A pesar de que lleva meses con la lupa de la Fiscalía encima por cuenta de su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el abogado César Manrique pudo mantenerse tranquilo en su cargo de director de la Función Pública, el cual ocupó desde agosto de 2022, cuando el presidente Gustavo Petro acababa de llegar a la Casa de Nariño, hasta hace unos días, cuando finalmente presentó su carta de renuncia alegando amenazas contra su vida y problemas de salud.
Él, fusagasugueño de nacimiento, aterrizó en el gobierno como uno de los tantos viejos conocidos de Petro que terminaron premiados. Se conocieron en los 80s cuando ambos militaban en las filas del M-19 y trabajaron nuevamente juntos cuando Manrique fue director del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital en la Bogotá Humana. Durante su paso por la Función Pública ya había sido suspendido en primera instancia por la Procuraduría por haber avalado el nombramiento de Moisés Ninco como embajador en México, pero el de la Ungrd es con diferencia el escándalo más grande en el que ha terminado salpicado.
El pasado agosto, durante una de las audiencias de acusación contra Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López, la Fiscalía mostró un organigrama de la “empresa criminal” que se habría creado dentro de la Ungrd para fraguar todo el entramado de corrupción. Allí, además de los exfuncionarios de la entidad y del contratista, también fue incluido el entonces director de la Función Pública, quien no aparecía como un simple eslabón, sino como la cabeza.
En dicha audiencia, la fiscal delegada María Cristina Patiño aseguró que Manrique habría gestionado junto con Olmedo López y Luis Carlos Barreto el desvío de recursos que correspondían a un convenio entre la Ungrd y la Agencia Nacional de Tierras. Sin embargo, dos meses después el funcionario no ha sido llamado a declarar.
Con su renuncia, se suma entonces a Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y del Departamento Nacional de Inteligencia y a Sandra Ortiz, la exconsejera presidencial para las regiones, entre los funcionarios que renunciaron después de haber sido salpicados en el escándalo de corrupción más grande del gobierno Petro. Por lo pronto, lo reemplazará en calidad de encargado el director de Gestión de Conocimiento de la Función Pública, Paulo Molina.
