Hace unos días causó polémica un trino del fiscal general donde decía “Somos la Fiscalía General de la Nación más sólida de este continente, por encima de la mexicana y la brasilera. Es una Fiscalía construida sobre pilares muy complejos”.
Doctor Barbosa, no puedo estar de acuerdo con su afirmación, por los breves y rápidos motivos que procedo a exponer, no sin antes aceptar que buena parte de la triste problemática de la administración de justicia en Colombia también reside en otras instancias, por ejemplo, el Congreso y su sempiterno populismo punitivo, endosándole al derecho penal la solución de todo problema coyuntural que genere alarma en la sociedad, o las altas cortes, politizadas, que emiten jurisprudencia pensando que esto es “Dinamarca y no Cundinamarca”.
Señor fiscal general, puede que en las unidades de élite que tienen su sede en el búnker de la entidad, consentidas del fiscal general de turno, cada fiscal tenga fiscal auxiliar, investigador y asistente propios, con las más altas tecnologías informáticas y forenses a su servicio. Puede que, en los casos de connotación nacional, mediante la famosa “priorización” de casos, se consigan resultados que eventualmente satisfagan el reclamo de justicia de parte de una sociedad cansada de la corrupción y de la impunidad (por lo demás, el término casos “priorizados” no es sino el reconocimiento que en los casos penales hay castas, hay casos de primera, segunda, tercera categoría).
Pero, doctor Barbosa, ojalá pudiera hacer usted una suerte de experimento de “jefe encubierto”, yendo como usuario a cualquier fiscalía ordinaria del país, a ver cómo le va en lo que se refiere a los casos “no priorizados” o “del común”, esto es, los casos que tocan o interesan al 99 % de la población usuaria de la administración de justicia, no al 1% que tuvo la suerte de que su caso quedara en una unidad “de élite” o fuera “priorizado”, y esto es lo que va a encontrar:
- Habitualmente (aclaro, no siempre) un funcionario con cara de pocos amigos, que después de exigirle un número de radicado larguísimo, le va a decir que el caso está “para estudio”, “para emitir programa metodológico”, “pendiente de informe de policía judicial”, “en estudio de nuevas órdenes de policía”, y así durante años. ¡Ay, donde se haya producido cambio de fiscal, porque inicia un nuevo ciclo de excusas, esta vez al tenor de “el señor fiscal está estudiando las 1000 carpetas que tiene este despacho”! Del investigador asignado dígase que tiene una carga laboral igual o superior a la del fiscal. Una justicia tardía es una justicia anómica, de espaldas a las necesidades de la sociedad.
- Denuncias y noticias criminales que contienen claras conductas delictivas, resultan increíblemente archivadas por motivos que escapan a la comprensión del ciudadano del común: “atipicidad objetiva”, “imposibilidad de identificar e individualizar a los autores” (¡cuando nunca se emitió una orden a policía judicial para lograr la tal identificación e individualización, cuando se le pide a la víctima del raponazo de celular que traiga tales datos!). Lo que el ciudadano del común no sabe es que su caso resultó víctima de una de tantas “archivatones” que se hacen al interior de las unidades de la entidad, hechas con el ánimo de bajar las escandalosas cifras de congestión que presenta la Fiscalía (entidad que a 1º de enero de 2005 tenía cero cargas laborales en cuanto a procesos bajo el nuevo sistema penal acusatorio de la Ley 906 de 2004).
- Sobrecongestión y colapso de la Fiscalía en indagación preliminar y en juicios[2]. En efecto, hay fiscales que tienen carga de 1.000 o más carpetas, y frente a semejante monstruo laboral el funcionario solo puede sacar adelante lo urgente, lo de detenido. ¿Y a quién le endilgamos la culpa de la congestión? De nuevo, el fallo es multisistémico, pero buena parte de la responsabilidad está en las altas esferas de la fiscalía general de la Nación.
- Pandemia. Durante la pandemia del Covid19, la Fiscalía –supuestamente- atendía a sus usuarios mediante canales electrónicos (PQRS de la plataforma de la entidad, correo electrónico, etc.) pero la gran verdad es que eran pocos los funcionarios que respondían solicitudes y requerimientos vía correo electrónico, y lo que era una excelente oportunidad para bajar los índices de descongestión de la entidad, creo que se desperdició absolutamente.
Señor Fiscal General, las más recientes encuestas dan una imagen desfavorable de la entidad en torno al 63.2 % y 72 % (para el año 2000 la imagen desfavorable era de un 26 %)[3], ¿cómo predicar, entonces, que esta es la Fiscalía más sólida del continente cuando en México la Fiscalía General de la República marcó un 65.2 % de aceptación para este año 2021 y los “jueces” marcaron un 56.9 %[4], y en Brasil la desconfianza hacia la rama judicial como un todo marcó un 31 %, y la desconfianza hacia el Ministerio Público marcó un 30 %[5]? ¿Cómo o bajo qué parámetros es que Ud. concluye que su Fiscalía es más sólida del continente, por encima de la de México o la de Brasil?
Dr. Barbosa, hoy en día quienes nos desempeñamos en el litigio en materia penal, recomendamos a nuestros clientes presentar denuncias penales, no porque tengamos esperanza de que los casos van a terminar de manera satisfactoria en términos de verdad-justicia-reparación, sino bajo la premisa de que se cumpla con el deber ciudadano de denunciar y de cumplir con las normas de compliance que vinculan a las personas jurídicas, solo por eso. Es la verdad, Señor fiscal general, ya no hay fe, ya no hay confianza, en la institución que usted preside y que tuve el honor de integrar hace muchos años.
Dr. Barbosa, ¿en vez de hacer afirmaciones ligeras, de espaldas a la cruda realidad de la institución, no sería hora, mejor, de tomar decisiones trascendentales para la entidad, de plantear los debates que a nivel nacional requiere la administración de justicia?
[1] Abogado de la Universidad Externado de Colombia, con postgrados en la Universidad Complutense de Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, con experiencia en la fiscalía general de la Nación, Ministerio de Relaciones Exteriores, Jaime Granados Peña & Asociados Abogados Consultores, socio fundador de Bohórquez & Umaña Consultores S.A.S, actualmente abogado litigante y consultor.
[2] En el 2019, de 18.467 casos que llegaron a juicio, el 57% terminó en absolución. Ver https://cej.org.co/sala-de-prensa/en-2019-fiscalia-perdio-casi-6-de-cada-10-casos-que-llegaron-a-juicio/ .
[3] Ver https://www.semana.com/nacion/articulo/solo-el-33-tiene-opinion-favorable-de-la-jep-25-de-la-corte-suprema-y-62-de-la-farc-invamer/202137/ . La percepción negativa de la justicia en Argentina casi alcanza la de Colombia, con un 64.8%, ver https://www.clarin.com/politica/encuesta-incomoda-duelo-imagen-negativa-gobierno-congreso-justicia_0_oqpRIRv9.html .
[4] Ver: https://www.infobae.com/america/mexico/2021/09/23/amlo-dio-nuevo-espaldarazo-al-ejercito-felicito-a-las-fuerzas-armadas-por-los-altos-niveles-de-confianza-entre-la-poblacion/ .
[5] Ver https://www.dw.com/pt-br/cresce-a-desconfiança-nas-instituições-no-brasil-segundo-datafolha/a-59307865
