Entre la multiplicidad de informaciones que ha despertado la investigación del expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos ha salido a relucir la inoperancia de algunos medios de comunicación, periodistas y columnistas del país que, vestidos con su armadura de “imparcialidad”, defienden con uñas y dientes al exmandatario paisa. Si bien hace ya bastante tiempo dejó de ser un secreto para la ciudadanía el hecho de que gran parte de la maquinaria periodística tradicional colombiana se encuentra parcializada hacia la extrema derecha política, estos periodistas del poder con sus grandilocuentes palabras, disfrazadas de neutralidad, han ocultado verdades, manipulado información y, peor aún, amenazado a la justicia.
Columnas de opinión, por demás viscerales y escritas a manera de chantaje, han generado en los medios una cadena de presión mediática peligrosa que atenta contra la autonomía de la justicia nacional. Expresiones que señalan la explosión de la violencia en el país en el caso de que se dictara una medida de aseguramiento contra el hoy senador Álvaro Uribe no significan más que pólvora que alimenta el fuego ya desatado por el uribismo como partido político. Sin duda este hecho resulta paradójico en el nuevo escenario político del país, pues, mientras se sataniza la convocatoria a desobediencia civil planteada por el líder de la oposición Gustavo Petro, pareciera que, entrelíneas, se aplaude y se motiva agudizar la violencia en defensa del líder del partido de gobierno.
Dichas reacciones incendiarias por parte de columnistas prestigiosos (as), senadores (as) adscritos y/o afines al partido de gobierno e influencers que, aprovechando su umbral de acogida, pretenden presionar y chantajear a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la bandera de una “guerra civil” si judicializan a su líder representan un hecho sumamente peligroso para un país que pretende rehacerse en la paz que todos esperamos. Particularmente, fiel al estilo de las dictaduras latinoamericanas, desprestigiar las decisiones de los organismos judiciales pone en entredicho la independencia de las mismas, amedrentando a sus magistrados, cercenando su libertad para tomar decisiones y, lo que es peor, delimitando un camino intransitable para cualquier democracia.
Si bien es cierto que un gran número de la población colombiana encuentra en Álvaro Uribe Vélez la encarnación de sus afinidades políticas, esta verdad no determina, de ninguna manera, el proceder judicial contra un ciudadano que, siendo expresidente o no, se encuentra implicado en la supuesta manipulación de testigos. En ese orden de ideas, la narrativa recreada por algunos (as) periodistas y políticos fieles adeptos al exmandatario paisa comienza a desvanecerse en el mar inhóspito de la incoherencia.
Y es tal el desespero del círculo cercano al expresidente que la acometida principal parecer ser una sola promulgar el respeto por la justicia, al tiempo que, entrelíneas, se amedrenta y amenaza la CSJ con la pugna de un regreso a la guerra. Para lograrlo, se ha recaído en todo tipo de elementos discursivos que deterioran la credibilidad de la rama judicial en el país. Ya Vicky Dávila manifestó que “la captura de Álvaro Uribe Vélez será un triunfo, posacuerdo, para las Farc”. Y sí, muy seguramente los mayores detractores del exmandatario podrán sentir aire de victoria y hasta felicidad si este hipotético caso llega darse; sin embargo, este hecho resulta absolutamente intrascendente en el marco de una discusión realizada a la luz del derecho penal que debe estar siempre ajena de los sentires políticos y las opiniones públicas.
De la misma manera, el hoy presidente Iván Duque, en entrevista a Blu, ha manifestado un símil discursivo al enunciar que “yo no puedo entrar a pronunciarme sobre los procesos que deben hacer las cortes y cómo hacerlos (…) sería muy triste que en esta sociedad colombiana nosotros viéramos a quienes laceraron el país, después de tantos años, sin tener ninguna condena posando de adalides de la moral y veamos a la personas que lucharon por la seguridad en un proceso que les limite y les cercene sus derechos”. Ante dichas declaraciones cabría resaltar que la cabeza máxima del gobierno nacional debe abstenerse de lanzar pugnas comparativas que anteponen sus sentires personales y entredicen las decisiones judiciales.
Igualmente, resalta la pregunta: ¿cuáles derechos se le han limitado o cercenado al exmandatario Álvaro Uribe Vélez en el proceso que adelanta la CSJ? Sin duda, surge la incógnita a la luz de las prácticas discursivas que se entrelazan en defensa del exmandatario. ¿Acaso al expresidente se le ha violentado el derecho al debido proceso o, por el contrario, se pretende generar un ambiente de zozobra en el país que haga ininvestigable al líder del Centro Democrático?
Pues bien, aunque todo parece indicar que la arremetida contra la CSJ y todo lo que afecte al hoy senador se esboza bajo los pilares de hacerlo “intocable”, lo cierto es que, aunque ningún proceso parece avanzar contra el hoy senador, el acervo probatorio contra el exapoderado Cadena y el mismísimo Álvaro Uribe retumban en la sala de los magistrados por sus directas implicaciones. Sin embargo, las dilaciones al proceso, la pandemia y una que otra “jugadita” hacen pensar que, como de costumbre, el peso de la justicia recaerá sobre el eslabón más bajo y menormente beneficiado de este proceso.
Sin duda, el alcance de este nuevo revuelo judicial que permea el entorno del expresidente Uribe ha generado afinidades y rechazos que han de trascender en la memoria de la ciudadanía que se vuelca, a través de las redes sociales, en defensa y en contra del exmandatario paisa. Desde aquí no queda más que recalcar a las decisiones judiciales deben ser absolutamente respetadas y, por ende, rechazar tajantemente la manera en que los medios de comunicación y los sectores más allegados al acusado han buscado recrear un ambiente de miedo y odio que pretende disuadir al poder judicial y encaminarlo hacia una dependencia nefasta del administrativo.
