Los primeros cien días del gobierno de Iván Duque han sido más de los mismo. Ha dejado claro que continuará promoviendo los mandatos del Fondo Monetario Internacional (FMI), del Banco Mundial (BM), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y demás organismos internacionales. Generación E y la Ley de financiamiento, radicada desde 31 de octubre, son el cumplimiento a rajatabla de las políticas impulsadas por organizaciones internacionales, que resuelven volver los derechos un privilegio.
En educación superior, Duque propone seguir financiando la demanda con créditos educativos, ejemplo de esto son los 3,6 billones de pesos que busca darle al programa Generación E, aun cuando los estudiantes y profesores están pidiendo $3,2 billones para que las universidades públicas puedan funcionar. Finalizando el gobierno Santos II, se aprobó el Sistema de Financiación Contingente al Ingreso, mediante la Ley 1911 de 2018, con el beneplácito de Duque, que fue ponente y defensor. Esta establece que el Estado no asume la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación, sino que se encarga de brindar acceso a créditos educativos, los cuales serán pagados cuando el graduado empiece a laborar. Lo más inicuo es que la cuenta de cobro que le pasará el estado a los egresados, será del 12% y hasta el 19% del salario que empiecen a percibir una vez ingresen al mundo laboral, que, además, serán sumados a los 640 mil clientes de crédito que hoy tiene el Icetex, incluso cuando Colombia ocupa el puesto 36 en términos de la población entre 25 y 34 años con educación superior (incluyendo la tecnológica), con el 28,1%, mientras que el promedio en países de la OCDE es 44%.
El gobierno transgrede la verdad cuando afirma que no hay dinero suficiente, en lo que también se escuda impulsar la peor reforma tributaria, que grava 95 productos de la canasta familiar con el IVA del 19% y, a 75 productos que hoy tienen IVA del 5%, también se les elevará a 19%, profundizando el modelo que hoy hace que sean once las generaciones que se necesiten, para que una familia colombiana supere la pobreza. Para la OCDE dicha desigualdad se calcula con una proporción de 5 a 1. Es decir, por cada peso que los hogares con menores ingresos reciben de subsidio implícito por las diferenciaciones en el IVA, los hogares más ricos reciben $5. Pero, para Hamid Faruqee, jefe de Misión para Colombia en el departamento del hemisferio occidental del FMI, el proyecto “es coherente con las recomendaciones de política económica realizadas por el organismo en los últimos años”, evidenciando, una vez más, las perversas intenciones de los organismos internacionales.
En algo que han coincidido los gobiernos de Santos y Duque es en su visión de educación, puesto que ambos han escogido negar la educación como un derecho, y en cambio, han optado por hacerle el juego al capital financiero, cuando se ha probado que, para promover los ascensos en la escala social, es de vital importancia financiar la educación superior pública de calidad.
El 15 de noviembre de 2018, estudiantes y centrales obreras, se movilizaron contra el gobierno de Duque, haciendo exigencias desde el Frente Amplio por la Educación (compuesto por distintas plataformas y asociaciones) y en contra de la “Ley de Financiamiento” de Duque-Carrasquilla. El presidente Duque tiene la responsabilidad de escuchar las peticiones que hacen los distintos sectores, además de dar garantías para la movilización. Es por eso, que organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles y políticas, anunciaron una nueva jornada de movilización conjunta para el 28 de noviembre, haciendo de las calles el escenario para luchar, de manera pacífica y creativa, contra las pésimas políticas de Duque.
Coletilla: Para el 13 de diciembre se está cocinando un gran paro cívico nacional.
