Esta es quizá la columna más larga que hasta hoy he escrito, pero las circunstancias lo exigen.
Más dudas que certezas rodean la captura de los nueve presuntos miembros del Movimiento Revolucionario del Pueblo –MRP- supuestamente culpables del bombazo contra el Centro Andino que produjo la muerte de tres mujeres el pasado 17 de junio e hizo que pasara a un segundo o tercer plano un acontecimiento histórico tan importante como la dejación definitiva de las armas por parte de las Farc.
La duda principal reside en una paradoja, pues se trata de un atentado en apariencia organizado y ejecutado por gente de extrema izquierda, pero que beneficia los intereses políticos de la extrema derecha.
Es cuando vienen a la memoria algunos ‘falsos positivos’ judiciales de circunstancias inquietantemente similares, como el asesinato de Gloria Lara que en 1982 fue atribuido a la Organización Revolucionaria Popular –ORP- (solo cambia una letra con MRP), o las falsas capturas tras los asesinatos de Luis Carlos Galán y Jaime Garzón, realizadas con el propósito específico de desviar la investigación, como habría de comprobarse con el paso del tiempo.
Conviene fijar la atención sobre todo en el asesinato de Gloria Lara, ocurrido en momentos en que el gobierno de Belisario Betancur adelantaba unas negociaciones con el M-19 a las que se oponía con no disimulada furia el estamento militar, y cuyo objetivo habría sido –según documentado artículo de Las 2 Orillas- “mostrar al país que la izquierda era cruel y asesina y no digna de un proceso de paz”. (Ver artículo).
La principal similitud con lo del Centro Andino reside en que la ORP en efecto existió, como movimiento político de carácter maoísta ligado a las reivindicaciones campesinas, aunque al momento del secuestro de Lara se encontraba desactivado debido a contradicciones internas, pero ello no fue óbice para que a algunos de sus miembros se les hiciera ver como los culpables mediante la “siembra” de pruebas que condujeron a su captura. Luego habría de demostrarse que el asesinato fue ejecutado por una banda de delincuentes comunes, la misma que secuestró al funcionario de la Texaco Kenneth Bishop, y cuya autoría también fue atribuida a la ORP.
En el caso de las capturas por lo del Centro Andino, tanto la Fiscalía como la Policía han usado la palabra “trazabilidad” para señalar diversas culpas sobre los capturados, pero esa misma trazabilidad llevaría a pensar que no se trata de un montaje nuevo sino la repetición de un modus operandi que ya ha sido escenificado, y con macabro éxito.
Lo cierto es que a esos sospechosos, en lugar de garantizárseles el debido proceso han sido sometidos a un linchamiento mediático mediante la filtración selectiva de supuestas pruebas a diferentes medios de comunicación, en lo que luce como un plan orquestado por una mano negra interesada en que el país entero los ‘juzgue’ antes de ser llevados a la justicia ordinaria, y sin que hasta el momento sepamos si los que filtran la información pudieran ser un tentáculo más de la misma poderosa y verdadera mano negra que estaría detrás del atentado.
Porque es que, no nos vengan con pendejadas, resulta descabellado creer que un grupo de jóvenes abogados y ‘revoltosos’ de izquierda, a los que Semana llamó “inadaptados extremistas”, pudiera contar con la sofisticación logística y operativa requerida no solo para cometer un atentado en un sitio tan neurálgico, sino para desconocer el aprovechamiento político que de ello habrían de obtener los opositores al gobierno de Juan Manuel Santos, en la medida en que “siembra” contundentes dudas sobre el proceso de paz que se acaba de cerrar con las Farc y el que hoy se adelanta con el ELN, al cual se le adjudica de carambola el bombazo contra el Centro Andino, puesto que se señala al MRP como una célula de milicianos radicales pertenecientes a esa agrupación subversiva.
De acuerdo con la información suministrada por la Fiscalía (pero no a la jueza de control de garantías sino a la revista Semana en artículo titulado Las comprometedoras pruebas del atentado al Centro Andino) a los capturados se les venía haciendo un detallado seguimiento desde meses atrás, que incluyó saber de “una extraña búsqueda de planos y geolocalizaciones específicas (…) cerca del Centro Andino”. Es entonces cuando el Espectador capcioso se pregunta por qué no fue posible que los organismos de seguridad hubieran evitado el atentado, pero sí que hubieran capturado a los supuestos terroristas con sorprendente facilidad unos días después. (Ver artículo).
En todo conflicto librado entre hombres ‘guerreros’, poca importancia reviste cuando las víctimas colaterales son mujeres. Es otra coincidencia entre el asesinato de Gloria y las tres víctimas del Centro Andino. Y el bombazo en un baño femenino apunta directamente a culpar a los presuntos autores de otros estallidos dentro de baños en meses anteriores. En apariencia, todo fríamente calculado.
En este contexto convendría que se supiera qué hay de cierto en que por misteriosa coincidencia el día del atentado no estaban funcionando las cámaras del Centro Andino, y que ese habría sido el motivo por el cual los organismos de seguridad entregaron a la opinión pública retratos hablados de dos de los supuestos implicados, cuya fisonomía en nada coincide con ninguno de los capturados, como lo advirtió el abogado penalista Ramiro Bejarano en este trino. ¿Y por qué quedó en el olvido la versión de la esposa de Richard Emblin, director del periódico City Paper, según la cual cuando ella iba saliendo del baño donde luego explotó la bomba, se encontró con un hombre en su interior, a quien le peleó y le preguntó qué hacía allí? (Ver noticia).
Convendría que a la par con el despliegue que tuvo el linchamiento mediático, se le diera la misma divulgación al comunicado expedido por la Fundación Defensa de Inocentes, presidida por Sigifredo López, donde quedan en evidencia las falacias publicadas por Semana (“asaltada en su buena fe”) y se demuestra que la intención de quienes filtraron esa información “es la de construir un proceso paralelo al judicial ante un medio de comunicación, con el único objetivo de presentar a los jóvenes imputados como responsables del atentado terrorista”.
Está además la carta que la parlamentaria alemana Heike Hänsel, Presidente de la Subcomisión para Naciones Unidas, Organizaciones Internacionales y Globalización, le dirigió al fiscal Néstor Humberto Martínez, donde le pide “que cesen las acusaciones y los señalamientos anticipados y se garantice el debido proceso en el contexto de una investigación seria y responsable”.
No somos los periodistas ni los editores ni los directores –sobre quienes recae la mayor responsabilidad- los llamados a absolver o culpar a unos u otros, extrema izquierda o extrema derecha. De eso deben encargarse los jueces, no los medios a los que se les ha convertido en idiotas útiles para la propagación de una sola versión de los hechos, la que sirve a los intereses de aquellos que en incontables ocasiones han recurrido a ‘falsos positivos’ judiciales o militares para torcer el rumbo de las investigaciones al amaño –y al tapujo- de los verdaderos culpables.
DE REMATE: No entiendo: ¿Por qué tanta gente en Colombia está tan convencida de que un tipo que toda su vida ha estado rodeado de tantos pillos... no es un pillo?
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