El último tramo del Congreso de la República y del Ejecutivo en cabeza de Iván Duque no perfila ser alentador para la ciudadanía. Varios hechos sucedidos en los últimos días de 2021 ratifican cuál es la postura de las mayorías legislativas y del Gobierno nacional de cara a las verdaderas problemáticas del país.
Es así que en la última sesión ordinaria del Congreso de la República del día 16 de diciembre extrañamente se dio la ruptura del cuórum luego de votarse la proposición final del proyecto de otorgamiento de la calidad de distrito turístico, cultural e histórico al municipio de Puerto Colombia del departamento del Atlántico. “Un saludo a la bandera”, como indicó la senadora Aída Avella en su voto positivo.
En esta votación se generó un consolidado de 57 votos por esta proposición, mayoría calificada. Posterior a ello, al pretenderse votar por el articulado del proyecto se obtuvieron 48 votos, indicando ello que se podía únicamente deliberar, y que la votación se debería dejar para el próximo periodo, en tanto allí terminaba el periodo ordinario, impidiéndose votar también el proceso de reducción en el periodo de vacaciones de la rama legislativa, una iniciativa que pretendía pasar de tres meses a dos meses en dicho periodo de vacaciones.
El 19 de diciembre dio inicio al periodo de sesiones extraordinarias. De esta manera se generó una sesión virtual del Congreso, en donde se hizo lectura de los proyectos a los cuales se habría de dar trámite durante el periodo extraordinario convocado por el presidente de la república; tales iniciativas correspondían al proyecto que dicta normas tendientes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana, el proyecto por medio del cual se dictan normas encaminadas a fomentar, promover la sostenibilidad, la valoración y la transmisión de los saberes de los oficios artísticos de las industrias creativas y culturales y artesanales y del patrimonio cultural en Colombia, y el proyecto de ley por medio del cual se desarrolla el artículo 325 de la Constitución Política y se expide el régimen especial de la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca.
La sesión del 20 de diciembre tuvo una duración de algo más de nueve horas. Se inició con el trámite del Proyecto de Región Metropolitana, frente al cual las principales controversias se dieron en torno a la afectación de la autonomía de los municipios, el vacío de poder con el que podría quedar la ciudadanía, la entrega del territorio a especuladores de la tierra para urbanización, la vulneración a las comunidades indígenas que habitan el territorio, la recentralización y el dar la espalda a las consultas populares.
Especial discusión se presentó frente al artículo 43 del proyecto, en referencia a la tasa impositiva para la ciudadanía; el ponente del proyecto explicó que este proceso corresponde a la posibilidad de que los diversos concejos municipales realicen el trámite y tomen decisión frente a la manera en que se han de conseguir los recursos para la realización de obras. Queda así en manos de los diversos concejos municipales y el Concejo de Bogotá decidir en materia impositiva para la ciudadanía.
Pasadas cinco horas de la sesión se abrió trámite al proyecto de fortalecimiento de la seguridad ciudadana, que en la ponencia negativa y de archivo presentada al mismo denuncia la criminalización de la protesta social, el ánimo de generar un ambiente de opinión propicio para el avance de un modelo punitivo y autoritario, que no apunta a la solución de las problemáticas que señala el proyecto.
Es así que cabe preguntarse si es con el aumento de penas y la generación de nuevos tipos penales que se solucionan fenómenos que tienen que ver con la convivencia ciudadana, si este proyecto de ley se encamina hacia la solución de las masacres en los territorios (88 durante 2021, con 313 víctimas), si soluciona el desplazamiento forzado y si resuelve el asesinato de líderes y lideresas sociales (152 en el año que acaba de finalizar), ello sin hacer mención de los 43 firmantes del acuerdo asesinados en el extinto año, según cifras de Indepaz.
Dentro de estos cuestionamientos cabe señalar también que el proyecto no da solución al monopolio de las armas y la presencia del Estado en los territorios. Es decir, no apunta a solucionar situaciones como las que se viven actualmente en Arauca o las escenas de personas no pertenecientes a las fuerzas armadas disparando contra manifestantes con la connivencia de los cuerpos armados en medio del estallido social y que siguen profundizando el no cumplimiento de los acuerdos firmados en 2016, donde las víctimas son los actores centrales y se les ha de seguir revictimizando y con el desconocimiento de la realidad generar a su paso más y más víctimas.
Es así que el proyecto da promoción a la toma de justicia por mano propia, estimulando la creación del paramilitarismo urbano, según señaló el senador Iván Cepeda; profundizando la violación a los derechos humanos; garantizando el asesinato aleve de ciudadanos manifestantes o no (casos emblemáticos los de Dilan Cruz y Javier Ordóñez a manos de cuerpos armados oficiales en el país); promocionando las desapariciones de quienes demuestran su inconformidad ante la desigualdades presentes en la sociedad.
En consecuencia, se procedió a la votación de la ponencia negativa y las proposiciones de archivo del proyecto, que resultó con 56 votos negativos y 26 por el sí. Esto dio así continuidad al debate, negando aquellas proposiciones de archivo. Finalmente se votó de manera positiva la proposición favorable a dicho proyecto, lo que dio continuidad al segundo debate del proyecto de seguridad ciudadana; se excluyeron unos artículos de la votación en su conjunto por ser aquellos que tenían proposiciones y que mayor problemática generan en torno a las garantías para la ciudadanía. Por consiguiente, el proyecto quedó aprobado y daría continuación a la discusión de los mencionados artículos excluidos en la sesión del día siguiente.
El 21 de diciembre se inició la sesión con la votación del proyecto de ley en el que se constituye el sistema nacional de insumos agropecuarios y política nacional de insumos agropecuarios, que resultó aprobado positivamente. Esperemos que ello se constituya en una realidad para el campesinado, que también espera el cumplimiento de los acuerdos, en especial el punto uno de reforma rural integral; esperemos también que el aumento del salario mínimo no resulte siendo vulnerado de manera indirecta con el aumento de los diversos insumos y por ende de los productos finales, que adquieren quienes devengan el ya de por sí precario millón de pesos; esperemos que se privilegie la producción nacional por sobre los productos importados que llevan a pérdida al agro, la industria y manufactura del país, como es el caso actual con la autorización por parte del gobierno para la importación de leche en polvo al país.
La segunda parte de la sesión de cerca de cinco horas llevó a la continuación del debate del proyecto de seguridad ciudadana, del cual se retiraron los parlamentarios de la oposición, advirtiendo la denuncia por inconstitucionalidad y violación a derechos humanos ante la Corte Constitucional y organismos internacionales, en tanto el proyecto desconoce los pronunciamientos hechos por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que visitó Colombia en junio deb2021, instaurando figuras como la legítima defensa privilegiada y rasgos de la autodefensa.
Esperamos así los pronunciamientos de los organismos internacionales así como el pronunciamiento de la Corte Constitucional señalando la inconstitucionalidad de este proyecto y de la cereza del pastel anunciada el día 24 de diciembre por la Presidencia de la República con el Decreto 1851 de 2021 como respuesta al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 8 de julio de 2020, que crea más de 1200 cargos en la Procuraduría, que pueden ser utilizados de manera política en la antesala de las elecciones a desarrollarse en el presente año.
En conclusión, restan escasos cuatro meses a los parlamentarios que retoman sus funciones el 16 de marzo y siete meses al presidente de la República, que junto con su gabinete ratifican la omisión a las necesidades de la ciudadanía en medio de un estallido social que continúa y la exigencia al cumplimiento de los acuerdos de paz que se perfilan hechos trizas, así a nivel internacional se pretenda mostrar lo contrario.
Lo anterior sin mencionar la dilación que se ha dado al proyecto de ley que ratificaría la inclusión del país en el acuerdo de Escazú pactado en 2018 por 24 naciones latinoamericanas, cabe aclarar que Colombia ocupa el deshonroso primer lugar en asesinatos a líderes ambientales en el ámbito mundial, con casi la tercera parte de los mismos, y este acuerdo se perfila como una herramienta para la protección de la vida de las y los defensores de la naturaleza.
