El reciente escándalo de chuzadas, seguimientos y perfilación a periodistas y otras personas, protagonizado por algunos miembros de las FF.MM. colombianas y que ocasionó la salida, al menos vía anuncio, de varios miembros vinculados a la llamada inteligencia militar, se convierte en otra muestra preocupante de la vigencia en pleno siglo XXI, de la Doctrina de Seguridad Nacional, impulsada e implementada con exquisitez en Colombia.
Aunque la información acerca de los pormenores de la pandemia producida por el Covid19, aún sigue acaparando la atención nacional, el reciente escándalo protagonizado por la llamada Inteligencia Militar, pone una vez más en el ojo del huracán la efectividad y la conveniencia de mantener vigente una doctrina político militar, que hasta la fecha sólo ha demostrado su total anacronismo y su inconveniencia moral, en un contexto de democracia, aunque sea nominal, como el colombiano, no obstante, esta concepción militar haya determinado la vida política, social y económica de Colombia durante el siglo pasado.
La llamada Doctrina es el desarrollo latinoamericano del concepto gringo de Seguridad Nacional*, acuñado con la intencionalidad de delimitar los aspectos internos, pero sobre todo, externos, que deberían ser intervenidos militarmente, a fin de brindarle seguridad y prosperidad al pueblo norteamericano.
Esta concepción político-militar, gentilmente exportada hacia los territorios de interés norteamericano, situados al sur del Río Bravo, ha tenido, a su vez, llamativas y nefastas variaciones a la hora de su adaptación y aplicación en cada país latinoamericano.
Los gobiernos colombianos, proclives a obedecer sin meditar las disposiciones de los gobiernos norteamericanos, encontraron en la aplicación adaptada al contexto colombiano, la herramienta-excusa para la resolución de incómodos problemas de gobierno, como la pobreza y el atraso.
En una demostración de brillantez criolla, los mandatarios colombianos optaron por recoger del manual gringo, las instrucciones para adiestrar a todo el personal militar dentro de los lineamientos de esta nueva Doctrina, que a falta de comunismo y de enemigos externos, optó por enfilar su accionar, mediante el desarrollo de una heroica guerra interna de baja intensidad, en contra de los enemigos internos, los llamados castrochavistas, dentro de los que están incluidos los indios, los negros, los campesinos, los mamerto-sindicalistas, o todo aquel que mencione palabras como derechos, pobreza, atraso o libertad.
El reciente escándalo de chuzadas, seguimientos y perfilación a periodistas y otras personas, protagonizado por algunos miembros de las FF.MM. colombianas y que ocasionó la salida, al menos vía anuncio, de varios miembros vinculados a la llamada inteligencia militar, se convierte en otra muestra preocupante de la vigencia en pleno siglo XXI, de la Doctrina de Seguridad Nacional, impulsada e implementada con exquisitez en Colombia.
Aunque la información acerca de los pormenores de la pandemia producida por el Covid19, aún sigue acaparando la atención nacional, el reciente escándalo protagonizado por la llamada Inteligencia Militar, pone una vez más en el ojo del huracán la efectividad y la conveniencia de mantener vigente una doctrina político militar, que hasta la fecha sólo ha demostrado su total anacronismo y su inconveniencia moral, en un contexto de democracia, aunque sea nominal, como el colombiano, no obstante, esta concepción militar haya determinado la vida política, social y económica de Colombia durante el siglo pasado.
La llamada Doctrina es el desarrollo latinoamericano del concepto gringo de Seguridad Nacional*, acuñado con la intencionalidad de delimitar los aspectos internos, pero sobre todo, externos, que deberían ser intervenidos militarmente, a fin de brindarle seguridad y prosperidad al pueblo norteamericano.
Esta concepción político-militar, gentilmente exportada hacia los territorios de interés norteamericano, situados al sur del Río Bravo, ha tenido, a su vez, llamativas y nefastas variaciones a la hora de su adaptación y aplicación en cada país latinoamericano.
Los gobiernos colombianos, proclives a obedecer sin meditar las disposiciones de los gobiernos norteamericanos, encontraron en la aplicación adaptada al contexto colombiano, la herramienta-excusa para la resolución de incómodos problemas de gobierno, como la pobreza y el atraso.
En una demostración de brillantez criolla, los mandatarios colombianos optaron por recoger del manual gringo, las instrucciones para adiestrar a todo el personal militar dentro de los lineamientos de esta nueva Doctrina, que a falta de comunismo y de enemigos externos, optó por enfilar su accionar, mediante el desarrollo de una heroica guerra interna de baja intensidad, en contra de los enemigos internos, los llamados castrochavistas, dentro de los que están incluidos los indios, los negros, los campesinos, los mamerto-sindicalistas, o todo aquel que mencione palabras como derechos, pobreza, atraso o libertad.
No es coincidencia que las alarmas disparadas por la prensa nacional, internacional y las organizaciones de defensa de derechos humanos, hayan puesto todas las miradas, así sea momentáneamente, sobre el accionar de las FF.MM. de Colombia, mucho más, si a la revelación de este último escándalo se le suman las trágicas cifras de amenazas y asesinatos de líderes sociales y reinsertados a la sociedad en el proceso de paz con la ex guerrilla de las FARC, acaecidas en el Cauca, altamente militarizado en pleno despliegue de la Doctrina de Seguridad Nacional, en tiempos de pandemia.
A esta crítica situación de desprestigio de la llamada Doctrina, hay que agregarle las desfasadas, inocuas y hasta altisonantes declaraciones del actual ministro de defensa, el gris- Carlos Holmes, alegando el desconocimiento de este gobierno del actuar de su cúpula militar, recordando de paso los balbuceos de su antecesor, el ingratamente recordado, ex ministro Botero, por el también nefasto manejo de los escándalos militares en cumplimiento de la famosa Doctrina.
Parece ser que el descubrimiento consecutivo, en tiempos recientes, del irregular accionar de algunos militares en estricto cumplimiento de las órdenes impartidas por sus superiores, militares o políticos, ha despertado el nerviosismo del actual gobierno, que no encuentra los mecanismos comunicacionales para afrontar esta crisis institucional.
Muestra de ello, las recientes declaraciones de la actual ministra de interior, Alicia Arango, quien expresó ante la prensa nacional: “No sabemos qué es lo que estamos haciendo mal, para que esto no funcione”, refiriéndose a los últimos acontecimientos de alteración del orden público en el departamento del Cauca. Se reitera: altamente militarizado en los últimos 16 años.
Finalmente, en tiempos de altas dosis de escepticismo y de desconfianza hacia un buen número de funcionarios del Estado, no parece coincidencia que bajo el mandato de dos gobiernos (Uribe y Duque) que han expresado públicamente su animadversión en contra de todo aquello que ellos consideren alternativo, de izquierda, o social, fácilmente etiquetado por sus correligionarios como comunistas o castro-chavistas, se hayan incrementado paulatina pero aterradoramente, las cifras de acciones violentas en contra de estas personas y que tales acciones, en buen número, hayan sido cometidas o permitidas por agentes del Estado, como algunos miembros de las FF.MM., tal como acontece en el Cauca.
Ya va siendo hora de que la sociedad colombiana piense seriamente en erradicar de las fuerzas militares la malhadada Doctrina de Seguridad Nacional, vísperas a un anhelado nuevo comienzo en el entorno del pos conflicto y la pos pandemia.
Articulo de Proclama del Cauca.
