Las 7 propuestas planteadas por Claudia López son un avance en la lucha contra la corrupción política, pero no son suficientes. Comparto dicha batalla y aunque reconozco en ella (Claudia) un interés genuino y creíble, creo que pudo haber profundizado dichas demandas anticorrupción que la misma ciudadanía está exigiendo. De tales propuestas no se plantea una solución estructural al problema y se quedan cortas al momento de generar una propuesta ética coherente y consecuente con sus planteamientos. Lo primero se debe a que no menciona dos, por lo menos, de los factores intrínsecos del poder de la corrupción (o corrupción del poder) como lo son el sistema mafioso-electoral y el sistema de partidos en su responsabilidad y connivencia con la corrupción. Y, lo segundo, porque desliga la responsabilidad ético-política de dirigentes y partidos más allá de lo legal: la purga de los políticos corruptos no solo debe hacerse fortaleciendo el aparato judicial sino también con gallardía ética de quiénes ven la política como una vocación de servicio. No hay que esperar las reformas legales para actuar éticamente. En otras palabras Senadora Claudia, abanderar esta causa implica cuestionar los propios privilegios, como por ejemplo, el que un congresista pueda donar (o retornar al Estado) el excedente de su salario mientras se logra el triunfo del ajuste necesario. No hay mayor coherencia que la demostrada en los actos. La gente espera más que palabras.
El pacto que propone Claudia no puede ser solo para “domesticar”, como dice ella, la clase política, sino para recuperar el campo de lo político como tal. Donde políticos y ciudadanos no se presenten como grupos antagónicos, comprendiendo que la única forma de cerrar la brecha de intereses entre el “país político” y el “país nacional” de la que hablaba Jorge Eliecer Gaitán, es mediante el asalto mismo de las instituciones políticas por la gente decente y el destierro, de una vez por todas, de tales élites políticas.
En una sociedad tan marcada por una minoría con privilegios y una mayoría sin derechos y oportunidades, recuperar el esecenario político como lugar de servicio y no como botín, es un acto obligatorio que debe unir a los líderes decentes como a la ciudadanía en pleno. La indecencia de los políticos para su pueblo es un acto criminal. De ahí que las medidas deben ausmirse como un acto mínimo de justicia. Pero Senadora Claudia, creemos que deben ampliarse tales medidas si en verdad nos vamos a tomar la purga de la corrupción política en serio. Acá proponemos algunas más:
- Ningún políticos puede estar más de dos periodos consecutivos en el cargo.
- Ningún político debe cobrar más de 12 salarios mínimos legales mensuales. Represnetando la reduccion del 70% de sus honorarios actuales y colocandolo en el promedio de lo que reciben los congrsistas en Sur América. En 2017 sería, por ejemplo, de 8.852.604 pesos. La política es un acto de servicio, no de enriquecimiento.
- Eliminación de las puertas giratorias. Durante cinco (5) años. No debe ocupar cargos en el Estado cuando proviene de empresas que tienen algún tipo de conflicto de intereses con el Estado, o cuya gestión puede llegar a beneficiarse de asuntos que se definan en el marco de las decisiones de Gobierno o de Estado.
- Cumplir con lo que en campaña se comprometió realizar No más mentiras como promesas. Los mecanismos de poder ciudadano deben fortalercerse. Pese a la miopía de los contradictores, las revocatorias son esenciales en la democracia.
- Al momento de la posesión en el cargo, y anualmente, debe hacer pública su declaración de bienes y rentas.
- Eliminación de privilegios por encima de los beneficios legales que debe tener todo trabajador formal en Colombia. No a las pólizas especiales de salud ni primas adicionales. No se explican las razones por las cuales un grupo minoritario, como lo es el Congreso, tenga tantos beneficios. ¿Por qué no promover que tales beneficios sean para todos los trabajadores de Colombia?
- Eliminar gastos de representación. Reducción de gastos que no afectan la calidad de su gestión con cargo al presupuesto del Estado, tales como viajes en clase ejecutiva o destinación del transporte asignado para actividades domésticas de las familias de los políticos. Asignación de esquemas de seguridad, únicamente con posterioridad a la realización de análisis de riesgo por parte de la UNP y la definición de las respectivas medidas de protección en el marco del CERREM, como ocurre con cualquier ciudadano en situación de riesgo extraordinario. Establecimiento de un tope de galones de gasolina mensual para los vehículos en uso oficial.
- Aumento de penas no excarcelables ni con beneficios por actos de corrupción. No más privilegios judiciales. Los recursos públicos son sagrados.
- Sanción con amonestación acumulable para el partido político que avale candidatos corruptos. Partido Político que haya sido amonestado por tres (3) ocasiones por caso de corrupción de sus candidatos electos, se les suspenderá la personería jurídica por un periodo electoral en la corporación respectiva. No podrá presentarse en las próximas elecciones excepcionales. Silla vacía para el partido. El partido debe ayudar a reparar el daño pecuniariamente y realizar las indemnizaciones del caso.
- Obligación de rendición de cuentas de su gestión, en publicación oficial y en audiencia pública, de manera periódica y en atención a procedimiento previamente homologado y preestablecido para todos los políticos. Publicación en página oficial de las inasistencias a cada sesión en las corporaciones públicas Exposición obligatoria de los proyectos que presenta y de los votos que da por cada proyecto. La gente debe saber cuáles es su accionar legislativo.
- Sanción política a quién evada impuestos en sus múltiples formas tal como los por paraísos fiscales. Inhabilidad para ocupar cargos públicos pues no solo es ilegal sino indigno de dirigir el país.
- Obligación de adelantar estudios sobre políticas públicas y Estado -una vez hayan sido elegidos- como requisito para poderse posicionar en el cargo respectivo.
Directivos del Ministerio Público deberán ser elegidos a través de procesos de meritocracia, sin que en el proceso intervenga en ningún momento la voluntad del Gobierno, de miembros del Legislativo o de Magistrados de la Rama Judicial. La corrupción tiene de fondo la crisis del sistema Republicano, cuya esencia es la división de poderes. Nuestro sistema es perverso, pues los posibles investigados (congresistas, concejales, etc) eligen a quienes los van a investigar (procuraduría, personería, contralorías, etc). No puede ser posible, como ocurre en Bogotá, que aquel aspirante que sacó de los peores puntaje en las pruebas y que aparte ha tenido serias investigaciones por corrupción, sea elegido como el Contralor Distrital.
DavidRacero@twitter
