¡Los están matando! ¡¿Cómo es posible que permitan ahora la caza de tiburones para cortarles sus aletas y botarlos moribundos al mar?! Es un horror.
Al ver frases como las anteriores es casi imposible no sentir indignación. Nos sentimos casi obligados a no aceptar tal tipo de barbarie en nuestros tiempos y creemos que alzando la voz tendremos el impacto necesario para cambiar estas conductas retrógradas. Sin embargo, le propongo que posponga la ira y analicemos este asunto un poco más a fondo.
Hace algunos días unas cuantas personalidades y fundaciones decidieron hacer un llamado urgente porque el gobierno de Colombia (del cual soy en muchos aspectos un opositor acérrimo) había legalizado la caza de tiburones y el aleteo, práctica que consiste en separar las aletas de los tiburones y desechar el resto del animal. Al ver este anuncio no pude sino recordar que hace poco le explicaba a alguien que en algunas regiones de Colombia se vendían unas deliciosas empanadas de toyo (tiburón) pero que no era porque estuviera permitida la caza como tal sino porque los tiburones a veces caen en las redes o trasmallos destinados a extraer otro tipo de animales. ¿Cómo era posible que este estatus de protección de los tiburones cambiara? Pues bien, decidí ver la resolución en cuestión y descubrí que no había cambiado el estatus, lo que había pasado es que se había establecido una cantidad máxima de tiburón que podía ser aprovechado al año.
Desde el 2010 se creó en Colombia el PAN-Tiburones (o Plan de Acción Nacional para la conservación y manejo de tiburones, rayas y quimeras de Colombia), que ya mostraba una fuerte preocupación por proteger estas especies. A partir de los trabajos realizados por este plan fue posible el establecimiento de la resolución 1743 de 2017 que prohibía la caza dirigida de tiburones, así como el aleteo.
Colombia es un país ubicado en medio de dos océanos en una zona geográfica particular, lo que hace que tengamos una enorme diversidad, sin embargo, una baja abundancia. Lo que en español quiere decir que tenemos muchas especies diferentes pero pocos individuos de cada especie. Por ese motivo es muy difícil realizar una pesca selectiva como ocurre en otros países con fenómenos de surgencia que alimentan pesquerías específicas de atún o bacalao. Por el contrario, la pesca en nuestro país es multiespecífica, aquella en la que se captura más de un recurso a la vez, y esto hace que se pierda un poco el sentido del sistema de cuotas (que explicaré más adelante) aplicado en otros lugares del mundo. Desafortunadamente aún no encontramos alternativas que se adapten a nuestra realidad.
Siendo un sistema de pesca multiespecífico las artes utilizadas para obtener el recurso justamente son aquellas que capturan una gran diversidad de especies, entre ellas los tiburones. Cuando los individuos caen en dichas redes, en la mayoría de las ocasiones devolverlos al mar implica devolverlos a morir lo cual sería un desperdicio muy grande y una pérdida aún más triste y sin sentido. Es por esto que la legislación colombiana excluye de la prohibición la pesca incidental. Es decir, cuando el tiburón cae por accidente, algo que, si queremos obtener otros recursos pesqueros, no podemos evitar. Pensemos en eso cuando nos deleitemos con unos camarones, langostas y otros frutos de mar, pues las técnicas empleadas en su extracción son las que más afectan a las poblaciones de tiburones.
¡¡¡Pero estamos en Colombia, hermano!!! Hecha la ley, hecha la trampa, ¿no?
Sí, podríamos pensar que hay una oportunidad que haría que algunos cuantos se aprovecharán de los “accidentes” para sacar los tiburones, pero la ley es muy clara: está prohibido modificar las artes de pesca y las carnadas de forma que se aumenten las probabilidades de captura de tiburones. Adicionalmente, para evitar prácticas como el aleteo, se exige que el recurso relacionado a los tiburones llegue completo a las zonas de inspección. Las aletas deben estar adheridas al cuerpo. Esta es una razón más para establecer cuotas de pesca. Las cuotas de pesca son el peso máximo de un recurso específico que se puede extraer en un periodo de tiempo, generalmente un año. No son metas de pesca, es decir, la idea es que se puede sacar siempre menos que eso, pero nunca más. Al imponer un límite de peso que debe ser medido con animales completos se evita que se completen dichas cuotas a partir de sólo aletas, lo que signifcaría una masacre de tiburones sin precedentes y la posibilidad de ocultar más fácilmente que la captura no fue incidental.
Al revisar la literatura científica y técnica en el área fue evidente que detrás del establecimiento de las cuotas de pesca para las diferentes especies había un trabajo arduo en términos del estudio de las poblaciones. Un informe técnico de la AUNAP sugiere que, según la curva de extinción de Schaefer optimizada mediante teoría bayesiana para las poblaciones de tiburones (para quien desee profundizar en la materia), “la cuota de aprovechamiento no supere las 183 toneladas” y por lo tanto la cuota establecida en la resolución 350 de 2019, que es de 125 toneladas es inferior al límite sugerido por la autoridad de pesca. Entonces tenemos en primer lugar que se toma una medida conservadora al imponer un límite inferior al que los estudios encuentran que sería problemático para las poblaciones de tiburones.
Pero eso no es todo. El mismo documento, apoyado por otros estudios en el área, declara que los desembarcos reportados para las especies de tiburones no superan las 30 toneladas en 2018. Siendo así, podemos ver que la oleada de indignación fue exacerbada irresponsablemente por algunas figuras mediáticas, las cuales, a pesar de informarles del equívoco, insistieron en su error, tal vez por rating, tal vez buscando recursos para sus fundaciones.
Vale la pena resaltar que al poco tiempo del escándalo se dieron a conocer los conceptos de algunas organizaciones como Conservación Internacional Colombia, Invemar, AUNAP y otras confirmando que se estaba generando un malentendido. Sin embargo, la reacción mediática estaba descontrolada. “¡Deberían mutilar a quien pesque a los tiburones!”, vociferaban algunos, mientras otros decían que "la bandera de Colombia sangraba bajo la aleta mutilada de un tiburón hasta eclipsar el azul de los océanos". Lo que a veces no vemos es que criminalizar la pesca de ciertos recursos no tiene sentido, habría que meter a todo el mundo a la cárcel si se aplica a rajatabla porque muchos de ellos caen de forma incidental y además son parte del sustento de pequeños pescadores. Por eso está permitida la pesca de subsistencia en todos los casos, de esta depende el acceso a otros recursos como aceite, arroz, plátano, etc. que se obtiene por trueque.
El SEPEC (entidad que ejerce el control en puntos de desembarco en términos estadísticos de cantidad y especies) colapsaría multando o enviando pescadores a la cárcel. Se dice también que el establecimiento de cuotas no sirve de nada porque el papel aguanta todo, pero entonces tampoco serviría que una resolución dijera que no se permite ni un gramo de ciertas especies porque el problema es el control y no la definición.
La muerte directa parece impactarnos mucho, ¿pero y qué tal las muertes masivas más escondidas?, ¿qué pensarían ustedes si les digo que en términos de acuicultura tenemos peligros más grandes al asecho? La introducción de especies foráneas para su explotación en el país ha ocurrido en varias ocasiones y ha menguado radicalmente las poblaciones de peces nativos. Ha sustituido la diversidad de nuestro país por enormes poblaciones de especies extranjeras que no cierran los ciclos ecológicos que existían. Esa es la muerte masiva, no solo de peces sino de fauna y flora asociada. ¿Nos quedamos callados ante esas muertes silenciosas?
En julio de este año se firmó un convenio entre la AUNAP y el Instituto Alexander von Humboldt para avanzar en los estudios que permitirán introducir el pez basa en el país (pangasius sp.). A algunos les sonará el revuelo de hace algunos años donde se prevenía del consumo de dicho pescado importado principalmente del sudeste asiático, especialmente de Vietnam. Se decía que venía altamente contaminado de mercurio y también de algunos microorganismos patógenos que causan listeriosis y el cólera. Sin embargo, este no es el gran problema del pez en cuestión.
La introducción de pangasius en varios países ha traído como consecuencia la disminución de poblaciones nativas como es el caso de Malasia o Sudáfrica. En el reciente congreso Aquaexpert realizado este año, se resalta la intención de que el cultivo de pangasius se realice en tanques aislados, sin embargo, es muy difícil garantizar la bioseguridad al respecto. Casos contados tenemos de aislamiento perfecto y en general involucran plantas patentadas por empresas extranjeras que protegen su patrimonio al máximo (como lo es el caso de los claveles azules).
Otra de las preocupaciones es la contaminación generada por los cultivos de pangasius, ya en 2017 la cadena de supermercados Carrefour decidió retirar de sus puntos de venta, inicialmente en Bélgica y después en otros países europeos. En el mismo congreso de Aquaexpert se destaca esto como un desafío por el excesivo uso de antibióticos en el cultivo de pangasius.
En Colombia tenemos la cachama, el bocachico, la dorada e incluso peces de gran porte como el sábalo real. ¿No podemos trabajar con nuestras especies nativas? ¿Preferimos importar riesgos que pueden matar miles y miles de organismos?
No se la dejemos fácil a quien quiere desprestigiar la protesta social, que nos manden a estudiar “porque estamos protestando por cosas que no son verdad”.
Al marchar propongo que no usemos imágenes de tiburones al lado de todos los otros motivos que tenemos para protestar, pongamos siluetas de bocachicos, de capitán de la sabana, de nuestra fauna que está amenazada por el ingreso de una especie invasora.
