Las autoridades tradicionales indígenas de la gran nación wayuu se permiten informar a la opinión pública que al completar más de 210 días de resistencia pacífica sobre la línea férrea, agradecen a todos los líderes indígenas, cívicos y sociales su apoyo incondicional a este movimiento que busca defender y proteger los derechos humanos de la gran Nación Wayuu.
Se le informa también que en el marco de los 210 días de resistencia se resaltan los aciertos y desaciertos de esta gran lucha, socializando además los argumentos del Tribunal Superior de Distrito Judicial, sala de decisión 002 de tutelas, de la ciudad de Riohacha, en referencia a una acción impetrada por este movimiento a través del Dr. Ever Ramos Arregoces; en donde el Dr. José de Jesús Cumplido Montiel mediante Sentencia No. T-028, radicado No. 44001-22-04-000-2017-00043-00, de fecha 20 de junio 2017, magistrado ponente, negó la tutela.
Lamentamos que el honorable magistrado no haya tenido en cuenta nuestras manifestaciones de hecho y derecho, que solo obedecen a la defensa de los derechos fundamentales de la Nación Wayuu, motivada por las flagrantes violaciones a nuestros derechos humanos como pueblos indígenas; pero en cambio sí avaló las argucias desacertadas y de mala fe, presentadas por el señor abogado Jairo Humberto Amaya Rodríguez, en calidad de apoderado judicial de Carbones de Cerrejón Limited.
Lo anterior, aún cuando estudios de universidades altamente reconocidas a través de sus facultades de medicina, concluyen que la actividad minera puede potencialmente afectar los entornos y producir la contaminación de los mismos, lo cual favorece la aparición de afecciones a la salud y calidad de vida de las personas, en especial los más vulnerables como los niños, tercera edad, gestantes y trabajadores informales. Así mismo, Corpoguajira en uno de los apartes de contestación, argumenta que las partículas de carbón menores a 10 micras (PM10) que por su tamaño pueden demorar algún tiempo para sedimentar y salir del contorno de la minería y finalmente las partículas menores a 2.5 micrones, por ser partículas tan finas que son imperceptibles al ojo humano, demoran muchísimo más tiempo en sedimentarse e incluso pueden durar años en la atmósfera que las demás partículas, lo que permite que se desplacen a largas distancias por las condiciones meteorológicas favorables que tenemos en nuestra región.
Rechazamos los argumentos del señor abogado Jairo Humberto Amaya Rodríguez, cuando de manera desacertada y mal intencionada, manifiesta que las comunidades indígenas con área de influencia sobre la línea férrea, no forman ni han formado parte del resguardo indígena, así mismo cuando refiere a que el impacto en el ecosistema de las comunidades wayuu obedece a la superpoblación del ganado caprino en la alta Guajira, cuyo pastoreo ejerce una fuerte presión sobre el ecosistema. Sin lugar a dudas estos descargos mal intencionados, que fueron tomados y aceptados por el señor magistrado ponente, demuestran la forma cómo hemos venido siendo marginados y atropellados por las multinacionales mineras, en este caso Cerrejón, quienes de cualquier manera y a costa de cualquier precio, engañan, intimidan y dividen a la Nación Wayuu.
Así se dejó entrever en el desarrollo de la respuesta de la tutela impetrada por las autoridades tradicionales a través del Dr. Ever Ramos Arregoces, en donde Cerrejón abordó a una autoridad tradicional de manera intimidatoria y la obligó a manifestar que desconocía de tutela alguna y que su firma fue tomada con otros fines. En efecto esta argucia de mala fe fue tomada y aceptada por el señor Juez, compulsándole copia al abogado, ante el Consejo Seccional de la Judicatura por la supuesta falsedad en la firma de la autoridad tradicional. Con gran preocupación observamos cómo el Tribunal Superior del Distrito Judicial, limita y restringe las labores sociales de los profesionales del derecho, que ponen su profesión al servicio y defensa de las comunidades indígenas.
Rechazamos y denunciamos las actuaciones parcializadas del procurador judicial, ambiental y agrario de la Guajira, Dr. César Valencia, quien en virtud de lo ordenado por el Tribunal Superior, luego de realizar inspecciones en los alrededores de la línea férrea, en compañía de altos funcionarios de Cerrejón, fuertemente escoltado y transportado por estos, terminó diciendo que sobre los suelos y jagüeyes no se encontró evidencia de material particulado de carbón, que la fauna y flora presente en el área corresponde a la típica de esas zonas semidesérticas, argumentando además, de manera falaz, que los miembros de las comunidades inspeccionadas informaron que no había presencia en sus comunidades del polvillo de carbón. Estas actuaciones ponen en entredicho las funciones y labores de la Procuraduría General de la Nación como ente garante y defensor de los derechos humanos.
Por último, llamamos la atención y conminamos a las autoridades ambientales, como el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Corpoguajira y el ANLA a que diseñen un plan estratégico y serio, tendiente a verificar si en efecto con la operación del transporte del carbón desde el centro de extracción, hasta su punto de llegada, se producen daños ecológicos, que más daños ecológicos, causan graves afecciones a la salud humana.
Suscriben:
AUTORIDADES TRADICIONALES MOVIMIENTO INDÍGENA NACION WAYUU
