Desde comienzos del mes de febrero de 2019, la situación en el departamento de Chocó viene empeorando en razón a los constantes enfrentamientos entre Grupos Armados Organizados, específicamente, el Clan del Golfo y el ELN.
Según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), desde el 4 de marzo se estima que 883 personas pertenecientes a 187 familias se encuentran en situación de confinamiento.
Familias indígenas y afros en confinamiento
Para Ramón Rodríguez, director de la Unidad para las Víctimas, se viene adelantado un seguimiento a la población conforme a la grave situación. En el monitoreo, según el director, se ha priorizado al municipio del Carmen del Darién, Bojayá, Bahía Solano y Juradó.
Estas familias que están en confinamiento, son pertenecientes a las comunidades indígenas de Villa Hermosa, Egorokerá, Unión Baquiaza y Playita; que habitan las inmediaciones del río Opogadó, en zona rural de Bojayá.
Además, OCHA precisa que la restricción de movilidad que afecta a las comunidades afrocolombianas de Mesopotamia, afecta a 136 personas pertenecientes a 34 familias.
Ayuda humanitaria urgente
A esta compleja situación se suma un cerco de violencia que no ha permitido que ingrese ayuda humanitaria, tal como se estipuló por parte la Secretaría de Gobierno Departamental en coordinación con la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas (UARIV), desde el 13 de marzo.
La ayuda consta, en su mayoría, de alimentos, medicinas y cobijas para atender a las comunidades confinadas.
Además, se estableció la necesidad de dar lugar a una mesa de diálogo entre representantes de las organizaciones indígenas y las autorizadas para atender de manera estructural la dramática situación.
El gobierno ha hecho oídos sordos a la situación
Según el secretario de Salud del Chocó, Carlos Tirzo Murillo, se estima que entre 6 y 8 niños han muerto en la zona del Carmen del Darién por causas asociadas a la malaria o a desnutrición y, por supuesto, a la compleja situación de seguridad desatendida sobre la crisis humanitaria.
Esta situación fue ignorada por el Gobierno Nacional cuando, en noviembre de 2018, las comunidades indígenas de Chocó recorrieron 311 km hasta llegar a la capital de la república y exigir garantías de seguridad al presidente Duque.
Para ese momento los pobladores chocoanos le exigieron al mandatario que se adelantara el desminado de los territorios donde habitan las comunidades indígenas y afros, garantizando la movilidad de los pueblos.
De esa manera advirtieron sobre la ausencia de proyectos productivos, el diálogo sobre las políticas de sustitución de cultivos de coca que competen a las comunidades del Chocó.
Además, le reclamaron en noviembre garantías para la reparación individual y colectiva de las víctimas del conflicto armado de los pueblos. Sin embargo, en ese momento hubo represión de la protesta, y ante la desatendida advertencia hoy las comunidades se encuentran confinadas.
Tal como se puede observar, el 90 % de los hechos victimizantes de esta tabla se dividen entre desplazamiento y confinamiento.
Las razones del confinamiento de las comunidades en el Chocó, tienen que ver el fuego cruzado, las amenazas y las zonas minadas.
Por ejemplo, en Truandó hay territorio minado que, por un lado, genera el desplazamiento forzado de una gran cantidad de población indígena y, por otro, una situación de confinamiento producto de las minas.
Diagnósticos que fueron ignorados
Así pues, un diagnóstico de la situación arrojó que en los municipios del Chocó urge la protección de la vida en el marco de enfrentamientos, intimidaciones y acciones de fuego cruzado que hay entre el ELN y el Clan del Golfo.
Frente al cerco de violencia se necesita seguridad alimentaria, debido a que, entre otras cosas, el conflicto entre los grupos armados ha dificultado actividades de agricultura y pesca.
Otra de las variables que entregó el informe tiene que ver con las enfermedades relacionadas a la desnutrición y brotes de malaria y paludismo, según informe realizado por la Personería municipal y el Enlace de Víctimas del municipio de Bojayá y, la participación de los representantes de los cabildos Camaibo y Druawandra.
Asimismo, según el más reciente informe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, la seguridad en los territorios étnicos está en constante amenaza producto de múltiples asesinatos, que han afectado particularmente a los pueblos awá, embera chamí y nasa en los departamentos de Caldas, el Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca.
Además, la constante amenaza de los grupos armados ilegales “y su posicionamiento en la cadena del tráfico de drogas en Arauca, Antioquia, Chocó, Nariño, Norte de Santander y el sur de Córdoba”.
Zonas desentendidas en el Chocó, un problema histórico
Ahora bien, la crisis humanitaria que vive el departamento del Chocó no es un tema reciente; de hecho, la situación en Bahía Solano y Juradó —dos de los municipios más afectados— ya habían sido denunciada por la Fundación Paz & Reconciliación Pares en el informe ‘Cómo va la paz: la restructuración unilateral del Acuerdo de Paz’.
Según las investigaciones de Pares, estos dos municipios se encuentran entre los treinta municipios postfarc (GAPF) más afectados por la violencia.
Cabe precisar que en los municipios postfarc hay presencia de Grupos Armados Organizados -GAO, específicamente en esta región se viene adelantando una disputa entre el ELN y el Clan del Golfo.
La configuración de los escenarios de violencia se debe a la disputa territorial que ha desencadenado una crisis humanitaria en el sur del país, había señalado Pares.
Hace cinco meses, Pares había denunciado la difícil situación en el Departamento de Chocó, que se desprendía de la disputa entre el Clan del Golfo y el ELN por el control territorial.
Se registraron los fuertes enfrentamientos por hacerse al control de las cuencas de los ríos, específicamente las cuencas de Truandó, Cacarica, Salaquí, Juguamiandó y la subcuenca del río Atrato.
Las cuencas resultan objetivo para el manejo de economías ilícitas como el narcotráfico, tráfico de personas, contrabando, tráfico de armas y movilidad de tropas.
El Chocó, con una población 80 % negra y 16 % indígena, ha sido una de las regiones más afectados por el conflicto armado y la profunda desigualdad social de Colombia.
Además de la presencia de casi todos los grupos armados, este rincón del país nunca ha sido una prioridad para los gobiernos, y la misma población afirma que han vivido históricamente en el olvido.
Las cifras de esta crisis
Muestra de ello es que, en 2018, según el Registro Único de Víctimas, se registraron 86.929 casos de desplazamiento a nivel nacional.
Sobre el departamento del Chocó, entre 2016 y 2018—a dos años del Acuerdo de Paz— se han perpetrado 28.651 casos de desplazamiento forzado.
Por su parte, a nivel nacional se han registrado 19.591 casos de confinamiento; de los cuales 10.794 caso se han presentado en el departamento de Chocó.
Además, desde el año 2016, año de la firma del Acuerdo de Paz, en el departamento de Chocó se registraron 17.420 casos de desplazamiento bajo la categoría de expulsión, 6.062 casos de recepción y 14.294 por la de declaración.
En 2017 se registraron 15.740 casos de expulsión, 4.311 casos de recepción y 13.629 casos declarados. En el 2018, hay registrados 3.628 casos de expulsión, 1.273 de recepción y 3.878 casos de declaración.
*Publicado originalmente con el título Chocó, entre la guerra y la ayuda humanitaria. Haga clic aquí para ver el artículo en Fundación Paz & Reconciliación.
