Desafortunada, triste e indignante escribir sobre la horrible historia de pobreza, olvido, exclusión, violencia y muerte que han vivido, desde siempre, quienes nacieron, vivieron y viven en el Cauca. Se ha vuelto, en apariencia, un ejercicio estéril, inocuo y hasta cansón para una sociedad anestesiada por una cultura hedonista, desmemoriada, complaciente y deformada políticamente, como la colombiana.
De manera ampulosa, rimbombante y veintejuliera, el entonces gobernador del Cauca, Temístocles Ortega, electo con el aval de sectores “progresistas”, vociferaba en Villarrica que ahora sí había llegado la hora de la movilización de la caucanidad, para llamar la atención del gobierno nacional sobre el abandono y la violencia que padecía esa Cauca; en donde se había inaugurado la última violencia y en donde él, grandilocuente proyecto de prócer, iba a ayudar a que se dieran los últimos disparos de esta eterna guerra de Colombia. El acuerdo de paz estable y duradera se negoció y se firmó. Le dijeron que no y se volvió a negociar. El exgobernador se eligió senador por uno de los partidos del no, pero la paz nunca llegó y aún se oyen y se sienten disparos y bombas en esta Cauca bañada de sangre y de cadáveres.
Un gobernador y un presidente más tarde, el escenario de atraso, exclusión, violencia, pobreza y muerte que presenta el departamento del Cauca ha vuelto al alcanzar los niveles de degradación que se vivieron en los años noventa del siglo XX; cuando, al igual que hoy, los señores y señoras de la guerra vociferaban a favor del glifosato y el plomo como única solución para pacificar esta tierra de indios guerrilleros, negros haraganes y campesinos atenidos, que no le daban salida posible a los esfuerzos de emprendedores y emprendedoras de bien, que a lo único que aspiraban era a que se les respetaran sus monocultivos, sus vaquitas y a que no les taponaran la panamericana.
Hoy al igual que ayer, al igual que siempre, desde otras tierras, a la guerra en el Cauca, se le mandan recetarios, probadamente ineficaces. Desde las ONG defensoras de derechos, ambientalistas o religiosas, al igual que desde la ONU, se le exige al gobierno nacional de Colombia, que por favor atienda de una vez por todas, la grave crisis humanitaria que padecen los pobres caucanitos.
Se convoca a las fuerzas vivas de la sociedad caucana, a los artistas, a las organizaciones étnicas, a la intelectualidad, a representantes de la institucionalidad y los gremios para que se firmen, también ampulosos y rimbombantes pactos de defensa de los derechos y de la vida. Allí están las fotos, los videos, las páginas web, los documentos, las palmaditas en la espalda o en la cabeza. Allí están y aparecen, los amenazados, los desaparecidos, los secuestrados, los extorsionados, los desplazados, los bombardeados, los fumigados y los asesinados del Cauca, esperando todavía los resultados de esos pactos por la vida y los derechos.
Por el otro lado, desde Popayán y Bogotá, la sempiterna y emparentada dirigencia patoja, rola y caribeña, extasiada, como mantiene, en la contemplación orgullosa de su colonial prosapia, a lo único que le para bolas es al también colonial ejercicio de la lagartería, el clientelismo y la corrupción, para asegurarse uno que otro puesto ministerial, la gobernación, el congreso o gerencia de entidad descentralizada, que le permita replicar sus clientelas electorales y hacerle el favorcito a sus patrocinadores legales e ilegales, con una que otra exención impositiva, uno que otro agro ingreso seguro, una que otra zona franca, o la vista gorda para la minería, el trafico de armas, drogas y personas. Para todo lo demás, para resolver los reclamos y la protesta social; controles estrictos, Esmad, consejos de seguridad, más plomo y otra vez glifosato.
En menos de un año, quienes vivimos, sufrimos, vivimos o sobrevivimos en el Cauca, hemos sido testigos de la firma de dos iniciativas, tendientes a buscar la salida al agujero negro de la pobreza y la violencia del Cauca: El Pacto por la Vida y por la Paz en el Pacífico colombiano; un “trabajo de discusión y consenso de largo rato entre las organizaciones sociales de la región, conformada por los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó”[1] y el Pacto Caucano por la Vida, los Derechos Humanos, el Territorio y la Paz; un documento en donde “…los diversos sectores expresaron su voluntad de avanzar conjuntamente en diferentes acciones que contribuyan al fortalecimiento de las garantías de seguridad, la democracia y la productividad….”[2] Seguimos siendo testigos de lo idealista e inútil que resulta tanto simbolismo, frente a las atrocidades reales del abandono, la ineficiencia y la violencia.
Como es posible que la jauría de sensibles intelectuales, voceros de los gremios, de organizaciones sociales y políticos firmantes de los pactos, antes mencionados, salgan a tildar de políticamente incorrectos o de catastrofistas a estas líneas y a su autor; baste para ilustrar la poca fe que sobre estas iniciativas se tiene; dando cuenta de los niveles de violencia que se padecen en el Cauca, cuando, mientras los poco realistas firmantes, voceros y activistas de los pactos mencionados, llamaban a sacar banderitas blancas de reclamo por la paz; en el norte del Cauca, aparecía otro cadáver más, correspondiente al de quien en vida, fue funcionario de la Unidad Nacional de Protección, parte del equipo de seguridad, encargado de proteger la vida de los amenazados, miembros de la coordinación del Plan de Vida Proyecto Nasa.
Efectivamente, ya muchos estamos convencidos de que los actos simbólicos no son suficientes para convocar a una sociedad que no sabe qué son y no le interesa. No basta con poner banderitas del color que sean, lo que se requiere es del llamamiento y la coordinación urgente, a una movilización social que presione a los gobiernos locales y al actual gobernador; a liderar el digno reclamo de la caucanidad de verdad, frente a un gobierno nacional, ineficaz, indolente e inhumano, que lo único que ofrece es más de lo mismo.
[1] Pacto por la vida y la paz: qué es y quiénes lo firman
[2] Histórico: El Cauca le dice al País y a la comunidad internacional que defiende la vida, los Derechos Humanos y la Paz
