Firmados los Acuerdos de Cartagena (2016), los territorios abandonados por las FARC-EP fueron copados inmediatamente por las disidencias, guerrillas de insignia diferente a las farianas, narcoparamilitares, delincuencia común y grupos armados –algunos, patrocinados por carteles mexicanos-, para ejercer actividades ilegales, usurpar, victimizar, aterrorizar y masacrar la población civil y su dirigencia, a fin de imponer con su supremacía los narcocultivos, la minería ilegal, el tráfico de armas, la trata de personas, etc., patentizando en el Cauca, ¡la negación de la PAZ/PROGRESO! y arreciando los enfrentamientos entre capitalistas/terratenientes Vs. indígenas/afros/campesinos.
El abandono estatal –crédito, vías, servicios públicos, etc.-, indujo los labriegos a los “cultivos de uso ilícito” –fuente única de supervivencia-, financiados por el crimen multinacional organizado, traficantes colombianos, subversión, paracos, etc., agrupaciones que amedrentan/asesinan a campesinos inermes.
En 2018, la estructura de tenencia de la propiedad de la tierra en el Cauca exhibía un sorprendente desequilibrio: las grandes extensiones superficiarias (48%) pertenecían al 2% de los latifundistas, mientras que los minifundios (25%) estaban trabajados por agricultores pobres (84%).
¡La intensidad del conflicto, era directamente proporcional a la inequitativa distribución territorial! Hoy, esta situación se conserva o ha empeorado. Ante tal circunstancia, pequeños agricultores, poseedores, comuneros indígenas, afrodescendientes, desocupados/informales urbanos, viven del “rebusque” y las actividades ilícitas –cultivo/procesamiento de pasta básica de coca, siembra de marihuana/microtráfico, minería ilegal/vinculación a grupos delincuenciales armados.
Durante las últimas 4 décadas, el narcotráfico ha sido uno de los principales propulsores de la guerra en el Cauca. La magnitud del conflicto en el norte-occidente-sur del departamento, ha determinado al Gobierno a implementar en ese territorio la política de Paz Total.
En 2023, los cocales cuantifican 25 mil hectáreas, de las cuales el 75% están en la cuenca del río San Juan de Micay –occidente-, situada entre los municipios de El Tambo, Argelia y López de Micay –cuarto enclave cocalero de Colombia-, que incluye laboratorios de pasta base/clorhidrato de cocaína y una ruta al mar controlada por el frente Carlos Patiño, adscrito al Estado Mayor Central -EMC, disidencia de las FARC/EP-, para enviar al exterior estupefactivos desde los litorales de Timbiquí y Guapi.
Para custodiar, defender y controlar el Cañón del Micay de los propósitos del ELN y la Segunda Marquetalia, el EMC creó el frente 60 que impuso un régimen de violencia, confinamiento, extorsiones, asesinatos de líderes sociales, sembrado de minas, instalación de cámaras de video, etc. La superficie cultivada con cannabis –norte- ocupa 1.500-2.000 hectáreas.
La violencia cobró en poco tiempo 370 homicidios, masacres, desplazamientos, reclutamientos, infracciones a los DD.HH./DIH, etc. El avance/devastación de la minería ilegal, es insólito. Nueve de los 13 municipios nortecaucanos están caracterizados como PDET y padecen las secuelas de la confrontación, el desamparo institucional y la pobreza. Petro anunció una política antidrogas que enfatiza la legalización/regulación, opuesta al prohibicionismo prohijado desde Washington y la UE. ¡Los resultados están por verse!
En septiembre de 2023 el EMC escaló su arremetida en el noroccidente del departamento del Cauca, respondiendo la ofensiva adelantada por las FF.MM. –“Operación Trueno”-. Dicho operativo afectó Timba/Suárez/Quilichao/Argelia, municipio donde destruyó una subestación eléctrica -perjudicando más de 10 mil usuarios- y dejó una estela de muertos/heridos/damnificados.
El pasado 26 de septiembre se produjeron cruentos combates, con un saldo de 20 guerrilleros finados, 17 lesionados y 17 capturados. El 29 del mismo mes, hubo un militar fallecido, otro desaparecido y 6 soldados maltrechos.
La política del Gobierno es “mantener el asedio” y recuperar militarmente el territorio. Sin embargo, la presencia militar, per se, NO resuelve los problemas subregionales que exigen actividades interinstitucionales complejas orientadas hacia la sustitución/transición a economías legales.
Para superar la crisis de violencia departamental, el electorado deberá elegir GOBERNADOR a un dirigente agrario caucano comprometido con la comunidad, honesto, organizador, conocedor de sus problemáticas, riquezas humanas/naturales, potencialidades de crecimiento económico/social, necesidades/aspiraciones populares, asesorado por expertos en el sector primario –agro, minería-, secundario –industria, construcción- y terciario –comercio, servicios-; en la generación de empleo e implementación de la seguridad ciudadana. Igualmente, tendrá que descartar rotundamente cualesquier politiqueros oportunistas, así exhiban ¡más “títulos” y “cartones” que un tugurio!
