"Nuevas reformas futuras que frenen la dispersión en los partidos políticos, que terminen con la abyecta trampa del voto preferente, que limiten el tope de financiación de las campañas y que detengan las escisiones de quienes pierden las batallas internas en las colectividades existentes, seguramente deberán estar en la primera línea de propuestas que le devuelvan aire a la maltrecha e históricamente corrupta democracia nacional".
La política colombiana vive tal vez su crisis más profunda de la historia, al punto que la ciudadanía además de hastío por sus dirigentes sienta repulsión, vergüenza y desprecio absoluto. El declive imparable ha llegado al punto más bajo, elegir al próximo presidente de Colombia bajo la premisa de optar por el mandatario menos peor. La actual es una campaña en donde se presentan candidatos en vitrina que se venden como productos de consumo masivo, como si se tratara de jabones, o detergentes, sin propuestas ni debates, ello marca, sin duda, la degradación absoluta de la democracia liberal, entendida esta como aquella que elige por voto popular a quien logra el apoyo de las mayorías.
El cruce de golpes bajos entre las campañas de Santos y Zuluaga, con acusaciones gravísimas de por medio, y un entramado que incluye hackers y dineros de narcotraficantes, ha puesto en el ojo del huracán los efectos de una enfermedad que se ha incubado de manera vertiginosa en las arterias de la política nacional. ¿Cómo llegamos a este dantesco escenario? Las respuestas son el producto necesario de un proceso histórico en donde el divorcio entre país nacional y país político llegó a un lugar de no retorno.
Del Gamonalismo al “Clientelismo de Mercado”
Situados en una tradición clerical, paternalista, que nunca se desligó del todo del esclavismo heredado de la colonización hispánica, el bipartidismo colombiano utilizó al caciquismo, enlace entre jefes municipales y líderes nacionales, como el instrumento de dominación reinante para asegurar el poder de manera ininterrumpida.
El aumento de las rentas estatales producto de la economía legal e ilegal se convirtió en el combustible que mantuvo la estructura clientelista en pleno funcionamiento y que le dio al gamonalismo la potestad de regir sobre las nóminas estatales sin ninguna restricción. El acuerdo Liberal-Conservador – conocido como Frente Nacional - de alternancia y cierre de espacios democráticos a sectores de carácter independiente favoreció esta lacaya manera de administrar lo público. Se persiguió con este método asegurar una institucionalidad que no abriera campo a experiencias desestabilizadoras sin lograr asentar un sistema realmente legítimo y plural.
Posteriormente, como lo señalan diferentes autores (Eduardo Pizarro, Francisco Gutiérrez, entre otros), dicha intermediación de tipo gamonal fue reemplazada por una apropiación cada vez más notoria de los presupuestos estatales. Los recursos públicos fueron a manos de redes de contratistas e intermediarios privados, en el fondo, a grandes carteles que se convirtieron en financiadores y mecenas de centenares de candidaturas de aliento nacional y local, que cumplieron un papel fundamental en el encarecimiento de las campañas políticas. A grandes rasgos se configuró así el “Clientelismo de Mercado”, término acuñado por Gutiérrez en Degradación o cambio Evolución del sistema político colombiano (2002, Editorial Norma). Se refiere el autor al surgimiento de nuevas redes sofisticadas de intermediación que lograron en la última década redefinir la influencia de los grandes líderes históricos regionales sin alterar en nada las formas ortodoxas de hacer política.
Bonanzas esmeraldera, marimbera y la ventanilla siniestra
A principios de la década del 70 el país comenzaba una etapa decisiva en la inserción definitiva a la globalización mundial, las rentas de los productos de exportación tradicionales –café, petróleo- empezaban a ser reemplazadas por productos inmersos en la economía ilegal. En el caso de las esmeraldas, las cruentas guerras por el control de las minas y los territorios se dirimieron con un saldo superior al millar de muertos lo que devino en una intervención gubernamental y el otorgamiento de concesiones mineras a las diferentes facciones.
Con el nuevo pacto los sectores en disputa lograron consolidar poder nacional mediante la financiación de campañas políticas, congresistas que una vez elegidos, como el caso de Zamir Silva Amín, Gustavo Rodríguez Vargas o Guillermo Torres Barrera, defendían los subsidios gubernamentales a la exportación del llamado “oro verde”. La bonanza esmeraldífera creó una clase social emergente de “nuevos ricos” que dinamizó a su manera las economías de Boyacá, Cundinamarca y Bogotá.
Paralelo a este fenómeno, en la costa atlántica, la bonanza marimbera instituía contingentes de nuevos ricos que crearon una base social la cual, según cifras de la propia revista Semana (noviembre 1982), logró articular laboralmente a 300.000 familias en los departamentos de Guajira, Magdalena y Cesar que incluía sembradores, cargueros y marimberos. Estos sectores jalonaban toda la cadena de producción y distribución mediante el uso de barcos y avionetas con destino a Estados Unidos principalmente, labor facilitada por la proliferación de decenas de pistas clandestinas en la costa Caribe colombiana. Las divisas a principios de la década de los ochenta por concepto de este rubro se acercaban a los 2.200 millones de dólares (http://alturl.com/vgwy7). Coincidencialmente la “Bonanza marimbera” concordó con el declive de los cultivos de algodón.
Este desmedido flujo de capitales en el mercado bursátil y financiero local solo se hizo posible gracias a la tristemente recordada “Ventanilla Siniestra” de López Michelsen, mecanismo que le daba al Banco de la República la autonomía de cambiar dólares por pesos sin pregunta o requisito previo. Por esta vía los grandes contingentes de dinero del negocio de la mariguana se constituyeron en la génesis del boom de la cocaína la cual se insertó en la economía colombiana mediante la legalización de todo un entramado de dineros inicuos invertidos en negocios lícitos, lavado de dólares que permeó y trastocó los valores de la sociedad en su totalidad.
De ahí en adelante el poder se vio tentado y sometido completamente a los designios de los “nuevos ricos” del país. Desde ese momento el narcotráfico, los dineros de la cocaína y el surgimiento de grupos contrainsurgentes trastocaron las estructuras políticas gamonalistas tradicionales ya sea sometiéndolas por medio de la cooptación o reemplazándolas por unas a imagen y semejanza de sus propios intereses. Estas serían las primeras hojas del capítulo negro que después se conocería a principios del nuevo milenio como Parapolítica, escritas a finales de los años ochenta.
Salud democrática pos-constituyente del 91
Tras el acuerdo Liberal-Conservador – Frente Nacional - para sostenerse en el poder, ya sea implícita o explícitamente, con alternancia o sin ella, que se mantuvo hasta 1986, se firmó la carta magna de 1991, la cuál, profundizó las libertades participativas para organizaciones de corte alternativo. Sin embargo, los nuevos mecanismos de participación ciudadana posibilitaron la creación y liquidación de decenas de agrupamientos políticos independientes, muchos de ellos como escisiones de los dos partidos tradicionales. La vía libre para la aparición de las llamadas “Microempresas electorales” no tendría marcha atrás.
Este auge democrático, sin leyes estatutarias que lograran darle largo aliento a nuevas colectividades alinderadas en torno a programas, ideologías, representatividad e identidad, creó un vacío legal perfecto para la irrupción de candidaturas caudillistas y populistas que obedecían a intenciones y egos personales. Este fenómeno impulsó la aparición de verdaderas empresas electorales que socavaron la institucionalidad de los tradicionales y nuevos partidos políticos, y sirvió de paraguas para la operación avispa lanzada por Álvaro Uribe en 2002, año en que el número de colectividades en contienda llegó a 72 y las listas alcanzaron la escandalosa cifra de 323 inscritas para el Senado.
Las reformas electorales subsiguientes (2003 y 2009) posibilitaron la reducción del número de partidos políticos, frenando de manera parcial el trasfuguismo sin lograr dirimir los roces irreconciliables entre facciones de un mismo partido (http://alturl.com/8v3te). Los casos recientes de Noemí Sanín y Rafael Pardo en las elecciones presidenciales de 2010 y Martha Lucia Ramírez en 2014 son una radiografía perfecta de la degradación de la disciplina partidista y ejemplos fehacientes de hasta donde puede llegar el irrespeto de los acuerdos internos para convertir en una práctica común el trasfuguismo electoral.
Nuevas reformas futuras que frenen la dispersión en los partidos políticos, que terminen con la abyecta trampa del voto preferente, que limiten el tope de financiación de las campañas y que detengan las escisiones de quienes pierden las batallas internas en las colectividades existentes, seguramente deberán estar en la primera línea de propuestas que le devuelvan aire a la maltrecha e históricamente corrupta democracia nacional.
Twitter: pineda0ruiz
Fuente: Semanario Caja de Herramientas
http://alturl.com/75zcf
* Felipe Pineda es publicista egresado del Politécnico Grancolombiano, activista social e Investigador de la Fundación Democracia Hoy.
