El desarrollo del país a pesar de estar anclado a la modernización de lo urbano se ha pensado desde el centro, de Bogotá hacia las regiones, de las capitales hacia los municipios y desde estos hacia sus zonas rurales. Todo lo anterior, sin un eje que los articule y propicie la competitividad del país.
Nuestra paquidérmica red vial no es una red, sino una costosa trampa en la que se pierden no solo multimillonarias inversiones, sino buena parte de la productividad de la economía, que a su vez se confabula contra los más pobres.
Algunos datos, muchos de ellos conocidos, pero ignorados según la conveniencia, nos regresan al mundo de las cavernas en pleno siglo XXI.
Así como el desarrollo económico está de espaldas al campo colombiano, nuestras grandes ciudades han permanecido ajenas a su propia naturaleza, su diversidad y sus potencialidades.
Pensar en una Colombia federal no es una idea descabellada, el país social, no el político ni politiquero, requiere de acciones contundentes que la saque del atolladero en el que se encuentra, razón tiene un cartel que está en las redes sociales: “en la vida tal vez se necesita un médico, un abogado, un arquitecto, pero por lo menos tres veces al día se requiere de un campesino”.
¿Qué ganarían los departamentos (estados federados) cambiando el modelo? Más autonomía política, tributaria, se limitaría la “rolocracia”, mayor capacidad de gestión para atender las necesidades de sus pueblos. Pero, también se requiere fortalecer el gobierno de la república para mantener la cohesión patria.
Entonces, ¿se podría mantener el modelo centralista pero con una mayor descentralización, para no desbaratar lo que tenemos? Considero que esa visón puede ser viable, el problema está en que la descentralización queda al vaivén del gusto del presidente de turno. Unos buscaran mayor descentralización, otros concentrarla de nuevo, como ha pasado históricamente en nuestro país.
Claro que una Colombia federal debe ser un punto de llegada con un proceso de transición muy detallado. Pero hoy se podría comenzar. Por lo menos cuatro competencias y recursos deben ser ya trasladadas a los departamentos: salud, educación, agua potable y medio ambiente. Cada departamento, o las ciudades a las que se les otorguen esas competencias, puede decidir cómo entregar esos servicios. Unos decidirán como servicios públicos estatales. Otros en concesión a privados. En fin, el gobernante elegido lo determina en una franca lucha democrática y de eficiencia que los electores aprobarán o desaprobarán.
Claro, esas competencias que se entregan a los departamentos deben desaparecer de un Gobierno central que queda con unas pocas funciones que debe ejercer bien. Obvio, la seguridad, la justicia, las relaciones internacionales, la hacienda, la planeación y el control son las principales. Pero este desmonte de las competencias y la burocracia nacional debe ir acompañado de una eficaz capacidad de vigilancia, evaluación e intervención del nivel central en caso de malgasto, corrupción e ineficiencia.
Para nadie es un secreto que en Colombia se acerca el momento en que se van a tener que rebarajar las cartas. La crisis institucional, la falta de gobernabilidad, la recesión económica y el éxodo de venezolanos, entre tantos otros factores, están poniendo sobre la mesa la necesidad de unas nuevas reglas para una nueva Colombia. A medida que se agudiza la crisis se habla con más frecuencia de asambleas constituyentes, de nuevos partidos, de otras opciones de Estado y de un nuevo proyecto de país.
