Primero que todo deseo expresar que concibo el nuevo Acuerdo de Paz, NAP, como una coyuntura crítica (Acemoglu, Robinson, 2012) que podría contribuir a un cambio positivo en la trayectoria de desarrollo de Colombia; y concibo la Paz como el derecho y deber síntesis de nuestra sociedad.
La producción científica colombiana, si bien es la que más crece en América Latina en el periodo 2003-2014, el 614%, ocupa el quinto puesto en la región, y equivale al 5,8 % de la producción Latinoamericana y al 0,2% de la producción científica mundial. De acuerdo al DANE, en los sectores de industria y servicios, entre los años 2013 a 2015, sólo hay 22 empresas que innovan para el mercado internacional y 179 empresas lo hacen para el mercado nacional, un avance demasiado modesto, increíble para un país como Colombia en el siglo XXI. Lo anterior es una de las causas que explican que la productividad laboral promedio colombiana está estancada y que sea equivalente en 2015 al 23,2% de la norteamericana.
En Colombia las capacidades de investigación y desarrollo, I&D, están muy concentradas: Antioquia, Bogotá y el Valle del Cauca, en 2015, cuentan con el 58,6% de los grupos de investigación reconocidos en Colombia y el 62,8% de los investigadores. Sin embargo, los actuales criterios de distribución de los recursos del Fondo de ciencia, tecnología e innovación, CTeI, del sistema general de regalías, SGR, son: necesidades básicas insatisfechas, pobreza y empleo, lo cual ha conducido a que los departamentos que cuentan con menos capacidades en I&D son los que disponen del mayor monto de recursos. A lo anterior hay que agregar que en los 4 años de funcionamiento de este sistema la selección de los proyectos ha tenido en gran medida el sesgo de nuestro sistema político del clientelismo, y presión de las entidades territoriales para que los ejecutores sean instituciones diferentes a las que formularon las propuestas; ¿será una “isla” lo de CTeI cuando, según la CGR, entre 2012 y 2015 en el SGR, el 72% de la contratación por concurso, licitación pública y concurso de méritos, se realizó con un único oferente?
La importancia de los recursos para CTeI del SGR, radica en la oportunidad de crear y consolidar, en la próxima década, una real descentralización de la gestión de ciencia, tecnología e innovación para apoyar la implementación del NAP y contribuir de manera decisiva al desarrollo territorial. Para ello se debe partir de las capacidades humanas y de infraestructura actuales, y, mediante un portafolio coherente de mecanismos e instrumentos, incentivar a las personas, grupos e instituciones tanto en los territorios más avanzados en CTeI como en los demás, a realizar actividades que impliquen de manera real y sostenida, la creación y fortalecimiento de capacidades en los territorios que hoy carecen de ellas. Para ello se justifica plenamente la inclusión del criterio de capacidades de innovación en la fórmula de distribución de los recursos, mediante reforma constitucional vía rápida.
Propongo varias alternativas para la destinación de los recursos del CTeI-SGR. En el momento es posible apoyar la implementación del NAP con base en la transferencia inmediata de resultados de investigación e innovación de proyectos recientemente concluidos. Se justifica apoyar investigación, desde las ciencias sociales y humanas, de fenómenos que están emergiendo, tales como la transformación de organizaciones guerrilleras en organizaciones políticas, la protesta social, el empoderamiento de la ciudadanía, asuntos sobre los cuales no se cuenta hoy con conocimiento riguroso para el diseño de política pública. Asimismo, se justifica la realización de investigación aplicada, innovación y desarrollo tecnológico para apoyar la inversión empresarial en las zonas afectadas por el conflicto para garantizar los impactos en empleo y en productividad.
Con una mejor asignación de los recursos por parte de los OCAD de los demás fondos del SGR se lograría el mismo propósito de aumentar de manera significativa la inversión en vías terciarias, debido a que actualmente existen saldos en tesorería por falta de aprobación de proyectos en los demás fondos – según la CGR a diciembre de 2016 había 4 billones sin ejecución por ese concepto.
