Esta semana la agenda noticiosa del país se ha visto sacudida por la execrable noticia de que Natalia Ponce de León, una mujer bogotana de 33 años, había sido atacada por un obseso y desadaptado que optó por echarle ácido a la cara en venganza porque Natalia no había cedido a sus pretensiones de salir juntos. Juan Esteban Constaín, escritor y columnista de EL TIEMPO, publicó el jueves 3 de abril en dicho diario un texto en el que criticaba que en las redes sociales algunas personas señalaban que el caso de Natalia había tenido una gran cobertura debido a que procedía de la clase alta.
Constaín asevera en dicha columna que “jerarquizar o matizar esas tragedias, darles un valor moral en un sentido o en otro con criterios de clase, volverlas un botín de nuestras opiniones de corrillo, implica también deslegitimarlas”. Constaín condena semejante acto de barbarie, como yo también lo hago, lo rechazo. Pero me da tanta pena señalarle a Juan Esteban que en Colombia sí hay una ciudadanía que es de primera y otra de segunda.
Otros casos de ataques con ácido como los de Gloria Piamba o Nelson Vargas no han generado tanta solidaridad y presión mediática como el de Natalia Ponce de León. Ninguna de las casi 900 agresiones químicas de las que se tiene noticia en los últimos 10 años en Colombia ha provocado que el Presidente de turno ofrezca una recompensa de 75 millones de pesos para capturar al enloquecido agresor.
Sí, es penoso decirlo, pero es una verdad de a puño que no solo tiene que ver con los casos de ataques con ácido. En la madrugada del 21 de junio de 2013 en el norte de Bogotá el ciudadano norteamericano y agente de la DEA, Terry Watson, fue objeto del mal llamado “paseo millonario” en el que los atracadores lo apuñalaron repetidas veces, causándole la muerte. Unas horas después ya la Policía Metropolitana de Bogotá tenía localizados a los criminales judicializándolos de inmediato. Hoy, menos de un año después de esa tragedia, siete de los ocho miembros de la banda están a punto de ser extraditados a los Estados Unidos a enfrentar penas de hasta 45 años por ese homicidio. ¿Cuándo los ciudadanos del común que han sido víctimas de esta modalidad de atraco son beneficiarios de semejante pesquisa por parte de las autoridades para dar con los victimarios?
Aún hay más. Con motivo del anunciado proceso de paz el presidente Juan Manuel Santos se dirigió a las Farc y les dijo que el proceso se acabaría si llevaban a cabo un ataque a gran escala o un atentado a una figura muy importante, un magnicidio. Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, magnicidio es “la muerte violenta dada a una persona muy importante por su cargo o poder”. Palabras más, palabras menos, lo que estaba haciendo Santos era darle autorización a las Farc de matar a aquellos colombianos del común, aquellos que no tuvieran poder político o económico, aquellos que no ejercieran puestos públicos. Es por eso que la bárbara muerte de dos policías a punta de garrote en Nariño ocurrida a mediados de marzo no tiene ninguna incidencia en el proceso de paz porque no son importantes. Pero si fueran miembros de la crema y nata de Colombia, ahí sí se darían por terminadas las negociaciones de La Habana.
Y cómo los anteriores hay muchos más casos que indican que en Colombia hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Si una niña es violada en una de las comunas de Medellín eso es normal y no es objeto de cubrimiento noticioso, pero si eso sucede en el parqueadero de Andrés Carne de Res y la chica es hija de un importante empresario, entonces el suceso sí tiene eco mediático. Unos ciudadanos tienen acceso a la casa por cárcel por una millonaria estafa, pero otros tienen que aguantarse el peor calabozo de La Picota por haberse robado un sobre de caldo de pollo.
Así que me da una pena inmensa con Constaín, pero no estoy de acuerdo con él. No se trata de una lucha de clases, pero sí es evidente que en Colombia hay un pequeño grupo de ciudadanos que nació con estrella, mientras que los demás nacimos estrellados. Y mientras no se supere esa brecha social, mientras a TODOS los colombianos no nos garanticen el acceso en pleno a derechos fundamentales como la salud, el empleo o la justicia, los resentimientos de clase van a estar legitimados y a flor de piel para quienes los sufren.
