¿Claudia López está probando cuánta asfixia es capaz de soportar un ser humano? Así parece, porque, aunque la lucha contra su inflamado YO le haya dado para derogar parte o todo el decreto 131 del 31 de mayo que imponía el empadronamiento ciudadano en el “registro de movilidad segura” como condición para salir de casa, ese generalizado y desbordado apetito regulatorio pone más al desnudo que con el pretexto aséptico de la salud ronda un letal riesgo para las libertades civiles, los derechos humanos, peor aún en un país impunemente violatorio de estos.
Ejemplos hay del perfilamiento de la ciudadanía para prevenir su peligro “hacia el resto de la ciudadanía”. Está en debate ahora mismo en Colombia respecto de militares que clasificaron a periodistas a los que puede llegar a considerárseles poco amigos; cosas escalofriantes como otras que usted misma, Claudia López, se supone cuestionó de la obstinada derecha gubernamental de Álvaro Uribe.
Así que sus áulicos y, a la vista, precarios asesores, pueden evitar regalarla con sedantes acerca de que estas son críticas de uribistas, ultraderechistas u opositores a la diversidad. NO, sinceramente NO. Su propensión al control ataca con cosas como la que firmó, a quienes nos reivindicamos de centro o izquierda; agrede a homosexuales y transgéneros; ataca a las personas de derecha quienes también tienen derechos, los mismos de todos; intimida, o busca intimidar, a la ciudadanía de múltiples colores, al concepto mismo de libertad.
Decir, simplemente, que ese decreto o un parágrafo generaba confusión (fácil excusa leguleya), es azaroso para el gobierno de una ciudad como esta, que en últimas es un país, un país con los males, inequidades y violencias que afirmamos querer cambiar.
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Su desfigurada medida dizque en auxilio de la salud de los habitantes, era y lo será si se reactivara con matices, abiertamente ilegal, inconstitucional, violatoria de derechos humanos, de libertades civiles
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Claudia López (CL), su nueva y desfigurada medida dizque en auxilio de la salud de los habitantes, era y lo será si se reactivara con matices (cosa muy posible en la jactancia de quienes hacen normas en una máquina industrial), abiertamente ilegal, inconstitucional, violatoria de derechos humanos fundamentales, de libertades civiles; constitutiva por lo tanto de un acto límite al prevaricato y susceptible de llegar a tribunales internacionales de derechos humanos.
El decreto que firmó, subyugando a la ciudadanía para registrar datos personales y hábitos; el dispositivo de control obligando a reportarle cada movida al Estado protector (el suyo), rememora a gobernantes del oscuro telón de todas las tendencias ideológicas, aquellos proclives a ser Policía de la Mente.
El encasillamiento “comportamental” por el Estado es un martillazo opresor. CL, recuerde: Pinochet con su DINA persiguiendo a hombres de pelo largo y a mujeres de pantalón por considerarlos comunistas, y qué decir a los comunistas; acuérdese de Enver Hoxha, el dictador albanes que mandaba dormir con los portones de las casas abiertos porque el Orden tenía derecho a entrar en todo, incluso en el sueño; recuerde a la STASI de la RDA escudriñando hasta las basuras que las personas arrojaban a la caneca, esto para anticipar peligros potenciales.
¿Tal vez lo decretado extrapole a un policía en los Estados Unidos hundiendo su rodilla contra el cuello de un hombre negro, por eso mismo sospechoso? ¿Cree usted, que es tiempo romano del homo sacer, un ser sumiso a la desnudez, perfilado para ser entregado a la deidad, pero sometido a capitis deminutio? Prevé su norma que el incumplimiento “podrá acarrear las sanciones previstas en la Ley 1801 de 2016, tales como amonestación, multa, cierre de establecimiento y demás aplicables…”. ¿Y por que no derribar de una vez la casa del incumplido, así como a los palestinos, o igual que el gobierno chino castigaba a las mujeres que violaban la ley de un único hijo?
Su intento, sin duda excesivo del decreto nacional sobre movilidad en la pandemia (en sí mismo complejo e imposible de extender más) es un afligido precedente para la democracia. De haberse aplicado, o de llegar a redibujarse para ponerlo en marcha, ojalá incorporara la condición de que la alcaldesa asistiera con su patrimonio a responder por las demandas millonarias de ciudadanos afectados con sanciones inconstitucionales e inhumanas.
No pierda de vista, Claudia L, que el principal deber humano es resistirse contra la opresión del Estado. Usted en Bogotá representa al Estado.
