“Hoy asumo el mandato de que Cataluña se convierta en un estado independiente en forma de república”, dijo Carles Puigdemont, president de la Generalitat, en catalán. “Proponemos que el Parlament suspenda la declaración de independencia para emprender un diálogo para llegar a una solución acordada”, agregó a continuación. Todo estaba dicho. La máxima tensión había llegado a su fin.
Una hora después de lo previsto se habían puesto las cartas sobre la mesa. Puigdemont había pasado por la calle del medio con esta declaración que solo pudo calificarse de ambigua, que dejó a Cataluña en medio de la mayor incertidumbre, y a todos sumidos en el descontento y la crítica.
La decepción de sus compañeros de aventura, los miembros de la CUP fue manifiesta en las palabras de su portavoz, Ana Gabriel en el Parlament , y en los rostros de quienes abandonaban los sitios de encuentro donde habían llegado para presenciar en pantalla gigante el acontecimiento.
Los partidos políticos PSOE y Ciudadanos asumieron fuertes posturas en contra, mientras el gobierno a través de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría informaba sobre una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros a primera hora del miércoles. Un poco antes, algunas fuentes del gobierno se habían pronunciado en el sentido de que era inadmisible "hacer una declaración implícita de independencia para luego dejarla en suspenso de manera explícita". Se calificaba de «inadmisible» e «inaceptable» la estrategia de Puigdemont para intentar abrir un espacio de diálogo que concluya con la aceptación por parte del Estado de la secesión de Cataluña, sin volver al marco constitucional.
A esas alturas, lo que parece estar claro es que sobre el president de la Generalitat pesó más de lo previsto la inmensa demostración ciudadana a favor de la unidad, la convivencia y el diálogo en forma de ríos humanos en las principales ciudades, contándose un millón en las calles de Barcelona. Pesó también la firme postura de la Comunidad Europea -con la cual estuvo buscando puentes, según se rumora-. Y sobre todo, habrían calado muy hondo las perspectivas sombrías de un estado económicamente inviable con todas sus grandes empresas en desbandada – Caixabank, Sabadeell, Gas Natural, en cola Freixenet, Codorniú entre casi una decena más- y la perspectiva de una calificación de la deuda catalana a nivel de bonos basura, con lo que ello implicaría en términos del encarecimiento de la financiación para las empresas.
El presidente Rajoy negoció en las horas de la noche con Pedro Sánchez, líder del Psoe, y Albert Rivera, líder de Ciudadanos, las medidas coercitivas para hacer regresar a la Generalitat al marco constitucional. El artículo 155 estaría listo para ser activado, de tal manera que el Gobierno central, previo requerimiento al presidente Puigdemont, y ante su previsible rebeldía, puede tomar el control de sus competencias, todas o algunas. Se le otorgan dos o tres días máximo para que la Generalitat rectifique, en lo que sería una especie de ultimátum. Otra opción es el estado de excepción si considera que pueden producirse altercados o graves disturbios del orden público, una medida que necesitaría el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del Congreso.
A estas medidas se deben sumar aquellas de tipo político, como esa en la que ha insistido Ciudadanos desde hace algunos días: el llamado a elecciones para dirimir el problema en las urnas. Tanto unas como otras alternativas están sobre la mesa, y a ellas se llegará en unas horas. La única certeza es que el gobierno no dialoga si Puigdemont no da marcha atrás y regresa al marco constitucional. El pulso es cada vez más fuerte.
