La Fiscalía solicitó medida de aseguramiento este mes de junio a varios exdirectores colombianos de la cementera mexicana Cemex por la venta a la casa matriz de un predio en Maceo, en el Magdalena medio antioqueño, que estaba bajo control de la Sociedad de Activos Especiales en proceso de extinción de dominio. Los acusados son: Édgar Ramírez Martínez, exvicepresidente de Planeación de Cemex Colombia, por presunta administración desleal, enriquecimiento ilícito y falsedad en documento privado, quién fue declarado persona ausente; Camilo González Téllez, exvicepresidente Jurídico de Cemex Colombia por presunta administración desleal y enriquecimiento ilícito en beneficio de terceros, quién se declaró inocente; Eugenio Correa Díaz, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito de particulares, lavado de activos y falsedad en documento privado, quién se declaró inocente.
La empresa cementera Cemex desembolsó más de 13 millones de dólares por el predio de 400 hectáreas que había sido adquirido con dineros ilícitos por José Adelmar Moncada, conocido como “el chatarrero”, un hombre que fue asesinado en el 2016 en un hospital de Medellín y que purgaba una pena de 11 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir, falsedad en documento, fraude procesal y peculado por apropiación. La causa de su condena, fue un entramado empresarial donde cobraba con trampas millonarios recursos correspondientes a devoluciones de IVA por falsas exportaciones de chatarra, por lo tanto, este lote habría sido adquirido por Moncada con plata de un millonario fraude a la DIAN por más de cien mil millones de pesos.
De manera oficial, la Fiscalía reveló que, de acuerdo con la indagación, los directivos de Cemex Édgar Ramírez Martínez, Camilo González Téllez y el empresario Eugenio Correa que realizó la venta del lote, tenían conocimiento de esta situación y a pesar de ello insistieron en la negociación, concepto por el cual la cementera habría desembolsado más de 40.000 millones de pesos. El lote tenía varias ventajas que los implicados supieron vender, reservas de caliza, un titulo minero con permiso de operación y una zona franca.
La forma como lograron convencer a los directivos en México, fue llegándole al entonces vicepresidente ejecutivo de relaciones institucionales para América Latina de Cemex, Francisco Garza Zambrano, a través de la modelo y diva de televisión mexicana, Montserrat Oliver quien es prima hermana de la esposa del ex directivo. Garza Zambrano fue quién contactó a Carlos Jacks Chavarría, presidente de Cemex Colombia desde 2011, para informarle que la señora Montserrat Oliver en compañía de Eugenio Correa Díaz lo buscarían para ofrecerle el terreno para la planta que permitiría aumentar la capacidad de producción en un 22 %.
Los terrenos gustaron, en 2012 los directivos de Cemex, Gonzalez Tellez y Ramirez Martinez, y le dieron vía a la compra por parte de Cemex, y concretaron un acuerdo de USD 11 millones por los derechos de explotación de la mina de piedra caliza; USD 7 millones por la zona franca y USD 4.6 millones por 400 hectáreas de terreno, lo que suma un total de más de USD 22 millones.
Desde entonces, hasta el 22 de septiembre de 2016, Cemex Colombia hizo pagos por 40.000 millones de pesos al empresario Eugenio Correa Díaz, y 14 otro-sies para aplazar el cumplimiento del negocio, que no se podía cumplir, sencillamente porque los bienes estaban en extinción de dominio. A pesar de estos incumplimientos, los directivos de Cemex aprobaban pagos y hasta intereses por saldos pendientes. Debido a la imposibilidad de obtener control sobre los bienes, como solución temporal, se firmó un contrato de arrendamiento por las 400 hectáreas con la Sociedad de Activos Especiales el 15 de julio de 2013 por un millón de pesos, contrato que está vigene hasta el próximo mes, y cuyo poco valor ha sido muy cuestionado. Así se logró que Cemex tuviera acceso a los predios y avanzará en el montaje de la planta, donde alcanzó a invertir 420 millones de dólares.
La situación hizo crisis, cuando Cemex Latam dio a conocer públicamente el 23 de septiembre del 2016, informado a la Superintendencia Financiera de Colombia, que había suspendido de sus puestos a Edgar Ramírez y a Camilo González Téllez, quién además era el representante legal de la compañía. El director ejecutivo de Cemex Colombia, Carlos Jacks, renunció inmediatamente después de la suspensión de sus colegas, con el fin de facilitar la investigación.
Cemex ha desplegado toda una artillería legal y diplomática para que el Gobierno le permita operar la planta que construyeron, cuya apertura estaba programada para mayo de 2017. Contrató a la firma de abogados de Jaime Granados Peña y a PriceWaterhouse Coopers (PwC), para valorar las consecuencias jurídicas de las potenciales irregularidades y realizar las acciones jurídicas ante los organismos gubernamentales. Además de los problemas con la justicia colombiana, Cemex enfrenta una investigación de la Comisión de Valores de los Estados Unidos por presunta violación a la Ley de Prácticas Corruptas. La empresa ha reconocido el incierto futuro de su inversión.
Esta no es la única dificultad que afronta Cemex en el país, el pasado el 20 de junio, el Consejo de Estado le confirmó sanciones por $ 923 millones y $ 138 millones impuestas por la Superintendencia de Industria y Comercio – Entonces era Presidente César Constain Van Reck- por infringir el régimen legal de libre competencia, mediante un acuerdo de repartición de mercados y asignación de cuotas de producción con las otras grandes cementeras Cemex, Holcim y Argos, acuerdos donde lograban incidir en el comportamiento de los precios del cemento gris a nivel nacional.
Los hechos se habrían presentado entre junio y diciembre de 2015, pero este no es el único caso en que las tres cementeras han sido sancionadas por estas prácticas. En diciembre de 2017, la SIC les impuso multas por 200 mil millones de pesos por realizar acuerdos de precios entre 2010 y 2012. El nombre de Carlos Jacks también aparece en las investigaciones que siguen en curso por alteraciones de precios hasta en un 30 % entre 2007 y 2017, con coincidencias de viajes entre los directivos de las empresas involucradas a lugares como Quito, Panamá, Miami y Madrid. En su casa matriz en México, Cemex se ha enfrentado a una reestructuración para afrontar los distintos frentes en el que el de Colombia ocupa su atención.
