El “chanchullo” que realizó en dos oportunidades el honorable Concejo de Rionegro para imponer al personero Carlos Andrés García Castaño ya se salió de madre y de paso ha dejado en la más absoluta deslegitimidad a la Personería, al mismo Concejo y a la clase política de ese municipio antioqueño.
El pasado viernes, nuevamente, el Tribunal Administrativo de Antioquia resolvió que ese nombramiento fue ilegal y por lo tanto dejó sin efectos la resolución con la que catorce concejales nombraron al personero.
Lo que hay por detrás de este nombramiento huele muy fétido, pero huele más maluco el empeño de la mayoría de la duma municipal de mantener un ilícito por encima de las varias advertencias del Tribunal Superior de Antioquia y del mismo Consejo de Estado.
Lo que uno no se explica aún, es ¿por qué la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la República no toma cartas sobre el asunto para devolverle la institucionalidad perdida a una de las entidades más importantes para la defensa de los derechos fundamentales en un municipio, como es la Personería?
Es urgente que estos dos importantes entes de control del país tomen decisiones en torno a los catorce concejales que votaron en dos oportunidades la elección del personero García Castaño, aún a sabiendas de que en el proceso de selección se había introducido un elemento ilegal para hacer aparecer al perdedor como ganador del concurso.
Lo que sucedió en Rionegro es muy grave, lo dijo el Tribunal Administrativo de Antioquia y lo corroboró el Consejo de Estado, que nuevamente, con toda seguridad lo volverá a hacer, para desgracia de catorce concejales que no respetaron la ley y que seguramente, si la justicia opera en este país, estarán en poco tiempo tras las rejas e inhabilitados por muchos años.
