Muchas enfermedades que afectan la salud humana son consecuencia de la carencia de agua apta para el consumo. Asocio estas dos temáticas porque justamente son necesidades prioritarias de los habitantes de la Inspección de Casuarito, Vichada y que los gobiernos municipal y departamental tienen la obligación de solucionar con urgencia.
Inconcebible que en pleno siglo XXI, una comunidad de más de 500 habitantes, en zona de frontera, haciendo patria, y a orillas del río Orinoco, no tenga agua potable, por culpa de los corruptos, quienes hace más de 10 años dejaron sin terminar el acueducto y se robaron la plata, también por causa de la indiferencia de los gobiernos y la poca efectividad de los órganos de control que al respecto no han hecho nada, pues no hay resultados.
Esta situación viene afectando especialmente a los cerca de 400 estudiantes de la institución educativa Antonia Santos, quienes casi siempre no tienen agua ni para descargar las cisternas de los sanitarios, mucho menos para calmar la sed que tanto los agobia por la sofocante temperatura.
El agua es un derecho en conexidad con el derecho a la vida, porque si las personas no tienen agua potable su salud y vida se ponen en riesgo a causa de enfermedades diarreicas, cólera, parásitos intestinales, enfermedades de la piel, mala higiene, etc.
“En términos generales cuando se vulnera el acceso al derecho al agua, la Corte Constitucional ha establecido que: El agua es derecho fundamental cuando se destina para el consumo humano en cuanto contribuye a la salud y salubridad pública”, explica un texto de la Revista Opinión Jurídica Universidad de Medellín. Además, el máximo ente constitucional considera que “no se puede suspender el servicio público de acueducto cuando se afectan personas en estado de debilidad manifiesta”.
Llega a mi mente las luchas de Héctor Abad Gómez, médico colombiano y luchador por los derechos humanos, especialista en Salud Pública, fundador del Instituto Nacional de Salud-INS- y quien decía muy acertadamente, que antes que curar y atacar las enfermedades había que intervenir las causas más profundas y lejanas. En este caso esas causas profundas y lejanas de las enfermedades antes mencionadas, son la carencia de agua potable y la corrupción administrativa.
Desafortunadamente, Héctor Abad Gómez no murió de viejo como uno quisiera, ni por causa de una bacteria o virus; fue miserablemente acribillado a tiros a plena luz del día en Medellín el 25 de agosto de 1987, a manos de unas de las peores pestes que ha cobrado la vida de miles de colombianos honestos y trabajadores, el paramilitarismo, esa misma fuerza letal que entra a matar sin siquiera preguntar, como lo dijo la muy controvertida congresista del partido político Centro Democrático, María Fernanda Cabal.
Sumado a la falta de agua potable, en Casuarito, no hay un puesto de salud con el personal y dotación necesaria que atienda con eficiencia a sus habitantes y a las comunidades de Garcitas y asentamientos indígenas cercanos. El gobierno departamental anterior construyó el puesto de salud, el cual ya se está deteriorando por filtraciones de agua, la farmacia está igual que las venezolanas, vacía, la silla de odontología sin usar porque no hay odontólogo, no hay médico general, tan sólo cuenta con los servicios de una auxiliar de enfermería, que a pesar de su disposición, no cuenta con las herramientas básicas para hacer su trabajo.
Ojalá el postconflicto vislumbre alternativas de solución a estas demandas sociales, disminuya la corrupción y se vean verdaderos programas y proyectos que atiendan las necesidades básicas de la población.
