Mientras no se reforme el artículo 264 de la Constitución Política que dice que "El Consejo Nacional Electoral se compondrá de nueve (9) miembros elegidos por el Congreso de la República en pleno, para un período institucional de cuatro (4) años, mediante el Sistema de Cifra Repartidora, previa postulación de los partidos o movimientos políticos con personería jurídica o por coaliciones entre ellos", de nada servirá que el CNE investigue si en las campañas presidenciales entraron dineros de Odebrecht. ¿Por qué? Pues sencillamente porque todos sus miembros son propuestos por ternas al Congreso de la República previa postulación de los partidos o movimientos políticos. Y así se vio con las investigaciones adelantadas contra las campañas presidenciables de Santos y Zuluaga. Nada pasó.
Actualmente, cuatro representantes son puestos por el liberalismo, dos por el Partido Conservador, uno por el Movimiento Nacional Conservador y los otros dos miembros son elegidos por el Consejo de Estado. Entonces era claro que seguramente los magistrados que fueron escogidos para tales investigaciones archivaran las investigaciones. Ninguno de ellos iba a patear su propia lonchera. Por eso la Fiscalía, con gran preocupación, advierte que sí hay evidencias claras y contundentes para determinar que a dichas campañas sí entraron dineros de Odebrecht.
A todas luces es un organismo paquidermo que debe refomarse para que cumpla con sus funciones. Pero es casi imposible que se apruebe en el Congreso. A los mismos partidos o movimientos políticos les conviene esta figura porque es un órgano consultivo más no sancionatorio.
Tal fue el caso del Proyecto de Acto Legislativo No. 015 de 2014 que fue archivado. Se proponía que el Consejo Nacional Electoral se compondría de nueve (9) miembros y escogidos por la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, mediante concurso de méritos que organizarían conjuntamente. Los miembros del Consejo Nacional Electoral cumplirían un un período institucional de cuatro (4) años y no podrían ser reelectos.
En síntesis, decía el Acto Legislativo que "es ese el objetivo... mejorar la organización electoral, que presenta hoy evidentes síntomas de fragilidad, para que la autoorganización y autogobierno de la sociedad democrática colombiana sea posible".
De modo que seguiremos padeciendo de una total desidia. Así, todos los partidos políticos quedarán satisfechos. En otros términos, pisémonos pasito que nada pasará. El hombre del común, mientras tanto ve con estupor que la impunidad ronda para estos casos. El mensaje que transmiten es que aquí no ha pasado absolutamente nada.
