En los últimos años, Colombia ha estado lidiando con una crisis preocupante en su sistema educativo: el cierre de colegios. Sin embargo, el problema ha pasado desapercibido para muchos.
Este fenómeno, que afecta tanto a instituciones públicas como privadas, es un reflejo de cambios demográficos significativos y, también, de realidades económicas. La caída en la tasa de natalidad y el incremento en la esperanza de vida han alterado la estructura poblacional, disminuyendo la proporción de jóvenes en edad escolar y, por ende, la demanda educativa. La tasa de natalidad ha pasado de 46 por cada 1.000 habitantes en 1960 a solo 14 por 1.000 en 2022. Asimismo, la esperanza de vida ha aumentado de 66,9 años hace cuatro décadas a 73,7 años en 2022.
La pandemia ha acelerado el cierre de colegios, con un aumento en la deserción escolar y la adopción de modalidades como el homeschooling, impulsadas por la cultura de la virtualidad.
Un estudio reciente del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana (octubre de 2024) destaca la gravedad de la situación, señalando que hemos pasado de una situación de bono demográfico a una de impuesto demográfico. Antes había un exceso de jóvenes; ahora, su número será cada vez más escaso.
Los datos son preocupantes: en los últimos seis años, más de 6.200 sedes educativas, tanto públicas como privadas, han cerrado sus puertas, lo que representa aproximadamente el 12 % del total de sedes. Esta situación no solo afecta a los estudiantes que deben abandonar sus colegios, sino que también tiene repercusiones negativas para el personal docente y administrativo, generando desempleo y desestabilizando comunidades. Los colegios privados, en particular, enfrentan el colapso debido a la disminución de la demanda y los altos costos operativos.
En los últimos seis años, más de 6.200 sedes educativas, tanto públicas como privadas, han cerrado sus puertas, lo que representa aproximadamente el 12 % del total de sedes
El impacto de estos cambios demográficos va más allá del ámbito educativo. El sistema de pensiones se verá seriamente comprometido. Con una población envejecida y menos jóvenes en el mercado laboral, la carga sobre el sistema aumentará, poniendo en riesgo su sostenibilidad. Menos trabajadores activos significan menos contribuciones al sistema.
La reducción de la población joven también tendrá efectos en la economía en general. Esto podría resultar en una futura fuerza laboral insuficientemente capacitada, limitando el crecimiento económico y la capacidad de innovación del país. La falta de inversión en educación de calidad, espejo del escaso interés de algunos actores clave, repercutirá en la competitividad de Colombia en el futuro.
Según el LEE, es crucial que el gobierno y las autoridades educativas asuman medidas inmediatas. Se requiere de un análisis exhaustivo de la demanda educativa por regiones, para ajustar la oferta educativa de manera adecuada. Dado que la deserción escolar es un fenómeno persistente, es fundamental desarrollar estrategias de retención de estudiantes, que incluyan adaptaciones curriculares y programas de apoyo para las familias.
El trabajo articulado entre instituciones educativas, el gobierno, la sociedad civil y el sector empresarial es determinante. Deben unirse para crear un entorno que garantice que todos los niños y niñas tengan acceso a una educación de calidad.
No podemos permanecer indiferentes ante el cierre de colegios y sus consecuencias. El cambio demográfico es una realidad, y dado que la educación es un pilar fundamental para el desarrollo social y económico de Colombia, no resulta viable perder más tiempo. La educación de calidad debe ser un derecho para todos, no un privilegio, en el contexto de un sistema mixto como el colombiano, público y privado.
*Cerrando puertas: la realidad del cierre de colegios en Colombia (Octubre 2024)
