Antonio Gallardo), para conseguir una refinería en Tumaco con estrepitosas marchas que colgaban del aire el grito reverberante de “refinería o revolución”, repetido miles de veces por las masas convulsivas del sur con la ilusa aspiración de que llegara a los oídos amortiguados del régimen de Lleras Restrepo o Pastrana Borrero, época desde la cual se acuñó para siempre la frase de todos los discursos reclameros que en Nariño han sido: cobrar la vieja deuda social del gobierno centralista con Nariño.
Todo comenzó cuando a Camilo Romero se le vio aparecer tímidamente en los medios nacionales como promotor del movimiento pollítico Tienen Huevo, (Cuya bandera de combate era un huevo frito sobre un fondo negro); y luego como corresponsal de Tele Sur (el canal de televisión oficial venezolano), hasta estructurar una exitosa campaña que lo llevó al mismísimo epicentro del tabernáculo de la descomposición política: el Senado de la República de Colombia, a cuyos fermentados miembros trató de revocarles el mandato en una insólita cruzada nacional promoviendo un referendo por firmas, que obviamente preocupó a los atornillados congresistas pues Romero se movía por el país como llevado por un colchón que estaba a metros del pantano sucio en que se mueven los aberraciones de la politiquería tradicional y eso lo catapultó a una postulación como directivo nacional del espirituoso movimiento de Los Verdes que, con Mockus, venía de vivir su mejor momento pero también de sufrir una manipulada derrota por el consorcio de Juan Manuel Santos, fracasando una vez más en el intento de acceder al poder por sectores progresistas que no se encasillaban en los formatos tradicionales.
En ese escenario y ante la cerrada imposibilidad de lograr un aval para repetir senado, la inmensa exposición mediática con la que había sido beneficiado en estos ires y venires, más un discurso novedoso, se plasma la postulación de Romero para la Gobernación de Nariño, forjando a su favor una marca personal con una copiosa votación, que en un fatal error de interpretación política atribuyó a sus aliados (Tato Álvarez, Miriam Paredes, Eduardo Enríquez Maya, Manuel Enríquez, Neftalí Correa, Oscar Bravo, Raúl Delgado, Antonio Navarro, etc.) y entre ellos parceló la administración, ignorando olímpicamente a quienes le votaron de buena fe que sin duda eran la mayoría no alineada con los brujos de siempre, aquellos indeseables a quienes buscaba disolver no hace mucho, generando una desilusión catedralicia entre sus votantes que lo perfilaban ya como la nueva figura política del sur.
No quedaba en Romero sino el espectro del pensamiento de William Ospina, cuyo texto la Franja Amarilla (editado en 1996 y reeditado por su padre en un romántico intento de culturizar políticamente a la región), había tomado para armar un programa de gobierno y un Plan de Desarrollo que terminó siendo reconocido y laureado; y cuando ya se encontraba en plena e intensa actividad política con miras a las próximas elecciones con candidatos de su círculo cerrado a través de los cabildos abiertos (ahora llamados GANA), se produjo el estropicio de los allanamientos y la imputación de la Fiscalía dentro de la investigación por la venta del aguardiente que lo tiene casi sub judice.
Todo esto ocurre en un contexto de una amenaza de una descertificación de Colombia por los gringos, quienes gritan que Nariño es el jardín de la coca, con incontables muertos y una crisis institucional donde la corrupción ni siquiera permitió que a los guerrilleros de las FARC les armaran unos tugurios decentes para su proceso de reinserción, donde no hay justicia ni distributiva ni conmutativa y menos para solucionar problemas de esta región que son los mismos del pasado (coloniales) y por eso la inestabilidad social y política que vivimos en la actualidad en una democracia aparente, en un “país de cafres” con exclusión, discriminación y eliminación de los pueblos indígenas, negros y campesinos, con unos dirigentes al servicio del capital extranjero. Y ya que lo mencionamos, por qué no repasar como triste epílogo una frase de W. Ospina que nos cae como anillo al dedo: “Cuando una sociedad no es capaz de realizar a tiempo las reformas que el orden social le exige para su continuidad, la historia las resuelve a su manera, a veces con altísimos costos para todos”.
Es, sin duda, la tormenta perfecta…
