Hoy mientras pensaba cómo escribir sobre el último caso de chuzadas en Colombia me crucé por accidente con la película Frost/Nixon, que trata sobre las entrevistas realizadas por el periodista David Frost al expresidente Richard Nixon, en 1977. Al ser confrontado sobre la legalidad de sus acciones, Nixon responde con su triste y célebre frase “bueno, cuando el presidente lo hace, eso significa que no es ilegal, en el contexto de la seguridad nacional americana”. Luego de una pausa forzada en la entrevista, un abatido Nixon, asume su responsabilidad, confiesa haber abusado de su poder y pide disculpas por defraudar al pueblo norteamericano por el caso Watergate.
En contraste, los casos de chuzadas en Colombia, parecen no tener responsables ni ser delitos. La seguridad nacional parece una excusa perfecta para ocultar ciertos abusos de poder y la violación sistemática del derecho a la privacidad. No ayuda que ante el llamado de la Comisión de Inteligencia del Senado, una de las pocas instancias de control independiente, no se presentaran todos los implicados —ni el Fiscal ni la contralora asistieron— y las respuestas fueran vagas, dilatorias e insuficientes —del cuestionario de 64 preguntas, el Ministro de Defensa sólo respondió 5—. El Ejército y el Gobierno admiten la fachada pero no aclaran sus métodos ni alcances. Afirman que hacían monitoreo del espectro electromagnético, y que tenían autorización. No obstante, no explican las demás actividades que pueden ser ilegales: interceptación de comunicaciones (correo electrónico, mensajes a través de Blackberry y Whats App) a políticos y periodistas relacionados con el proceso de paz.
Tampoco se da explicación alguna sobre la forma como en la fachada implican a una comunidad naciente de jóvenes interesados en el “hacking ético” e incluso al Movimiento Partido Pirata y otros tantos civiles que nada tenían que ver con “Andrómeda” pero si con las actividades normales de un hackerspace. Son estas actividades públicas las que una prensa descontextualizada y ávida de noticias y responsables expone con el ánimo de mostrar culpables e implicados que nada tienen que ver. Sin embargo las declaraciones oficiales continúan esquivando el tema. En los primeros resultados de la investigación del Ejército se responsabiliza a los encargados de la operación porque se dejaron pillar no por que lo que hicieran fuera errado.
En sus primeras declaraciones sobre el caso “Andrómeda”, el presidente Santos anunciaba una investigación a fondo declarando que “No es aceptable que la inteligencia se haga contra los ciudadanos legítimos, contra la oposición política, y menos contra funcionarios del propio Estado”, acto seguido defiende el uso de la vigilancia masiva para casos de seguridad nacional “porque es a través de la Inteligencia, sobre todo en un mundo que está avanzando tanto en la tecnología, como mejor se protege a un Estado o la seguridad de los ciudadanos”. Dos días después, sin resultados de la investigación pero si ante la avalancha de preguntas sin respuesta, el presidente cambia el tomo y declara lícitas las operaciones: “Son operaciones de Inteligencia que están contempladas dentro de la Ley de Inteligencia y eso no tiene nada de irregular”. Sin embargo, hasta la fecha no se ha entregado ninguna prueba de la legalidad de esa actividad.
Lo único que evidencia la ausencia de responsables y los intentos fallidos de legitimar unas acciones que para la gran mayoría no son excusables y que ponen en peligro un proceso de paz que aunque frágil resulta esperanzador, es que seguimos sin reglas de juego ni controles claros.
Igual que en el panorama internacional, donde se conoció de los programas de vigilancia masiva tras las filtraciones de Snowden, en Colombia la regulación sobre actividades de inteligencia estatal es laxa. La ley de inteligencia exige a los prestadores de servicios en Internet almacenar durante cinco años la información de conexiones de sus usuarios, el decreto de interceptación pide mecanismos de puertas traseras que garanticen a las instituciones responsables de la vigilancia tener acceso prácticamente ilimitado a nuestras comunicaciones privadas pero ninguno plantea mecanismos de supervisión independiente, los criterios para la autorización de estas actividades la dan los propios investigadores y no funcionarios independientes.
Ante este panorama desalentador la única respuesta posible por parte de la sociedad civil es informarse y pedir garantías. Por eso, el pasado 11 de febrero desde RedPatodos hicimos parte de la campaña mundial “El día que dijimos Basta” promoviendo una campaña local: “Internet Sin Chuzadas”. El objetivo de esta gran movilización es informar sobre el tema y pedir a todos que firmen los 13 Principios Internacionales sobre la Aplicación de los Derechos Humanos a la Vigilancia de las Comunicaciones. Hacemos un llamado a los gobiernos y políticos del mundo para que se comprometan con esta causa. Insistimos que la vigilancia debe ser “necesaria y proporcional” y con supervisión independiente para evitar el abuso de poder.
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