Mientras en el país muchos están desconcertados y otros en regocijo por el retorno del alcalde mayor de Bogotá al palacio de Liévano, unos cuantos estamos analizando el trasfondo de la decisión en primera instancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desacatada e ignorada por el Presidente Juan Manuel Santos; y la reciente decisión de la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal de Bogotá de ordenarle al presidente de la república acatar las medidas cautelares proferidas por la CIDH mientras se estudia el caso de fondo para evitar un perjuicio irremediable que es el alma de las medidas cautelares tras la instauración de una tutela por parte de un ciudadano.
Con el retorno de Petro a la alcaldía, surgen nuevos interrogantes: ¿Afectará este error grandísimo de desacatar las medidas cautelares por parte presidente Santos para su campaña reeleccionista? ¿Queda en vilo el supuesto ultra poder de su “santidad” procurador general de la nación Alejandro Ordoñez? ¿Pierde o gana Bogotá? Y muchas otras preguntas que desde los medios de comunicación se vienen formulando para con este gran caso jurídico-político de Gustavo Petro. Lo cierto es que con esta decisión del tribunal gana la Democracia participativa y los electores del alcalde Gustavo Petro.
Si bien es cierto que en Colombia han sido destituidos más de un centenar de Alcaldes y Gobernadores por parte de la procuraduría, siendo este organismo de control y vigilancia necesario para velar por el erario público y la forma en como estos recursos están siendo administrados, es inaceptable que destituyan e inhabiliten a un alcalde por 15 años por haber incurrido en un error técnico en la administración. Haciendo una analogía, lo mismo le pasó al entonces alcalde de Medellín Alonso Salazar, el cual había sido destituido e inhabilitado por 12 años sólo por denunciar actos de corrupción y politiquería en el país; decisión que recientemente fue levantada por el Consejo De Estado dejando en vilo nuevamente el poder de un procurador sesgado políticamente y fanático religioso. No olvidemos que este procurador es aquel que se destacó por una quema de libros de la biblioteca pública Gabriel Turbay de la ciudad de Bucaramanga entre los cuales se encontraban ejemplares del premio nobel de literatura Gabriel García Márquez y una biblia de traducción no católica.
A raíz de estas destituciones e inhabilidades de dirigentes políticos reconocidos por una trayectoria ejemplar en el sector público, se indignaron las masas y se levantaron pacíficamente a marchar y a llenar las plazas del país en contra de una opresión por parte de los poderes públicos de control y vigilancia “independientes” de este país. En segundo lugar se hizo una convocatoria a una “tutelaton” siendo este el mecanismo más idóneo y eficaz que tiene el pueblo de evitar que se viole un Derecho o solicitar la restitución de un Derecho violado, en este caso el Derecho de elegir y ser elegido (art 40 inciso 1° C.P) levantando la indignación de personalidades de este país como el mismo presidente, haciendo el siguiente comentario: “Creo que entre todos debemos reflexionar con cabeza fría sobre si regulamos el uso de la tutela” o del mismísimo ministro de justicia, Alfonso Gómez Méndez: La tutela no puede convertirse en una especie de sustituto de todo el sistema judicial”.
¡Por Dios! estos son nuestros dirigentes, los que se indignan y se retuercen por la victoria del pueblo por medio de uno de los medios más efectivos que tiene este para hacer valer sus Derechos y decirle a las mafias y elites de este país que nosotros, los ciudadanos de a pie, también tenemos valor en este país y que somos el núcleo esencial de la democracia. Toda esta ola de ciudadanos indignados que instauraron sus acciones de tutela, estos que llenaron las plazas públicas de las ciudades más importantes de Colombia como lo son la de Bogotá y Barranquilla y otro centenar de ciudadanos que desde las redes sociales estuvieron presionando y dando a conocer sus valiosas opiniones, no son más que esos compatriotas que hacen parte de una nueva ciudadanía activa a la cual le interesan los problemas públicos de esta sociedad.
Ahora bien, entendemos por Democracia Participativa: “aquella por la cual las personas tienen incidencia directa en las decisiones del gobierno por medio de unos mecanismos como lo son en Colombia: la Iniciativa Popular legislativa y normativa, el Referendo, la consulta popular, plebiscito, cabildo abierto, y la revocatoria del mandato”.
Por otro lado, se anuncia por parte del Registrador Nacional Carlos Ariel Sánchez, la reactivación de la revocatoria del mandato que tiene como protagonistas principales de las campañas políticas por el lado promotor al ex Vicepresidente de Colombia Francisco Santos y por otro lado la campaña opositora del ex Secretario de gobierno de Bogotá Guillermo Alfonso Jaramillo, en donde nuevamente participara la ciudadanía y decidirá la suerte del Alcalde Gustavo Petro, haciendo uso de esa facultad que tienen como electores los ciudadanos que participaron en las elecciones típicas. Es por esto que gana la ciudadanía, el futuro de Gustavo Petro no lo decidirán las Elites, sino la misma ciudadanía que de una manera u otra lo llevo a ser el alcalde más famoso del país.
También se deja abierta la posibilidad de una ley donde se le supriman poderes al procurador general de la nación, evitando la extralimitación de estos como lo propone el jurista Rodrigo Uprinmy. Si, con tan solo una ley, ya que la constitución política determina que la Procuraduría ejerza un poder disciplinario preferente sobre todos los servidores públicos, incluso aquellos de elección popular; pero señala que las sanciones deberán ser “conforme a la ley”. Esta ley seria la clave donde se dejara expreso que se podrá ejercer el control disciplinario mas no destituir a personas con cargos electos por voto popular ya que se les estaría violando a ellos también sus Derechos.
