Treinta mil firmantes y cerca de un centenar de manifestantes exigen aún la liberación de Takeshi: un akita inu que mordió al hijo de un alto exfuncionario de fiscalías de Popayán, tras 54 días de cautiverio. En la noche de ayer, cerca de un centenar de manifestantes se aglomeraron frente a la alcaldía de Popayán, exigiendo atención puntual a las leyes.
Los puntos de la manifestación fueron los siguientes:
- Que la raza canina debe estar considerada como potencialmente peligrosa para iniciar su incautación en el Código de Policía.
La raza akita inu no está considerada como tal.
- Que haya al menos tres denuncias previas ante las autoridades competentes, elevadas por parte de diferentes personas, según el Código de Policía. Tampoco las hubo. Presentaron unas denuncias elaboradas post facto.
- La Secretaría de Salud Municipal de Popayán entregó un oficio de decomiso dos días después de haber realizado la incautación. Es decir, primero se decomisó al animal y luego se expidieron las formalidades respectivas.
- En dichas formalidades la Secretaría de Salud citó normas del año 2002, derogadas por la Ley de Protección animal: Ley 1774 del 6 de enero de 2016, que prohíbe cualquier trato cruel contra los animales. El perro, contrario a la intención del legislador, fue castrado, confinado en una jaula muy pequeña para él e iba a ser “eutanado”. Esto también se considera mala praxis.
El término “eutanasia” no debe usarse en estos casos, pues “eu” significa "yo" y “tanasia” viene de “tánatos” o "muerte", que podría indicar erróneamente que el perro busca su propio deceso para aliviar un proceso doloso e inevitable. Realmente, la palabra que debe emplearse en estos casos es “sacrificio”.
Los especialistas consideraron que el perro no ha dado muestras de agresividad, pese a las condiciones de estrés a las que fue sometido en Zoonosis de Popayán.
Tras un fallo judicial que desconoció estos aspectos, la familia de Takeshi prepara una nueva acción jurídica.
Manifestantes sostienen que abrirán una causa nueva para aportar pruebas sobre la relación del juez con el padre del niño afectado, lo cual habría obligado al togado declararse impedido antes de emitir el fallo.
Copiamos textualmente el discurso emitido en la noche del 23 por los manifestantes:
Esto no es solo por Takeshi, señor alcalde. Es porque no podemos volver a la Popayán de la Edad Media, sin separación de poderes, ni contrato social, sin una Constitución donde el pueblo delega su fuerza a ese tercero que es el Estado para que regule sus relaciones. No podemos permitirnos volver a la justicia del nepotismo o a la infamia iuris; creemos en que esto es obra de una mala praxis de la secretaría de salud y de un prevaricato judicial, lo cual atenta contra las mínimas garantías constitucionales y por eso hay que recordarles que cuando los jueces fallan “en nombre del pueblo de Colombia”, ya sea en la capital o en los lugares más alejados del país, lo hacen en nombre nuestro, y esa soberanía podemos y en ocasiones debemos estar dispuestos a reasumirla. Ese es el objeto de las manifestaciones públicas y pacíficas que están amparadas en el artículo 37 de la Constitución Política. La Asamblea Nacional Constituyente ha considerado que es esta la única vía que tiene el pueblo de Colombia para mantener los valores de la modernidad que son los que posibilitan la imparcialidad de los juicios y la verdadera justicia, que tantas luchas desde la Independencia nos han costado (…) Si esto lo hacen hoy con un perro un grupo de amigos, mañana también lo harán con nosotros o con usted. Gracias a Dios no existe la pena de muerte en Colombia, porque si fuera por personas como esas, medio país estaría muerto. Exigimos la renuncia inmediata de la secretaría de salud municipal y que regresen a Takeshi con su familia.
