El Plan Nacional de Desarrollo será la ruta de trabajo de Santos en los próximos años, porque allí define las metas de su gobierno y cómo va a lograrlas. Por ley, en su elaboración tienen que participar los gobernadores y alcaldes y debe ser consultado con pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas. Una vez listo, el Congreso tiene tres meses para aprobarlo. Si no lo hace, el gobierno lo puede firmar como una ley.
Dos grupos de ciudadanos se organizaron para que se incluyan sus propuestas. Uno integra a gente y organizaciones muy diversas de todos los departamentos de la Amazonia y lo coordina la Amazonas2030. Esta es una alianza entre organizaciones como Gaia, Alisos, Etnollano, Cecodes y algunos medios de comunicación para promover la calidad de vida y la sostenibilidad en esta región, además de posicionarla en el país y fuera de él. Pero en el proceso de elaboración de propuestas para el Plan de Desarrollo hicieron parte organizaciones indígenas y participantes de todos los departamentos de la región.
El segundo grupo reunió a empresas y algunas organizaciones que trabajan alrededor de la minería en la Mesa La Mesa Permanente de Diálogo de Minería y Medio Ambiente promovida por Avina.
Lo que ambos grupos tienen en común es que los documentos que le van a entregar esta semana a Planeación Nacional son resultado de un proceso largo de diálogo entre personas con ideas e interese distintos, pero que lograron acuerdos sobre preocupaciones y propuestas comunes. Funcionarios del gobierno han acompañado ambos espacios.
Una visión común para la Amazonia
25 propuestas en formas de artículos van a ser presentadas el 20 de octubre Planeación Nacional como resultado de un largo proceso de participación en todos los departamentos de la Amazonia: Guainía, Vaupés, Caquetá, Putumayo, Amazonas y Guaviare.
Wendy Arenas, directora estratégica de Amazonas2030, invitó a los participantes a que las propuestas generaran el máximo beneficio para toda la región.
Entre más de 200 personas de distintos lugares y organizaciones encontraron 344 desafíos de la región, es decir, las mayores dificultades que hay en todos los departamentos, en campos tan diversos como los sociales, económicos, ambientales, institucionales e indígenas. Muchos tienen que ver con la poca atención que el gobierno le da a la Amazonía y a su gente, lo cual abre un boquete para el conflicto armado, la minería ilegal, la degradación ambiental y las pocas oportunidades para los jóvenes, entre otras.
Para superar estas dificultades, la gente hizo 436 propuestas en los talleres en los departamentos. Luego entre todos encontraron las 130 que más les importan a todos. Pero aun eran muchas para entregarle a Planeación, de tal forma que el primero de octubre se reunieron representantes de todos los departamentos en Bogotá para sacar las 25 más importantes que contribuyeran a mantener la diversidad cultural y la riqueza ambiental, a reducir la deforestación y la degradación de los bosques, y a prepararse para el cambio climático.
La gente trabajó en distintos grupos los temas sociales, económicos, ambientales, indígenas e institucionales
La clave de todas estas propuestas es que exista un proyecto común e integral para toda la región amazónica en el largo plazo, en donde se respeten las diferencias culturales y los pueblos indígenas cuenten con autonomía sobre sus territorios.
Este es el primer ejercicio en Colombia en donde la gente de toda una región se encuentra para analizar los problemas y proponer soluciones concretas al Plan Nacional de Desarrollo que beneficien a todos. Es el momento de que Planeación los escuche.
La minería como bien público
Pocos temas han generado más controversia que el de la locomotora minera incluida en el anterior plan de desarrollo de Santos. La Mesa de Diálogo Permanente busca superar la brecha de la polarización al sentar a conversar a empresas, organizaciones ambientales y de derechos humanos, academia y gobierno.
En este espacio también se ha ido cocinando una propuesta para incluir en el Plan Nacional de Desarrollo. Desde marzo, los participantes de la mesa se han encontrado varias veces a trabajar un documento. En la última sesión, el 30 de septiembre, los participantes dieron sus opiniones finales.
Son tres los puntos principales de la propuesta. Uno, la necesidad de crear más conocimiento e información para tomar decisiones mineras. Y no solo eso, sino permitir que todo el mundo tenga acceso a esta información. El segundo, es sobre el mejoramiento de las instituciones y sus relaciones entre sí y con las comunidades, las empresas y otros actores. Por último, buscar cómo la minería no genera valor solo para las empresas, sino para las comunidades a través de la búsqueda del equilibrio entre el desarrollo minero, la protección ambiental y los derechos humanos.
Ramiro Santa, director de Asuntos de gobierno de la empresa sudafricana Anglo Gold Ashanti, insistió en la necesidad de diferenciar los tipos de minería y de crear un nuevo modelo de administración de los títulos.
Con la idea de fondo de que la minería debe ser un bien público, la propuesta busca que se convierta en una oportunidad ética de creación de riqueza, en vez de un activador de violencia y fragmentación social.
Bajo la coordinación de Avina, en la Mesa se han reunido entre otras, la Fundación Alisos, la Asociación Colombiana de Minería, La Anglo Gold Ashanti, la Alianza por la Minería Responsable, la Unidad de Planeación Minero Energética, Indepaz y Foro por Colombia. Estas dos últimas llamaron la atención sobre la necesidad de incluir temas de consulta previa como un derecho fundamental, las relaciones de la minería con el conflicto armado y reasentamientos involuntario de las comunidades cuando la minería preciso se va a realizar en sus territorios. .
Leonardo González, de Indepaz, llamó la atención sobre la necesidad de incluir el tema del agua en la propuesta, y la relación de la minería con los procesos de restitución de tierras.
Queda pendiente pasar el contenido a artículos, que los participantes de la mesa decidan si lo firman y entregárselo a Planeación.
