El 7 de agosto de 2018, Iván Duque Márquez, presidente de la República de Colombia, se posesionaba tras una dura contienda política y en medio de una polarización nunca antes vista en el espectro político. No menos de un mes atrás, lo propio hacían los electos congresistas del país. En ambos debates, los candidatos y partidos políticos prometían, entre otras cosas, el acceso a cargos públicos bajo el principio de meritocracia, la escisión de cargos nombrados a dedo a cargos nombrados por mérito, la implementación de carrera administrativa en los cargos diplomáticos y el nombramiento de profesionales responsables, preparados e idóneos para integrar el gabinete de gobierno.
Han pasado los primeros 100 días del gobierno Duque, y un poco mas de tiempo de haberse instalado el nuevo Congreso, y pareciera que ese caballo de batalla ha quedado en la caballeriza del olvido. Por una parte, en lo que va del período legislativo, pareciera que el "honorable" Congreso de la República se ha preocupado más por abrir debates de control político en contra de funcionarios del actual gobierno, como si fuese el único medio de ejercer oposición y auscultar el bolsillo de los colombianos en busca de la recuperación del déficit fiscal. En mi apreciación personal y sin miedo a equivocarme, ninguno de los congresistas que en campaña apeló al ya citado caballo de batalla, ha presentado un solo proyecto de ley que mejore y propenda por el acceso a la carrera administrativa en las múltiples entidades estatales. De este tema poco se habla o poco se debate en el Congreso, siendo el principal antídoto que acabe por una vez el clientelismo que año tras año y debate tras debate, empaña la democracia de un país que aún en el fondo confía en sus instituciones.
Pero si por el Congreso llueve, por las toldas del gobierno no escampa. El presidente Iván Duque decidió nombrar en su gabinete a personajes casi que antagónicos si de meritocracia se habla. Basta con darle una mirada a su gabinete para darse cuenta que las palabras del presidente durante su candidatura se fueron al trasto. Alberto Carrasquilla como ministro de Hacienda llevando a cuestas el ya conocido escándalo de enriquecimiento con los "bonos del agua", Andrés Barreto como superintendente de Industria y Comercio y cuya experiencia es más de la de un diplomático que la de un miembro de gabinete, Claudia Ortiz como directora de la Agencia de Desarrollo Rural sin cumplir con los requisitos exigidos por ley, peor aún certificando su experiencia mediante declaración extrajudicial notariada, Alejandro Ordóñez nombrado como embajador de Colombia ante la OEA en medio de fuertes críticas y oposición de gran parte del país, Martha Liliana Agudelo Valencia nombrada como directora de Riesgos Laborales de MinTrabajo y quien ha ocupado múltiples cargos en el sector público, desde diputada, gobernadora hasta directora de Planeación, pero ni sus estudios ni su experiencia se encuentran relacionadas con esa cartera. La lista es extensa.
Y en medio de todo este pantano que impide el acceso a cargos públicos por gente del común ansiosa por demostrarle al Estado su profesionalismo y su ética, aparece la Comisión Nacional del Servicio Civil, entidad creada por la constituyente de 1991 y encargada de administrar el acceso a la carrera pública administrativa. Sus concursos, para todos estos profesionales que no venden su voto en elecciones, se convierten en la ruta de acceso al tan anhelado cargo público.
Sin embargo, resulta que, lo que creó nuestra constituyente, lo quiere destruir no solo este gobierno, sino los gobiernos de turno, tanto locales, regionales y del orden nacional. Y esa destrucción se basa simplemente en la consigna: "ninguno sale de su cargo hasta que yo lo ordene", pareciera la premisa absoluta del máximo mandatario de los colombianos, quien hasta el momento no se ha pronunciado sobre la suspensión de las convocatorias públicas de mérito adelantadas por la CNSC entre 2015 a la actualidad, y que ha dejado en vilo a mas de 13 mil colombianos, entre los cuales, quizá se cuenten aquellos que confiaron ciegamente en sus promesas electorales.
Y si el gobierno quiere matar el mérito en Colombia, las autoridades judiciales preparan desde ya la lápida, el cortejo fúnebre y hasta los salmos responsoriales de la misa póstuma. Basta con que miremos los fallos dictados por jueces y tribunales administrativos, los cuales desconocen derechos adquiridos a los concursantes que se encuentran en listas de elegibles en firme, hecho correlacionado con la ya citada suspensión de convocatorias por el Consejo de Estado, y su negligencia y parsimonia a la hora de tomar decisiones de fondo que ponga de una vez por todas los puntos sobre la mesa. Poco o nada han servido las denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que un grupo de abogados han presentado junto con solicitudes de medidas cautelares, las acciones de tutela para solicitar la protección de sus legítimos derechos y en contra de la suspensión no han surtido efecto, parece que la coraza con la que se cubren los clientelistas es tan fuerte, como si llevase decenas de años fortaleciéndose... momento...
Si de años hablamos, la "dedocracia" se ha vuelto la regla general y no la excepción, los contratos por prestación de servicios, los nombramientos en provisionalidad y el amiguismo político se han fortalecido tanto, que quienes ostentan cargos por estas vías parecieran tener a Dios agarrado del traje. Retrospectivamente hablando, desde 1991 que nace la Comisión Nacional del Servicio Civil por mandato supra, más son las personas que ingresan al servicio público por clientelismo (el dar votos para recibir cargos), que por concursos públicos transparentes oportunos e igualitarios.
Mientras no sea saldada esa deuda histórica con el mérito, nuestro Congreso seguirá invirtiendo pólvora en gallinazos tratando debates de control político, nuestros dirigentes, gobernadores, alcaldes y presidentes seguirán nombrando a sus amigos en los cargos públicos, y las autoridades judiciales seguirán atornillando a los clientelistas en el poder. Hasta tanto no se combata el clientelismo y se fortalezca el mérito, nuestra democracia será fallida.
