En tiempos de crisis, está más vigente que nunca el dicho “la necesidad es la madre de la invención”. Sin embargo, esta consigna no solo ha hecho eco en los emprendedores sino también en los delincuentes.
En la nueva normalidad que nos acoge en tiempos de pandemia, es cada vez más habitual escuchar que al vecino, al amigo o al conocido lo estafaron, lo extorsionaron o lo engañaron por internet. Este fenómeno no es reciente del todo. De hecho, la ciberdelincuencia es inherente al nacimiento y masificación del internet. Sin embargo, ante la cuarentena global y las numerosas restricciones que esta conlleva, se ha manifestado la creciente necesidad de acudir a la tecnología para realizar operaciones de compra y/o venta, adelantar consignaciones y/o pagos de productos financieros a entidades bancarias, efectuar pago de servicios públicos y de impuestos, entre otros trámites y/o servicios vía internet que, en condiciones normales, las personas preferían realizar de forma presencial.
Y es que el temor a contagiarse del nuevo coronavirus ha fomentado que el uso de la tecnología se constituya en la opción más cómoda y más “segura” para acceder a internet y realizar todo tipo de trámites y/o servicios. Lo que contrasta completamente con el hecho de que, antes de la pandemia, el nivel de confianza y de aceptación tecnológica del grueso de la población mundial no era el mejor; percepción fundamentada en el creciente desarrollo de cibercrímenes como el hacking, el malware, el ransomware, el phising, el pharming, el sexting con menores de edad, entre otros ciberdelitos a nivel mundial.
En este escenario es en el que la “nueva” delincuencia aprovecha la ignorancia y la falta de memoria de los incautos, acudiendo a todo tipo de artimañas para engañar de manera creativa e ingeniosa a personas de todo tipo, sin importar el sexo, la edad, la formación académica, el nivel de ingresos, ni la convicción religiosa o política.
Este fenómeno no es la excepción en Colombia, ya que la ciberdelincuencia es el pan de cada día en los medios de comunicación y se constituye en el quehacer cotidiano de las entidades públicas y empresas privadas que reciben miles de quejas por parte de víctimas de todo tipo de ciberdelitos. Sin embargo, es común que el gobierno presuma de los grandes avances y esfuerzos consumados en materia de ciberseguridad, argumentando que desde la creación de la agenda de conectividad en el gobierno de Pastrana Arango (en el año 2000) se ha avanzado desmesuradamente en el tema y, por supuesto, en lo que atañe a gobierno electrónico.
Lamentablemente, no hay nada más alejado de la realidad. Si bien la ciberseguridad es una estrategia para combatir la ciberdelincuencia, en Colombia no han existido las condiciones facilitadoras para desplegar dicha estrategia de manera efectiva. El bajo nivel de desarrollo en materia de infraestructura en telecomunicaciones, la escasa oferta de programas de formación académica y/o capacitación asociados a gobierno electrónico, economía-gobierno digital y/o ciberseguridad, la falta de voluntad política, entre otros factores asociados, han sido las causas del desarrollo incipiente de la ciberseguridad en el país.
Todo lo anterior nos lleva a reflexionar sobre los retos y desafíos que tiene el gobierno, las empresas y la academia para consumar esfuerzos que permitan fortalecer y robustecer la ciberseguridad en el territorio nacional, rechazando el traslado de responsabilidad a los usuarios (víctimas) y castigando a los que realmente lo merecen: los delincuentes.
