No cabe la menor duda que la Ley 1675 de 2013 se ideó pensando en el “rescate” del galeón San José. Que en su recorrido legislativo no le faltara el acompañamiento de reconocidos caza tesoros como Bruce Webber o historiadores aficionados como Daniel De Narváez, quienes hicieron lobby mientras se debatía en el Congreso, ya daba qué pensar. Que una ley que supuestamente se diseñó para proteger el patrimonio cultural sumergido de la Nación haga; sin embargo, sus mayores esfuerzos en definir justo lo contrario, es decir, que no es patrimonio, termina siendo revelador.
Fuera de la categoría patrimonial quedaban:
1. Las cargas comerciales constituidas por materiales en su estado bruto, cualquiera sea su origen, tales como perlas, corales, piedras preciosas y semipreciosas, arenas y maderas.
2. Los bienes muebles seriados que hubiesen tenido valor de cambio o fiscal tales como monedas y lingotes.
3. Las cargas industriales.
La ley permite además que a través de una Asociación Público Privada (APP) se puedan adelantar exploraciones y rescates con la posibilidad de pagarle a la empresa privada con el 50% de lo que el Estado colombiano no considera patrimonio, argumentando la falta de tecnología y del personal especializado para este tipo de proyectos en el país. Paradójicamente, en ese mismo 2013, en la bahía de Cartagena de Indias se estaba desarrollando un proyecto de investigación con la participación de la Universidad del Norte, la Texas State University, el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas (CIOH), con el apoyo del National Park Service de los EEUU, la autorización del ICANH (AIA 4368) y financiación de la National Geographic Society y el Waitt Institute (Grant W276-13). Muy al contrario de la idea —interesada— que se hacía llegar a la opinión pública y a pesar de esa supuesta “incapacidad” de los investigadores colombianos o la falta de medios, se estaba implementando por primera vez en el país, el uso de equipos geofísicos (magnetómetro y sonar de barrido lateral) aplicados al estudio patrimonio cultural sumergido, con un carácter interdisciplinario y recurriendo a la cooperación internacional, basada en el mero interés académico y no en remuneración alguna— para llegar donde solo con los esfuerzos del país no se podía todavía llegar.
La arqueología subacuática es una disciplina científica, y los pecios y su contenido son patrimonio y no tesoros. Así deben tratarse siempre y en todos los países. En el año 2001, la UNESCO había presentado la Convención sobre la protección del patrimonio cultural subacuático, con cuatro principios básicos: la obligación de preservar el patrimonio cultural subacuático, la preservación In situ como opción prioritaria, la No explotación comercial del patrimonio, y la formación e intercambio de información, haciendo énfasis en que no se reglamentaría nada relacionado con la propiedad del patrimonio. Para el gobierno colombiano de turno, sin embargo, esos principios no convenían y Colombia nunca la ratificó. En América Latina y el Caribe diecinueve países ya la han ratificado, demostrando, como el caso particular de México y Argentina, que es posible adelantar proyectos de este tipo desde las instancias estatales y sin la participación de privados.
Por supuesto si Colombia hubiese decidido ratificar esta Convención, le habría cerrado la puerta definitivamente a las empresas caza tesoros, que tanta capacidad tienen de presionar gobiernos y determinar, incluso, legislaciones favorables a sus intereses particulares.
No obstante, la puerta se dejó abierta, y por ello en diciembre de 2015, los temores que se albergaban se hicieron realidad. El anuncio del hallazgo del galeón San José y de su fabuloso “tesoro”, inundaron los titulares de la prensa. Todos centrados en el valor comercial de su carga y en las supuestas reclamaciones del gobierno español e incluso de otros países latinoamericanos (cosa que no ha ocurrido). Esta fue una manera de desviar la atención, exacerbando el sentimiento nacionalista e hispanofóbico, para evitar hacer referencia a la empresa que estaba financiando el proyecto, el monto total del mismo, la configuración del equipo de especialistas, que denominaron “dream team”, y el planteamiento teórico-metodológico que lo fundamentaba. Profesionales que hace tres años se oponían a esta ley, comenzaron a respaldar el proyecto actual, sin conocerlo (dado su carácter de secreto de Estado), publicando incluso artículos en diarios y revistas, haciendo énfasis en los aspectos tecnológicos del mismo, como las imágenes del sonar (que tiene el CIOH y otras tantas instituciones en el país) o las fotografías de alta resolución de los restos de un naufragio. ¿Por qué habrán cambiado de opinión?
A partir de este momento un grupo destacado de investigadores, nacionales e internacionales, se pronunciaron mediante un comunicado público, pidiéndole al Gobierno colombiano el respeto al contexto arqueológico, al patrimonio cultural sumergido, al principio fundamental de conservación in situ y a buscar la posibilidad de un proyecto de cooperación internacional. Las autoridades colombianas desestimaron las recomendaciones de los especialistas, continuaron con el proceso e incluso, como lo defendió en su momento la Ministra de Cultura en una entrevista a María Isabel Rueda, explicó cómo se le pagaría al socio privado, con el 50% de lo que la Nación no considera patrimonio. La sentencia C-264 de la Corte Constitucional declaró exequible el criterio de repetición contenido en el inciso cuarto del artículo 3º de la Ley 1675 de 2013, es decir, que “deberá reservarse una muestra representativa del material y bienes extraídos que no constituyan patrimonio cultural sumergido bajo el concepto de repetición, especialmente de materiales preciosos en su estado bruto y de bienes que hubieren tenido valor de cambio o fiscal, tales como lingotes, barras o monedas”. ¿Quién y bajo qué criterios decide el tamaño de esa muestra? Se asume que el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural jugará un papel importante en esta tarea pero la configuración actual del mismo genera más dudas que certezas. Incluso el propio director del ICANH afirma ahora que: “no puedo garantizar que no se comercialice parte de la carga del galeón San José”.
En los últimos días las olas se agitan con un nuevo anuncio del gobierno colombiano, la formalización de la asociación público privada para adelantar el “rescate” del galeón San José que, desde el anuncio de su hallazgo, siempre se ha denominado “patrimonio de los colombianos”. Se volvió a mencionar el uso de tecnología de punta, un equipo de investigación calificado, un conjunto mayor de imágenes, pero ni una palabra del proyecto, de sus objetivos, de su presupuesto, de sus investigadores. El único profesional que se menciona es Ernesto Montenegro, director del ICANH, quien a la fecha solo tiene registrados ante esta institución solo dos proyectos arqueológicos como co-investigador (de 1995 [ARQ 0118] y 1996 [ARQ 0538]), y un solo artículo en una revista especializada, ninguno de ellos relacionado con arqueología subacuática, ¿ese es nuestro especialista?
De otro lado, aunque se habla de un proyecto científico, nadie conoce el documento. ¿Cuáles son los objetivos del mismo, su metodología? ¿Qué vamos a precisar sobre las técnicas de navegación del siglo XVIII con este hallazgo? Solo por mencionar algunas preguntas. ¿Cuál es el presupuesto del proyecto? Se habla de un presupuesto considerable, ¿tanto que no lo podía asumir el Estado colombiano haciendo uso de la cooperación internacional? España ha demostrado su genuino interés en ofrecer apoyo técnico con el compromiso del respeto por el patrimonio cultural sumergido, es decir, el galeón y su carga. España si ratificó la Convención de UNESCO de 2001 y cuenta con experiencia haciendo arqueología en aguas profundas. ¿Quiénes son los especialistas detrás del hallazgo y del diseño del proyecto de rescate? ¿Quién garantiza que son los mejores si no podemos conocer esta información? En ciencia, para conseguir recursos de financiación, se someten a evaluación los proyectos y sus integrantes. Este procedimiento garantiza la calidad y la seriedad de un proyecto verdaderamente científico. En el caso del San José debemos recurrir exclusivamente a la fe.
Finalmente, el pasado 14 de julio se adelantó una audiencia pública en donde se explicó el procedimiento de la APP, pero no los detalles de su contenido. Una vez más una presentación sin nombres, sin cifras, sin proyecto, haciendo uso de muchas imágenes, así como los análisis que llevaron al hallazgo del pecio, en términos de corrientes, vientos, información de fuentes primarias y un mapa hallado por un supuesto arqueólogo en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Algunos sugieren que ese individuo es Roger Dooley (o Montañez), un caza tesoros, miembro fundador de la empresa Carisub de Cuba que, durante la década de 1970, expolió un sinnúmero de naufragios.
Aunque no se resolvieron las grandes interrogantes que sobrevuelan este “proyecto”, el pasado 14 de julio el director del ICANH alcanzó a mencionar ciertos aspectos relacionados con el inminente rescate:
1. Que el rescate se estima en diez millones de objetos.
2. Que se está diseñando una metodología precisa para su adecuada documentación y registro.
3. Que el procedimiento no tomará más de seis meses, seguramente antes de que acabe este gobierno.
Esto significa que deberán extraerse con un meticuloso procedimiento la suma irracional de 55,555 artefactos al día. Vienen otras preguntas adicionales, ¿Cómo se calculó el número de artefactos? ¿qué procedimiento científico es capaz de hacer una recuperación de esta magnitud? También se afirmó que el galeón, es decir, la estructura de madera que aún se conserva, no será extraída y permanecerá bajo el agua. ¿Cuáles son los criterios científicos para decidir qué se queda y qué se extrae? Si, como lo ha sugerido el director del ICANH, lo que se pretende es conocer las técnicas de navegación, ¿no resulta clave extraer entonces todo el galeón? o lo que queda de él al menos. El Vasa en Suecia (S XVII) o el Mary Rose (S XVI) en Reino Unido son ejemplos de que esto es totalmente viable.
Al cierre se anunciaron dos asuntos más, a cargo del privado desconocido que hace parte de la APP: el montaje de un laboratorio de conservación de patrimonio cultural sumergido, que requiere condiciones especiales de infraestructura y personal y un “cipote” museo para exhibir los hallazgos. Para el tema de la conservación, el Ministerio de Cultura ha dado los primeros pasos, financiando desde el año pasado, con becas, la reapertura del programa de Conservación de la Universidad Externado de Colombia. Supondríamos que allí estaría representada la participación colombiana en el proyecto.
En cuanto al museo, los criterios del mismo, sus características, condiciones, localización y demás, están sujetos al denominado “originador”, es decir, quien adelantó la exploración y ahora se hará cargo de su rescate. Sería importante saber si el Ministerio de Cultura conoce las condiciones reales de los museos del país, y específicamente los de Cartagena, y además es consciente de que los museos no son auto-sostenibles. Una rápida consulta al director del Museo Nacional de Colombia, Daniel Castro, podría despejar cualquier duda al respecto.
De otro lado está claro que al “originador” hay que pagarle. Si hay que pagarle ¿por qué no haber asumido el proyecto con recursos propios? Los fondos de regalías habrían podido ser una alternativa, con el respaldo de Colciencias y la cooperación internacional. Pero un panorama así habría impedido que unos privados se hicieran con el 50% de lo que no se considera patrimonio y que algunos, ligeramente, avalúan en cinco mil millones de dólares.
Ahora el periodista Nelson Freddy Padilla comienza a despejar dudas sobre este “dream team”. Hace alarde de las capacidades técnicas y científicas del equipo a cargo (alineado con el gobierno), pero omite que se trata de un grupo de especialistas que han trabajado para empresas de cazatesoros como Odyssey Marine Exploration, aquella que saqueó en 2007 la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, y que ofrecen servicios técnicos al mejor postor. La “investigación” de Padilla no hace mención a los arqueólogos que están detrás del proyecto, ni mucho menos a quienes lo financian, solo hace referencia al “especialista” local aunque, de manera equivocada, y no se sabe si intencional, sugiere que están involucrados arqueólogos del Submerged Resources Center. El colega David Conlin, director de SRC, ha negado enfáticamente la participación de esta institución en el rescate del San José, así como en ningún otro proyecto en donde existan indicios de la venta de patrimonio cultural sumergido. Llama la atención también que el periodista cite los tweets de algunos de estos oceanógrafos como primicia, cuando estos debieron darse a finales de 2015. Parece que le filtraron la información algo tarde, pero sabiendo que la utilizará, como lo hizo antes en su libro, para convertirse en el historiador oficial de este hallazgo.
En síntesis, los propósitos originales de la tramitación de la Ley 1675 de 2013 de beneficiar a privados con patrimonio cultural sumergido se siguen confirmando con cada anuncio y cada declaración de los funcionarios públicos a cargo de este tema. No cabe duda que el “originador” (Woods Hole Oceanographic Institution, dice Padilla) cuenta con la tecnología necesaria para la exploración en aguas profundas, pero esto no significa que se trate de un proyecto verdaderamente científico. La diferencia es tan profunda como el lugar en donde han reposado hasta ahora, los restos del Galeón San José.
