El caso le tocó por azar le tocó a Ángela María Buitrago, una abogada experta en derecho probatorio del Externado, fiscal delegada ante la Corte Suprema. Eran los tiempos de la fiscalía de Mario Iguaran cuando llegaron a sus manos varios expedientes complicados como del exdirector de Fiscalía de Medellín Guillermo León Valencia Cossio, al ex director del DAS Jorge Noguera, distintos casos de paramilitarismo y el caso del Palacio de Justicia. Ángela María Buitrago se tomó en serio la investigación del caso del Palacio de Justicia con el propósito de encontrar los responsables de un hecho de horror que marcó la vida política de Colombia en el que además murieron, después de 28 horas de combates, magistrados, guerrilleros del M-19 y trabajadores del Palacio, y permanecen desaparecidos 11 personas, muchas de las cuales habrían salido con vida y cuyos casos fueron tomados en cuenta por la CIDH en su decisión de condenar al Estado Colombiano por los hechos ocurridos hace 30 años.
Ángela María Buitrago revisó estas imágenes y muchas más de las que componen las 1.500 horas de grabaciones de noticieros de televisión y radio, fotografías y testimonios que reposaban en un enorme expediente que durante veinte años pasó por decenas de investigadores incluso antes de que se creara con la Constitución de 1991 la Fiscalía general de la nación.
Se tomó el trabajo de identificar una a una las personas que salieron con vida del Palacio, magistrados, funcionarios oficiales y empleados que atendían servicios generales. En los videos Buitrago vio salir del Palacio a personas que, de manera extraña, aparecieron luego muertas y algunas terminaron sin identificar en la morgue de Bogotá.
La entonces fiscal fue mucho más allá. Visitó guarniciones militares y desempolvar miles de hojas de documentos que se hallaban abandonadas. Pero la decisión clave fue la inspección judicial que ordenó hacerle a la casa y la oficina del ex coronel Alfonso Plazas Vega, quien como director de la Escuela de Caballería lideró la retoma del Palacio de justicia. El propio Plazas Vega había guardado documentos de la época de un hecho que para muchos entonces pudo resultar un éxito militar pero que a la postre se devolvieron en pruebas contra él 25 años después. Los investigadores encontraron en los archivos del ex coronel un informe con fecha del 11 de noviembre de 1985 que indicaba que algunos rehenes habían salido con vida del Palacio al medio dia del 7 de noviembre. Estos testimonios documentales tuvieron también efecto sobre el Presidente Betancur a quien le quedó sepultada su carrera política para siempre y ha tenido que rendir infinidad de declaraciones para salvar su responsabilidad como gobernante.
Aparecieron imágenes del incendio ocasionado por el error militar al lanzar un rocket en la noche del 6 de noviembre que cayó sobre la biblioteca de la Corte ocasionado la terrible muerte de decenas de personas inocentes. La fiscal Buitrago reconstruyó también el caso del magistrado auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán quien salió con vida como lo demostraron imágenes de televisión y luego apareció muerto en la morgue.
En julio de 2007, Buitrago acusó y dictó medida de aseguramiento contra el coronel Plazas Vega, jefe de la Escuela de Caballería y el Brigadier general Jesús Armando Cabrales, comandante de la XIII Brigada del Ejército, por su responsabilidad frente a los desaparecidos del Palacio de Justicia. Fueron involucrados un grupo de subordinados entre quienes se encontraban el coronel Iván Ramírez Quintero, el mayor Fernando Blanco , el capitán Óscar William Vásquez y los sargentos Ferney Causallá y Antonio Jiménez Rubay, quienes fueron absueltos por la juez 51 de Bogotá, Cristina Trejos. Los dos oficiales de alto rango y quienes daban las órdenes fueron condenados a más de 30 años de presión, decisión que fue ratificada por el Tribunal Superior de Cundinamarca. La condena del general Arias Cabrales acaba de ser ratificada por la Corte Suprema de Justicia, confirmando la condena de 35 años de cárcel.
De manera inexplicable el entonces fiscal encargado Guillermo Mendoza Diago, le solicitó su renuncia a Angela María Giraldo quien ahora se desempeña como una abogada penalista en su oficina en el centro de Bogotá.
