Hace 18 años la sentencia en vivo y en directo del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se cumplió a rajatabla: “El cemento es del pueblo”. Acto seguido, el 13 de marzo de 2006 fue expropiada la planta de Cementos Argos que funcionaba en Llanadas de Monay, estado Trujillo. Desde entonces espera una indemnización que no ha llegado, pero en los dos últimos meses han aparecido algunas señales.
Ocho años operó Argos en el mercado venezolano a través de su fábrica, Corporación de Cementos Andinos, que le compró al Estado en una subasta internacional en 1997. En el momento de la expropiación estaba produciendo 1 millón de toneladas de cemento y proyectaba 770.000 de clínker de las cuales pensaba exportar a Panamá y Haití 300.000. En el mercado local planeaba vender 600.000 toneladas de cemento. Cementos Argos empezaba apenas su internacionalización que después de veinte años ha consolidado con creces logrando en Estados Unidos una de las más ambiciosas fusiones del 2023 que lo colocó en las ligas mayores.
Durante esos años, diez centros de producción de cemento disputaban el mercado con marcas extranjeras como Holcim, Cemex, Lafarge, y una prestigiosa venezolana, Cementos del Catatumbo. En todas se cumplió la sentencia del comandante. Y todas salieron de Venezuela tras recibir lo correspondiente a la expropiación. Menos Argos.
Todos los casos no fueron tan expeditos. Cemex, por ejemplo, tuvo que acudir a los buenos oficios del entonces presidente de México, Felipe Calderón para que se le pagara. Argos no podía apelar a tan alta instancia por el enfrentamiento entre el presidente Álvaro Uribe y Hugo Chávez. Baste recordar el incidente en la Cumbre de Río en Cancún el 23 de febrero de 2010, cuando tras el reclamo de Uribe por el tratamiento comercial a las empresas colombianas el tono subió y Chávez trató de retirarse del recinto. Uribe increpó: “¡Sea varón, quédese aquí y hablemos de frente!”.
Desde la sentencia de expropiación en el 2006, Argos empezó los trámites legales. Tuvo que sortear inicialmente la acción interpuesta de un tercero que decía tener la propiedad. En 2012, el Tribunal Supremo de Justicia falló a favor de la cementera colombiana.
El ministro Germán Umaña abrió el camino
Hoy la planta está totalmente deteriorada tras haber estado en manos inexpertas. Hace dos meses, el exministro de Comercio Exterior, Germán Umaña quien dejó su cargo el 23 de mayo, le dijo al portal económico Bloomberg que hay negociaciones con Venezuela, y que esa nación está dispuesta a encontrar soluciones evitando confrontaciones legales. Como las de 17 expropiadas que en Estados Unidos buscan recuperar USD 23.000 millones con la subasta de Citgo, la joya de la corona de Pdvsa, en un proceso que culminará el próximo 18 de julio.
Umaña ha tenido relación de vieja data con Venezuela, y fue presidente de la Cámara de Comercio Colombo-Venezolana hasta su posesión como Mincomercio. El nuevo ministro Luis Carlos Reyes Hernández, asumió el cargo el 11 de junio, y por eso en el sector creen que es conveniente un compás de espera para medir su interés en continuar con el acercamiento y las negociaciones.
Argos espera recuperar su planta que está cerca de la costa, lo que facilitaría las exportaciones hacia Estados Unidos, donde se ha colocado como la cuarta compañía en producción tras la unión comercial con Dummit Materials. De acuerdo con el medio especializado, Argos solicitó licencia a Estados Unidos para recibir la planta como indemnización sin violar las sanciones impuestas al régimen de Nicolás Maduro.
“Argos ha venido realizando todos los esfuerzos jurídicos y diplomáticos a su alcance para obtener la indemnización correspondiente, lo cual hasta este momento no se ha materializado” dijo a Las2 Orillas el presidente de Argos, Juan Esteban Calle, quien está en el cargo desde hace ocho años.
Una señal para mantener el optimismo es la aprobación de la Ley de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Colombia y Venezuela, acuerdo que fue suscrito en Caracas el 3 de febrero de 2023, del que los ministerios de Relaciones Exteriores y de Comercio son autores. En su cuarto y último debate el proyecto fue aprobado en la Cámara el 22 de mayo de este año.
La protección de inversiones es considerada condición sine qua non para impulsar las inversiones entre los dos países. Aunque la ley ya hizo todo el tránsito en el Congreso falta, por ser tratado, que la Corte Constitucional lo ratifique, y que Venezuela haga el mismo trámite y lo apruebe.
Ciamsa en la lista
El exministro Umaña también se refirió en Bloomberg a la indemnización de la empresa de exportación de azúcar de varios ingenios del Valle que Chávez expropió el 28 de abril del 2010. Ese día la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, expidió el decreto de expropiación de Central Azucarero del Táchira C.A. (Cazta), ubicado en Ureña. La empresa pertenecía al grupo colombiano Comercializadora de Azúcares y Mieles S.A. (Ciamsa), fundada en los años 60 por un grupo de ingenios vallecaucanos que adelantaron un proyecto binacional en que se producía azúcar crudo en Colombia y se refinaba en el Táchira.
En los años de la fiebre de la integración el gobierno de Carlos Andrés Pérez sacó a la venta el pequeño ingenio cerca de la frontera y a Ciamsa le pareció una buena oportunidad para entrar a Venezuela. Catza funcionó con algunas dificultades, pero cuando Hugo Chávez decidió expropiarla, la situación se resumía en que había logrado amortizar la inversión durante los años que operó y los perjuicios de la decisión se atomizaron entre los numerosos inversionistas.
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Hoy los inversionistas están a la expectativa de las negociaciones con Venezuela, que todavía no se ha pronunciado sobre los anuncios hechos por el exministro colombiano. Por su parte, Calle dice que la cementera “mantiene su optimismo y seguirá avanzando en el proceso judicial de reclamación ante Venezuela, con la confianza del derecho que le asiste y la apertura a explorar todas las alternativas y mecanismos para lograr la compensación efectiva por la confiscación de sus activos".
El trasfondo lo ocurrido con Argos y Ciamsa es la búsqueda de Maduro de dar una vuelta al estatismo del pasado, y dar señales devolviendo algunas empresas a manos privadas, mientras da paso a alianzas estratégicas que ayuden a impulsar la deteriorada economía venezolana. Que reverse la década 2012-2012 de 1.168 expropiaciones de Hugo Chávez a través del teléfono de Aló Presidente.
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