Para empezar, es importante resaltar que, de ninguna forma, las calumnias y la difamación son aceptables, por cuanto estas no tienen ni tendrán nunca cabida en el debate público, máxime en una democracia como lo es Colombia. Sin embargo, este principio es de doble vía y aplica tanto para los expresidentes y políticos como para los medios de comunicación.
Resulta bastante curioso que tras el tuit del expresidente Álvaro Uribe Vélez en donde calificó como "violador de niños" a Daniel Samper Ospina, todos los medios de comunicación, periodistas, ONG como FLIP y la propia Human Rights Watch, entre otros se volcaron en un mensaje unánime de indignación contra el expresidente por considerar su tuit como un acto "difamatorio", "calumnioso" y "una manifestación de violencia". Incluso, periodistas que no han ocultado nunca su apoyo al expresidente como Salud Hernández, Claudia Gurisatti y Hassan Nassar, se han unido a esta cadena de indignación, que más que ser un motivo de orgullo por el mensaje que profesa (#PorElRespeto) es increíblemente hipócrita si consideramos el inmenso historial de difamación, mentiras y calumnias que estos mismos medios y periodistas han hecho sin consideración, destruyendo vidas y reputaciones, sin despertar ninguna indignación.
Y dentro de este historial, está por supuesto, la ahora víctima Daniel Samper Ospina, quien en su largo historial de burlas desmedidas contra políticos, los antioqueños y la hija menor de edad de Paloma Valencia, no ha tenido consideración alguna en tildar de paramilitar al expresidente Uribe sin ninguna prueba que lo demuestre más que el común consenso de considerar paramilitar a Uribe a punta de meros indicios y sin que un Juez de la República o la Corte Suprema de Justicia lo haya determinado como tal, haciendo que sus acusaciones sean también difamatorias, calumniadoras y merecedoras de indignación y rechazo.
Recordemos también los casos del General Palomino y la comunidad del anillo, caso en el que los medios se apresuraron a tildar a Palomino como el cabecilla de esta organización, sin prueba o pronunciamiento judicial alguno, o el caso de la Negra Candela que publicó irresponsablemente un video íntimo de Luly Bossa, y ni que decir de la antes columnista ahora Senadora Claudia López que ha graduado de corruptos, parapolíticos y mafiosos a políticos en todas las orillas, ganándose solo aplausos y protagonismo en los medios y forzada, como en el caso de Luis Felipe Henao a retractarse, nuevamente, sin despertar ningún tipo de indignación, y reemplazando el lugar de los jueces de la República, responsables en nuestro país de determinar o no la responsabilidad penal de todos los colombianos a quienes se les acuse de un hecho punible, tarea que claramente ningún comunicador o periodista, podrá hacer objetivamente.
Y aunque si bien no es un secreto para nadie que en Colombia existen políticos delincuentes y corruptos que merecen todo nuestro reproche, es importante que con el caso Samper Ospina, se abra un gran espacio de reflexión nacional sobre el papel de los medios en nuestra democracia y los límites de la libertad de prensa y de expresión bajo los cuales los periodistas y los medios se cobijan a diario para difamar, calumniar e invitar a la violencia no solamente contra figuras políticas como el expresidente Uribe, sino contra miles de colombianos a quienes señalan y gradúan de delincuentes sin rigor ni responsabilidad periodística alguna.
Es cierto, ningún insulto o calumnia es válida en un espacio de debate como lo es hoy Twitter, pero Daniel Samper Ospina y los medios no pueden volcarse a exigir respeto y calificarse de víctimas cuando desde la orilla periodística muchas veces son los victimarios que calumnian, injurian y difaman sin consideración alguna, bajo la falsa creencia de que el respeto es de una vía y que la libertad de prensa es un cheque en blanco que les permite pisotear la reputación y la honra de cualquier persona sin ninguna consecuencia.
