Entre 1973 y 1990 el pueblo chileno estuvo inmerso en una serie de acontecimientos sociopolíticos marcados por la violencia durante el régimen militar de Augusto Pinochet. Fueron 17 años de terrorismo de estado, persecución y represión política que fueron dejando cifras alarmantes de personas a las cuales les fueron sistemáticamente violados sus derechos. Las investigaciones revelan aproximadamente entre 35.000 y 40.000 víctimas; por tortura, ejecuciones, desapariciones y miles de personas exiliadas y judicializadas ilegalmente durante el régimen.
Sin embargo, un plebiscito en 1988 abrió la posibilidad por vía democrática de acabar con el régimen y en 1990 finalmente Augusto Pinochet salió del poder. Los chilenos salieron a votar en masa, reconocieron la importancia de la partición ciudadana y decidieron salir de la represión y la violencia haciendo uso legítimo de sus derechos. ¡Cuánto hay que aprender en Colombia sobre eso, pues aquí ni la mitad de los que pueden ejercer su derecho al voto salen a las urnas y mucho menos hay movilizaciones cuando de defender los derechos humanos se trata! Masacres, torturas, genocidios, falsos positivos, reclutamientos ilegales, violencia sexual, feminicidio, minas anti-persona, corrupción, líderes sociales asesinados sistemáticamente. ¡Aquí parece que no ha pasado nada; nadie ve, nadie oye, nadie sabe!
Pero eso no es lo único que debemos aprender del pueblo chileno, Chile hizo algo que a Colombia le ha faltado hacer durante más de medio siglo; ¡HACER MEMORIA! Esa capacidad de rememoración individual y colectiva que permite al pasado hacerse presente y que permite re-configurar el futuro.
Cuando Patricio Aylwin asumió la presidencia de Chile, en marzo de 1990, propuso esclarecer las violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura de Pinochet mediante la creación de la “Comisión Nacional de Verdad y reconciliación”. Sin embargo, fue una compleja labor aceptar públicamente que habían existido dichas violaciones y el informe estuvo limitado. No obstante, dicha comisión fue el inició para nuevas investigaciones que permitirían hacer memoria, y por ende, comenzar procesos de verdad, justicia y reparación a las víctimas de la dictadura.
Luego del arresto de Pinochet en Londres en 1998, hubo un fuerte auge por la memoria que quería evitar el olvido y la impunidad, y en 1991 se crea el “informe de la comisión Nacional de la verdad y reconciliación sobre la violación a los Derechos Humanos en Chile”, más conocido como el informe Rettig, el cual también tuvo limitantes por presiones de los militares y sectores de la ultra-derecha Chilena pero que logró dejar un gran antecedente en la visibilización y reconocimiento de los derechos humanos que habían sido transgredidos y vulnerados durante la dictadura y muchos casos salieron a la luz pública dando inicio a nuevas y fructíferas investigaciones.
En el 2004, con el presidente Ricardo Lagos, se conformó la “Comisión Nacional sobre Prisión Política y tortura”, más conocido como el informe Valech, este último tuvo más eco sobre la opinión pública por el alcance de la investigación arrojando resultados claves en los procesos judiciales.
En el 2006, Michelle Bachelet, dando continuidad a estas políticas de memoria, inauguró el “Museo de la memoria y los Derechos Humanos” para que la ciudadanía conociera más de cerca y de forma simbólica los vejámenes que dejó la dictadura, y años después, en el mandato de Sebastián Piñera, se conoció el informe de la “Comisión Presidencial asesora para la calificación de detenidos, desaparecidos, ejecutados políticos y víctimas de prisión política y tortura” elaborado en el 2009 y conocido como “Comisión Valech II” también con grandes resultados para los procesos de verdad, justicia y reparación de las víctimas que dejó la dictadura.
Estas 5 comisiones y/o informes permitieron paulatinamente la construcción de una sociedad chilena en paz, o por lo menos, lejos de repetir violaciones sistemáticas a los DDHH, en donde el interés por el pasado y la memoria jugaron un papel determinante en la reparación colectiva del país. Saber la verdad de lo que pasó y hacer justicia contribuyó a la restauración del tejido social del pueblo hermano y hubo resiliencia. ¡Algo que aquí en Colombia cuesta muchísimo comprender!
Las cifras de víctimas que dejó la dictadura Chilena (Aprox. 35.000 a 40.000) no pueden ser comparables en cantidad a las víctimas que dejó el conflicto armado en Colombia (Aprox. 8 millones). Tampoco comparables en duración, pues mientras la dictadura duró 17 años, el conflicto armado ha durado un poco más de medio siglo. Son notables las diferencias en varios aspectos, pero en lo que Colombia sí debe coincidir, es en la necesidad de indagar por el pasado y crear políticas de memoria como lo hizo Chile.
Estas diferencias son precisamente lo que debe darle a la memoria un protagonismo en las dinámicas del posconflicto en el país. Es decir, que la memoria permita, entre otras cosas, revelar la verdad (qué fue lo que pasó durante el conflicto armado y por qué), hacer Justicia (judicializar culpables) y reparar a las víctimas (psicológica, social y económicamente). El estado colombiano debe comprender que la memoria es un factor de comportamiento político, una actividad social compartida que se manifiesta a través de diferentes expresiones (Políticas artísticas, educativas, científicas) ¡La memoria debe convertirse en una política de estado que legitime el derecho a recordar!
Chile conformó y creó cinco comisiones y/o informes a raíz de una dictadura que duro 17 años, por ende, la gran labor que Colombia debe emprender en procesos de memoria por un conflicto de más de 50 años de duración tiene que ser enorme y de gran envergadura investigativa. El Centro Nacional de Memoria Histórica ha comenzado una gran labor hace algunos años y la cátedra de paz en instituciones educativas puede ser también el inició de nuevas transformaciones que permitan la reparación del tejido social del país desde ámbitos pedagógicos, políticos y ciudadanos, siempre y cuando, se le dé a la memoria el lugar y la relevancia que merece en un país que ha violado sistemáticamente los derechos humanos durante décadas y que debe recordarlo.
