Ante las graves afirmaciones tendenciosas de la revista Semana en la nota emitida el 3 de Mayo de 2016 titulada Algo huele mal en el pago a recicladores en Bogotá , y preocupados por las implicaciones que este tipo de noticias sin fundamento pueden ocasionar sobre miles de familias pobres de recicladores, hoy día beneficiarias del pago de la tarifa de aseo otorgado por primera vez en la historia de Colombia por la administración de la Bogotá Humana, nos vemos abocados a reaccionar como exfuncionarios y servidores públicos con capacidad técnica para el entendimiento del asunto, e igualmente como ciudadanos, ante el potencial deterioro y recorte de derechos que pudieran estarse gestando en la administración del alcalde Peñalosa hacia esta población vulnerable. Por ello nos permitimos comunicar lo siguiente:
- Que la UAESP desarrolló el Registro Único de Recicladores de Oficio RURO, con base en el censo de recicladores efectuado por la Universidad Distrital en 2012, configurando un instrumento dinámico de ingreso y retiro de recicladores de acuerdo a los procesos permanentes de supervisión definidos e incorporados en el Sistema Integrado de Gestión de la UAESP, lo cual debe tenerse en cuenta bajo los principios básicos que rigen las normas de auditoría en el país.
- Que conforme a los procedimientos definidos dentro del sistema integrado de gestión de la entidad, la base de datos contenida en el RURO fue objeto de depuración permanente, en razón a que se presentan diferentes variables que la afectan, tales como fallecimientos de personas, retiros, procesos de suspensión de recicladores, correcciones o actualización de datos, inclusión de recicladores que por varias razones no fueron incorporados en su momento, entre otros, las cuales fueron debidamente caracterizadas para garantizar que sirvieran de fundamento a los procesos de supervisión, pesaje y pago.
- Que el ejercicio de depuración para garantizar que en el RURO estuvieran únicamente los recicladores de oficio de Bogotá, se realizó utilizando medios de verificación, dentro de los cuales se realizaron visitas domiciliarias, verificación de rutas, verificación de documentación tanto en las ORHAs (Organizaciones de Recicladores Habilitados), como en las rutas y fuentes de los recicladores, atendiendo el protocolo de verificación debidamente establecido.
- Que como resultado de la supervisión y control, se suspendieron del RURO aproximadamente 7.000 registros y se cancelaron definitivamente 340, en razón a que se trataba de personas que habían sido incluidas con base en el censo señalado o habían sido incorporadas de acuerdo a los reportes de las Organizaciones de Recicladores. En aquellos casos en los que se tuvo conocimiento de que no eran recicladores, se adelantaron los procedimientos definidos y se radicaron las correspondientes denuncias ante las entidades competentes.
- Estas circunstancias y los avances en cuanto a la depuración del RURO eran reportadas en los informes trimestrales de avance del Plan de Inclusión de Recicladores a la Procuraduría General de la Nación, en atención a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional producto de la Sentencia de Tutela T-724 de 2003 y los autos de cumplimiento, especialmente el 268 de 2010, 275 de 2011, 366 de 2014 y 587 de 2015.
- La noticia que publica Semana carece de datos confiables puesto que se refiere a una “auditoría privada” contratada por la UAESP, desconociéndose concretamente qué empresa la desarrolló y sobre todo haciendo afirmaciones tendenciosas acerca del manejo dado al tema.
- Según lo recabado en los medios de comunicación afectos a la administración actual de la ciudad, se han señalado 2 casos de recicladores que presuntamente no debían estar en el RURO, y sólo uno con nombre propio, indicando con ello que se estarían cometiendo hechos de corrupción con la aquiescencia de las directivas y del personal de la UAESP.
- Rechazamos de manera enérgica estos señalamientos y juzgamientos de hecho sin otro fundamento que una información de prensa, los cuales en el Estado Social de Derecho que rige en Colombia son violatorios del Derecho de Defensa, del Debido Proceso, así como de derechos fundamentales que concurren como el de la Dignidad Humana, entre otros, dado que en nuestro altísimo compromiso como funcionarios y servidores públicos ejercimos nuestros cargos con el mayor sentido de responsabilidad y en el marco de la Constitución, las leyes y los reglamentos.
- Creemos que tales afirmaciones tendenciosas son un ataque al nuevo modelo de aprovechamiento impulsado desde la Bogotá Humana, y que afecta finalmente al fortalecimiento del gremio reciclador y sobre todos a quienes han alcanzado algún nivel de mejoría en sus condiciones sociales.
@antoniafala
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