Por más de seis meses la Universidad Autónoma del Caribe se ha sumido en la peor crisis en sus cincuenta y un años. La corrupción, la antidemocracia y el ánimo de lucro amenazan con cercenar el derecho a la educación de miles de jóvenes que en la costa Caribe sueñan con alcanzar un título profesional. El pasado 26 de julio del presente año, la ministra de educación, Yaneth Giha, declaró en la rendición de cuentas de la institución que, gracias a las medidas de la ley de inspección y vigilancia, hoy el Ministerio de Educación Nacional podía enorgullecerse por haber garantizado la calidad y la continuidad académica. Nada más lejano a la realidad.
La muestra más evidente de que los problemas se encuentran lejos de ser resueltos es la actual crisis en el programa de becas, auxilios y descuentos, parte fundamental del bienestar estudiantil que les permite a estudiantes destacados culminar su proyecto educativo. La vicerrectoría financiera le informó recientemente al comité de becas que el monto establecido para este rubro en el plan de proyección presupuestal, que alcanzó los siete mil trescientos millones de pesos, fue utilizado casi en su totalidad durante la primera mitad del año, lo que asegura un déficit de 742 millones de pesos para el segundo semestre.
La Sala General anunció que el porcentaje otorgado por medio de becas institucionales se reducirá a la mitad, mientras que los convenios con entes territoriales y empresas privadas, que no fueron actualizados, serán cancelados sin previa comunicación a los beneficiarios. Cientos de estudiantes han quedado en la total incertidumbre. La preocupación sigue en aumento, pues, según el consejo directivo, la tasa de deserción para el segundo semestre de 2018 es del 35%, muy superior al 12% esperado, como efecto de la crisis, por las directivas.
Ante la responsabilidad del Ministerio de Educación y de la Sala General de la Universidad, por acción u omisión ante los hechos de corrupción presentados al interior de la institución, pretenden responder descargando la crisis sobre los bolsillos de los estudiantes y sus familias. Solo la organización y la movilización pacífica y civilizada de la comunidad universitaria, y la solidaridad de la ciudadanía barranquillera, servirán para garantizar la verdadera continuidad y calidad académica y el derecho a la educación de cientos de jóvenes del Caribe colombiano que, por sus méritos académicos, deportivos o artísticos, enaltecen el nombre de la Universidad Autónoma y de toda la región.
