El triunfo de la candidatura presidencial del Pacto Histórico en cabeza de Gustavo Petro implico el cierre de la hegemonía y dominio violento de la ultraderecha uribista.
Todo el sistema de símbolos, significantes vacíos, lenguajes e instrumentos de subordinación política de dicho sistema entraron en una masiva bancarrota desatada con las poderosas movilizaciones sociales de los años 2019, 2020 y la explosión multitudinaria de los meses de abril y mayo del 2021.
Con la derrota electoral del uribismo, la nueva Hegemonía ha dado sus primeros pasos, aunque es muy débil su desarrollo en el campo de la educación, la cultura, los medios de comunicación, el sentido común de la vida cotidiana, las piezas lingüísticas que la dan vida a la interacción social y el núcleo familiar o de base en que se articula el individuo.
Aun así, la organización del Pacto Histórico como instrumento político del pueblo, la conformación del Frente Amplio que apalanco el triunfo presidencial de Gustavo Petro y la formación de la coalición de gobierno que ha servido de plataforma a de gobernanza y gobernabilidad es una línea de despliegue de la dicha Hegemonía.
Veamos en principio el perfil teórico y material de este dispositivo simbólico y político e intentemos caracterizar la coalición vigente en los casi 80 días acumulados de la presidencia de Gustavo Petro.
La Hegemonía
Gramsci concebía la hegemonía como la dirección política y la búsqueda de la organización del consenso en el conjunto de la sociedad. Inspirado en las concepciones de Lenin, Gramsci amplió el concepto para pensar en las formas hegemónicas en los llamados Estados occidentales.
Estas formas se dieron por una combinación de coerción y consenso, encontrándose en una relación de equilibrio en momentos de la “normalidad” de las democracias liberales. En otras palabras, para ser dominante, una clase debe ser dirigente de las clases aliadas y la dominante de las clases contrarias.
El hecho mas concreto en la instalación de la nueva hegemonía popular petrista puede ubicarse en la formación de la Coalición de gobierno.
La Coalición de gobierno, sus límites y dificultades
Una inicial definición del gobierno en sus primeros pasos era perfilar la coalición oficial que garantizara la gobernanza y gobernabilidad de la administración, tanto en el ámbito ejecutivo como legislativo para después irla extendiendo a la rama judicial y a los ámbitos subnacionales del estado.
Las sumas de votos de las elecciones parlamentarias dejaron al gobierno del presidente Gustavo Petro sin mayorías legislativas, por eso una vez logrado el triunfo electoral en las elecciones presidenciales, una tarea para lograr gobernabilidad fue la de conformar una coalición amplia que le garantizara mayorías legislativas. De manera reciproca el gobierno le dio participación en el ejecutivo a los aliados provenientes de los partidos tradicionales.
En esos términos, el despegue del gobierno de izquierda, sin fomentar una polarización absoluta al interior del campo político, apoyo muy pronto una convergencia de diversos partidos en torno al nuevo poder político.
Seguramente, plantea Dorado, el presidente y su alfil principal para los asuntos de la mecánica política, el muy activo y versátil Roy Barreras, adelantaron una operación de acercamientos, que resultó bien acertada.
Para el 7 de septiembre, un mes después de la posesión presidencial, manifestaron su favor por el gobierno, el partido Liberal, el partido Conservador y el partido de La U, todos ellos pertenecientes a la más nítida tradición del centro-derecha; eso sí, siempre acomodados con el ropaje de los partidos liberales y notables del siglo XIX, comandados, sin embargo, por los directorios de las oligarquías regionales y de las noblezas regionales y locales. Así mismo, lo hicieron, como apenas obvio, el Pacto Histórico, la Alianza de los Verdes y el partido de Los Comunes.
Con esto, el nuevo gobierno, añade Dorado, dispuso rápidamente de una amplia mayoría en el Congreso, mucho más del 70 % de las curules, sumadas entre senadores y representantes; cuando al mismo tiempo, de la oposición solo quedo el Centro Democrático, uribista, con no más de 12 senadores frente a los 108 que conforman la totalidad.
Un universo que por cierto solo incluirá a dos categorías de independientes, a los de Cambio Radical, tal vez nueve curules apenas; y también al senador Humberto De La Calle, único integrante de una bancada en solitario, completamente aislado en su pretendida dignidad. Por lo demás, las bancadas de los independientes y de la oposición no tienen la voluntad de conformar un bloque; permitiendo en esas condiciones que las mayorías “petristas” dominaran sin mayores dificultades en las primeras semanas, pues la oposición era francamente marginal.
Pero Petro, que es muy conocedor del mundo parlamentario, sabe que, en unos meses, tal vez después de un año, la situación será diferente.
Por eso, dice Dorado, puso todas sus cartas sobre la mesa reclamando y obteniendo las presidencias de las dos cámaras para el Pacto Histórico en el primer año, con Roy Barreras en el Senado, y David Racero en la Cámara.
La habilidad del primero, la frescura del segundo y la experiencia de Alfonso Prada en el ministerio del Interior han sido estratégicos para Petro poder llevar adelante sus proyectos de forma muy veloz como lo observamos con el Acuerdo de Escazú y la aprobación exprés de la Paz total que tenia mensaje de urgencia que abrevia los pasos en el legislativo.
Sin embargo, como se ha dicho, esta coalición no significa que se disponga de un cheque en blanco puesto que está compuesta de fuerzas políticas que, hace un par de meses, se movilizaban visceralmente contra el programa del candidato Petro.
El Pacto Histórico y parte de la Coalición de la Esperanza están más convencidos, pero sus bancadas se componen en parte de primíparas y activistas que tendrán que aprender aceleradamente, observa. De este modo, el nuevo gobierno tiene que prepararse para un primer año de muchas sorpresas y adversidades, como en efecto está ocurriendo.
Sobre los ministros
Respecto de la organización del Gabinete ejecutivo, con ministros, consejeros y altos funcionarios del circulo presidencial, la segunda prueba de fuego para Petro, de acuerdo con Basset, consistió en organizar un gobierno que alcanzara simultáneamente varios propósitos difícilmente compatibles.
Por un lado, el de satisfacer las aspiraciones legítimas de la izquierda y, por otro, tranquilizar a los sectores empresariales y financieros preocupados por la llegada de esta misma izquierda y contentar a los nuevos socios de la coalición de gobierno.
En cuanto a lo primero, la composición del gobierno ofrece efectivamente una imagen de cambio con la llegada de varias figuras de izquierda con trayectorias de activismo social o sindical, agrega.
Es el caso de la ministra de Salud, Carolina Corcho, de la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, de Minas, Irene Vélez, de Deportes, Isabel Urrutia, de Vivienda, Catalina Velasco, de Cultura, Patricia Ariza, o de la misma Francia Márquez que se encargará de un nuevo Ministerio de la Igualdad.
Esos temores se atenúan sobre todo porque las carteras más importantes son ocupadas por figuras veteranas, no tan asimiladas a la izquierda, y que tienen sólidas credenciales técnicas, como en el caso del equipo económico encabezado por José Antonio Ocampo.
Por otra parte, la jugada audaz y arriesgada de nombrar a Iván Velásquez, reconocido por su trayectoria en defensa de los derechos humanos en el ministerio de Defensa, señalo claramente la ambición de reforma del nuevo gobierno en las Fuerzas Armadas que son muy elusivas y sometidas al antojo y manipulación de la ultraderecha uribista.
Hay que señalar en particular el caso de Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo, quien militó en el Partico Comunista y la Unión Patriótica y después en el Polo Democrático, lo que permite considerarla como la primera ministra comunista en la historia del país.
El compromiso con la paridad de género es igualmente una señal importante.
La tendencia de izquierda de todas estas figuras puede confirmar la preocupación de quienes ven en Petro a un radical, pero se atenúa por el hecho de que se trata, con pocas excepciones, de figuras nuevas o no tan conocidas.
De este modo, Petro quiso tranquilizar a los sectores económicos y anunciar una reforma tributaria que propone mayores niveles de igualdad con una tributación más fuerte de los multimillonarios.
Los nombramientos de Álvaro Leyva como canciller, Alfonso Prada como ministro de Interior, Alejandro Gaviria como ministro de Educación o Cecilia López en el ministerio de Agricultura, todos muy reconocidos y cercanos a sectores más tradicionales que el grupo anterior, son vistos como garantía de moderación y experiencia en los principales ministerios, afirma Basset.
Finalmente, están las cuotas de las bancadas políticas que son siempre impopulares pero necesarias para obtener los apoyos en el Congreso. La selección ha sido probablemente más difícil para Gustavo Petro, que se guardó el anuncio de estos nombres para el final. Estos anuncios polémicos muestran la dificultad de encontrar nombres que satisfagan a las bancadas, por un lado, y a la opinión general, por otra.
En efecto, los dos ministros de este grupo fueron lo que levantaron más ampollas: Guillermo Reyes, acusado de plagio, en la cartera de Transporte para el Partido Conservador, mientras que Sandra Milena Urrutia Pérez quedo encargada de las Tecnologías de la Información y Comunicación para el Partido de la U. Néstor Osuna, presentado por el Partido Liberal para la cartera de Justicia, es finalmente quien fue bien recibido en su sector.
Para destacar que Petro no ha dado continuidad a las cuotas de los partidos que hacían parte de la coalición de gobierno anterior. Así, el Partido Conservador perdió su baluarte del ministerio de Agricultura y el Partido de la U, el ministerio del Trabajo.
Los sentidos de la coalición de gobierno del PH
Ampliando más la línea analítica de la coalición gubernamental estructurada hay que saber, como lo indica Dorado que las coaliciones, tan necesarias -indispensables, mejor- en los sistemas de partido fraccionados, cumplen varias funciones que se superponen: i) Garantizan la gobernabilidad; ii) procuran que los equilibrios de fuerza no sean caóticos; iii) moderan las polarizaciones ideológicas; y iv) marcan la pauta de los intereses, propios de cada partido o facción.
Una coalición política permite que el gobierno de turno, con sus mayorías, diseñe e implemente sus políticas públicas con base en consensos. Así mismo, propicia, como al amparo de una ley física, agrega, que se mantengan consistentes las fuerzas del gobierno y de la oposición.
En tercer término, puede limitar las distancias ideológicas entre los agentes políticos. Y finalmente, define los marcos dentro de los cuales se ponen en juego los diversos intereses, económicos, políticos o sociales, encarnados por los diferentes actores de cada coalición.
En la coalición mayoritaria, formada alrededor del nuevo gobierno, parecen predominar, sugiere Dorado las fuerzas de gobernanza y de atracción que impone el poder presidencial, algo que, por cierto, no se ve en un sistema parlamentario como el peruano. Ese mismo poder presidencial, coexistente con una debilidad crónica de la oposición, son factores que propician una cor
relación de fuerzas (o equilibrio) favorable al gobierno de Petro. Este fenómeno es finalmente asegurado por la disminución de las distancias ideológicas, condimentadas con el indoctrinarismo de buena parte de las élites, a contracorriente de ciertas expresiones de tensión ideológica que daban la sensación de una polarización tóxica e incorregible entre el uribismo y el santismo.
Resta la cuarta dimensión, la de los intereses, los de cada partido en la perspectiva de su acceso al poder. Es en esa, dimensión, afirma, en la que realmente se jugará la suerte de la coalición mayoritaria a lo largo del cuatrienio. Es en función de los intereses de poder, en donde se podría definir un destino de la colación que eventualmente vaya de más o menos, de su equilibrio a su inestabilidad, de su solidez a su fragmentación.
Fracturas y debilidades de la coalición de gobierno
Pero, esta Coalición de gobierno estructurada por el presidente Petro desde el 7 de agosto con los partidos liberal, conservador y de la U ha mostrado en días recientes su fragilidad y riesgos.
La colación de gobierno estructurada inicialmente con amplias abrumadoras mayorías se afirmó con las primeras pruebas de fuego, surgidas de las iniciales, pero dicientes iniciativas legislativas (reforma tributaria, ley de paz total, reforma política, reforma del Congreso), naturalmente promovidas por el poder presidencial.
El presidente, recién instalado en su silla, afirma Sánchez, formuló la idea –a la vez un condicionante– de que la reforma tributaria –aquella que es estructurada con impuestos adicionales– era la prueba de fuego por la que pasaría la coalición de gobierno; la que definiría su existencia, su perfil y sus alcances.
En tal sentido, el apoyo a un proyecto de tributación recargada, interés primordial del gobierno, con miras a sus planes de redistribución social, mediría desde los albores del cuatrienio, la solidez de cada bancada parlamentaria en su adhesión a un proyecto de gobierno que, para materializarse, arrancaría con una carga de artillería tributaria; con la inminencia obviamente de pisar callos entre los más poderosos, pero que también podría ocasionar impactos complicados, de carácter macroeconómico, en un momento en el que a la inflación se sumará probablemente la recesión.
En todo caso, la coalición de gobierno pasó de manera cómoda esta decisiva prueba de fuego. Las comisiones terceras de senado y cámara, encargadas del tema, aprobaron en un solo día el proyecto de ley de esa reforma tributaria, cuyo monto de todas maneras, en las discusiones previas, ya había sido rebajado por el Ministerio de Hacienda, de 25 billones de pesos a 22 billones, un hecho que la hizo más aceptable: de ahí la fluidez con la que fue despachada en el primer debate del ejercicio parlamentario; y que a falta de las dos plenarias que restan, muy probablemente será aprobada por las mayorías; eso sí, con algunos recortes adicionales.
Otra prueba de fuego, con lo mucho que tiene de insuficiente, será la reforma política, la misma que posee muy poca munición para un cambio en el campo político contra el clientelismo y la corrupción, contra el maridaje punible entre el Estado y los partidos. Esta no será, en tales condiciones, un obstáculo serio para que la coalición mayoritaria se ponga en acción y la apruebe, algo que seguramente rubricará la gobernabilidad, pero no necesariamente el cambio.
Igual ocurrió con el Acuerdo de Escazú y con el instrumento legal de la Paz total para iniciar los diálogos con los grupos guerrilleros.
El flanco débil de la coalición
Sin embargo, es conveniente resaltar que los partidos tradicionales que ingresaron a la coalición de gobierno no lo hicieron alrededor de un acuerdo programático sino alrededor de acuerdos abiertamente burocráticos. Esto quedo claro en el debate sobre los impuestos que se pretendían aprobar en la reforma en curso.
Tanto el liberalismo como el partido de la U y el partido conservador, que son la cuota de los partidos tradicionales, han puesto a tambalear no solo a la reforma sino a la coalición del gobierno que ha enfrentado duros ataques desde los gremios económicos y desde los grupos financieros más fuertes que han contado con el respaldo de los principales medios de comunicación que no cesan de desinformar y generar una matriz de opinión contraria a varios aspectos nodales de la reforma.
Los ataques se centraron principalmente alrededor de los impuestos a los hidrocarburos y al carbón, en este punto el gobierno tuvo que ceder y ahora en el proyecto de reforma éstos impuestos están atados a los precios internacionales. El impuesto a las pensiones fue retirado para tratar de calmar los reclamos del sector tradicional de la coalición.
El impuesto a las bebidas endulzantes y a los alimentos ultra procesados sobrevive, pero mutilado y con poco impacto en la salud pública por el monto aprobado, pero también por la fórmula base del impuesto que no se hará por la cantidad medida en mililitros, como recomienda la Organización Mundial de la Salud, OMS, sino por el peso, afirma Santana.
Si la Reforma Tributaria era la piedra de toque para la coalición mayoritaria; esto es, para su existencia como garantía de gobernabilidad, la presentación de dicho documento sirvió, primero, para patentar dicha coalición como una realidad muy fuerte electoralmente; aunque luego la puso en duda; incluso, ha comenzado a hacerla tambalear. Todo en dos tiempos.
En el primer tiempo, el trámite en las Comisiones terceras de Cámara y Senado mostró una coalición que marchaba triunfal, exhibiendo una mayoría abrumadora y, de paso, una disciplina férrea; todo ello, en el empeño de aprobar un proyecto de ley que, por incluir nuevos tributos, resulta muy sensible para algunos sectores de la sociedad, obligados a meterse la mano al bolsillo.
Pero los tiempos –la frecuencia del trámite y su oportunidad– cambiaron inmediatamente. Y, con ellos, la firmeza de los actores, la de los miembros de la alianza parlamentaria que se ha declarado parte del gobierno, aclara Dorado.
De cara a las sesiones plenarias que faltan para finiquitar el curso de la Reforma, saltaron como liebres inquietas las dudas y las críticas. Las expusieron algunos partidos de la propia coalición gobernante; sobre todo, el liberal.
Cesar Gaviria funge como su jefe; dueño por cierto de una de las bancadas más grandes, si no la más numerosa; sin dejar de ser por ello otra de las tantas minorías dentro de esa constelación que es el Congreso. Él ha presentado más de doce objeciones a la Reforma Tributaria, de la que ha dicho que incorpora tantos puntos cuestionables, que él mismo no la votaría afirmativamente.
El expresidente, y con él su partido, no ve con buenos ojos que sean gravadas las pensiones; además, encuentra que van a estar sobrecargadas de tributos, tanto las industrias como las personas naturales, sobre todo, las de ingresos medios; y ciertamente ve como inconveniente que el sector de los hidrocarburos sea intensamente castigado con nuevas y más altas tarifas; aunque este sector haya tenido ganancias especialmente importantes por el alza en los precios del barril de petróleo, tipo Brent.
Beneficios extraordinarios que no deja de señalar José Antonio Ocampo, el ministro encargado de defender la Reforma, como una razón poderosa para justificar los gravámenes a esa industria.
En general, Gaviria ha sostenido que el sistema económico, dado su volumen de producción, de intercambios y de consumo, no aguanta una reforma que busque recaudos por el monto de 21 billones (4500 millones de dólares) y medio; si acaso, sus inspiradores deberían conformarse con la mitad, un bajón sensible, sin duda.
Y, con todo, un monto mucho más grande que el techo que ha sugerido Bruce Mac master, el presidente de la ANDI, para el que esa totalidad proyectada no debería superar los 8 billones (2 mil millones de dólares), suma francamente restrictiva para el esfuerzo que demandan los planes sociales.
Es lógico que la coalición mayoritaria puede convertirse en el agente y a la vez en el escenario para la aproximación a una solución sobre la disparidad tributaria salida a flote en el curso de los debates, que sea útil a la equidad, obviando el estancamiento económico.
Pero para eso es necesario que la actual coalición de gobierno deje de entenderse como una aplanadora unanimista, que, por supuesto, no lo es; evitando una deriva hacia su implosión con resultados desastrosos para la gobernanza promovida por el presidente.
Así son las dificultades y tropiezos de esta Coalición gobernante petrista, aunque no debe olvidarse, y seguro será necesario repetirlo muchas veces, que los partidos tradicionales que ingresaron a la coalición de gobierno no lo hicieron alrededor de un acuerdo programático sino alrededor de un acuerdo burocrático, lo que los impulsa es su afán clientelar y presupuestal para garantizar su reproducción política.
Todos estos problemas, hay que decirlo en palabras de Dorado, bien pueden ser consecuencia de que a la nueva Hegemonía se ha pegado la “alianza interclasista”, que no es más que una coalición en la que algunos sectores de la oligarquía financiera y de las burguesías emergentes, encabezadas por su fracción más burocrática y voraz, se sumaron a la “amplia coalición de gobierno” para gestionar sus intereses, sabotear y paralizar desde adentro los cambios propuestos por el Pacto Histórico, gestando contradicciones cíclicas frente a la coyuntura actual.
Esa “alianza interclasista”, agrega, ha hecho en días recientes una serie de movidas que se han podido observar, en donde los grandes grupos económicos y los poderosos conglomerados transnacionales de los que ellos hacen parte, actúan por medio de las cabezas de los gremios para frenar las políticas de cambio y las reformas puntuales que impulsa el nuevo gobierno, y arman toda clase de alianzas y complots para generar y profundizar incertidumbres, como lo plantea Dorado.
Es decir, el sector más parasitario de la oligarquía financiera presiona y acorrala a Petro para defender su economía especulativa y debilitar al gobierno. Esas presiones se expresan con las cúpulas de la ANDI (Mac Master), Fenalco (Cabal), Asofondos (Montenegro) y la ACP (Lloreda), se “tramitan” políticamente a través de los partidos que hacen parte del gobierno (y de la oposición), y se “concretan” con agresivas campañas de desinformación por los medios de comunicación.
Los grandes banqueros, comerciantes y la gran burocracia al servicio de las transnacionales petroleras y extractivistas, aceleran el paso contra la reforma tributaria y la política de transición energética del actual gobierno.
Paralelamente, aprovechan el entorno internacional (guerra por el gas en Ucrania-Rusia, estanflación global, etc.) y los problemas internos (inflación, devaluación del peso, oleada invernal, y hasta la problemática de la “primera línea”) para afectar al gobierno.
La oligarquía financiera y la burguesía burocrática (encabezada por exministros de Hacienda neoliberales como César Gaviria, Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Echeverry, José Manuel Restrepo) dicen “defender la estabilidad económica” ante algunos anuncios del gobierno, pero sus verdaderos intereses y patrocinadores son los bancos globales (J.P. Morgan, Citigroup, etc.) y los grandes grupos financieros “nacionales” (Sarmiento Angulo, GEA, Gilinski, Ardila Lulle, etc.).
Esta poderosa red financiera, observa Dorado, poco a poco está tensando la cuerda y organiza el “golpe suave”, como lo han hecho en países vecinos con la dirección y ayuda del gobierno estadounidense.
Es por ello que, una de las tareas más importantes del movimiento social y político (PH y Frente Amplio) organizado consiste en ayudar a que el gobierno se encuentre y dialogue con los otros sectores sociales y productivos (“no organizados” o que “no están con el gobierno”), para fortalecer y ampliar la fuerza social del gobierno. Y pueden hacerlo gestionando sus propios intereses, pero con una visión más política y amplia, como plantea Petro.
En respuesta, Petro convoca al movimiento social organizado (indígenas, campesinos, etc.) sin que ese llamado llegue –por ahora– al movimiento social “no organizado” y al movimiento social “que todavía no está con el gobierno”. Esos movimientos sociales lo conforman los “profesionales, tecnólogos y técnicos precariados” que se movilizaron con fuerza en noviembre de 2019 en las grandes ciudades y por los “pequeños y medianos productores” –principalmente agrarios– que son muy importantes en el terreno de lo económico y productivo.
En esas estamos a pocos días de completarse los primeros 100 días del gobierno de Pacto Histórico para lo cual se ha convocado un amplia movilización popular por todo el país.
Esos son los desafíos concretos que la construcción de la nueva Hegemonía popular enfrenta y debe superar para consolidarse como una fuerza política dirigente encarnada en el Pacto Histórico.
Es evidente que el “pulso” dentro y fuera de la “alianza interclasista” y dentro de la “amplia coalición de gobierno” ha entrado rápidamente en una nueva etapa de tensión.
Y no podía ser de otra manera. Era lo previsto y anunciado. Pero parece que algunos dirigentes de izquierda y progresistas, tanto sociales como políticos, no esperaban que esa reacción fuera tan pronta y agresiva, y ello explica algunas “renuncias protocolarias” como las del senador Gustavo Bolívar.
