El reciente regreso al país del exministro Andrés Felipe Arias, después de un proceso de extradición surtido ante las autoridades norteamericanas, pone en evidencia una realidad que desde tiempos coloniales se presenta en nuestro país: la justicia opera de manera diferente dependiendo del tipo de persona a quien se le aplica. Es conocido que antes de las revoluciones liberales, los nobles y los plebeyos recibían tratamiento legal diferente, pero lo que parecía bien en tiempos del feudalismo resulta inaceptable en sociedades regidas por el sistema republicano de estirpe liberal que tiene como fundamento el supuesto de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, sin importar su sexo, etnia, condición económica o confesión religiosa o política.
Sin embargo, el tratamiento del que ha disfrutado el exministro Arias por parte del actual gobierno y su fuerza política, el uribismo, pone en evidencia que en Colombia existe una justicia para Pablo Pueblo, el colombiano común y corriente, y otra para aquellos que hacen parte o gozan de la protección de la élite política y económica que controla el poder en Colombia.
Una serie de sucesos alrededor del proceso del exministro Arias permite sostener lo anterior. En primer lugar, la conducta que el gobierno colombiano y su partido político siguieron frente al proceso de extradición. Resulta exótico ver a un presidente de la república, su vicepresidenta, el canciller y su embajador en los Estados Unidos, haciendo todo lo posible para que un reo condenado por el máximo tribunal de justicia penal no fuera extraditado para que purgue su pena en el país. De manera que el presidente de la república y sus funcionarios, la cabeza del Estado, actúan coordinadamente para que no se cumplan las sentencias emitidas por los tribunales del Estado que presiden. Funcionarios estatales, protegiendo a reos condenados por tribunales estatales, el estado contra el Estado. De ese tamaño es la contradicción. ¡La jefatura del Estado reclamando que no se cumpla el imperio de la ley!
Pero lo anterior es solo el comienzo. Los estados, en su afán por mostrarse como el poder absoluto en la sociedad, se esfuerzan por exhibir a sus delincuentes, los esposan, los muestran ante las cámaras de televisión, en ocasiones con trasmisión en directo. En este caso sucedió todo lo contrario, un vuelo chárter trajo al exministro en secreto; nadie se enteró con antelación de la fecha de la extradición, menos la prensa, ni una fotografía del momento en que la justicia colombiana colocaba sus manos sobre el reo fugado. De manera que pareció más el recibimiento a un político honorable que no renuncia a sus pretensiones presidenciales que a quien durante años usó todo recurso disponible para evadir la acción de la justicia colombiana. Después, habiendo resultado imposible evadir la acción de la justicia, se le envía de nuevo a la Escuela de Caballería como sitio de reclusión, lugar en donde ya estuvo recluido bajo la medida de detención preventiva mientras se le investigaba. Es decir, club por cárcel, a diferencia de Pablo Pueblo que paga sus condenas en esos antros de hacinamiento y enfermedad que en Colombia llamamos cárceles.
Pero ahí no para todo, además el partido Centro Democrático, con apoyo del gobierno, anuncia la presentación de una ley a la medida de Arias, la Ley Uribito, que busca abrir una nueva instancia para que revise su condena y le abra las puertas de nuevo a su aspiración presidencial como candidato del uribismo. Pero no es solo el gobierno, parte de la gran prensa asume la condición de defensores de oficio de Arias, Vicky Dávila insiste en el dolor de la esposa y los hijos de Arias, argumento nada jurídico, que ignora que todo condenado tiene una familia que llora la pérdida de la libertad de su ser querido; a su vez, Julio Sánchez reclama la dureza de la sentencia en comparación con las penas contempladas en la JEP, olvidando que esta es producto de una negociación política para parar una guerra.
Sin duda Arias cuenta con una serie de privilegios y poderosos defensores, propios de un miembro de la más poderosa élite colombiana, con los que Pablo Pueblo jamás podría siquiera soñar. Quizá la conciencia de ello fue lo que le permitió salir riéndose tras el debate de moción de censura al que fue sometido en el senado. Sin duda en Colombia, a pesar del rótulo republicano, hay una justicia para los ciudadanos y otra para los miembros más encumbrados de la élite política y económica.
