La “Guerra de las Cartillas”, que deja heridos y heridas, demuestra fehacientemente dos cosas: en primer lugar, que la Colombia tradicionalista, conservadora, pacata, seguidora de la tradición, la familia y la propiedad tiene un gran poder y las fuerzas de la caverna la han puesto en pie de lucha y movilizado masivamente, con inocultable cálculo y propósitos políticos. Las mentiras de su “indignación” fueron evidentes, se trataba de propaganda negra en favor del miedo y en defensa de la fe ciega de sus credos políticos y religiosos.
En segundo lugar, la errática y caótica estrategia de la ministra Gina Parody en la puesta en marcha de la revisión de los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) y los Manuales de Convivencia, ordenada por la Corte Constitucional.
Lo ordenado por la Corte es sin duda pertinente, necesario y urgente para la educación y para la convivencia de los colegios: “i) una revisión extensiva e integral de todos los Manuales de Convivencia en el país para determinar que los mismos sean respetuosos de la orientación sexual y la identidad de género de los estudiantes y para que incorporen nuevas formas y alternativas para incentivar y fortalecer la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, que permitan aprender del error, respetar la diversidad y dirimir los conflictos de manera pacífica, así como que contribuyan a dar posibles soluciones a situaciones y conductas internas que atenten contra el ejercicio de sus derechos; y ii) ordenar y verificar que en todos los establecimientos de educación preescolar, básica y media estén constituidos los comités escolares de convivencia”. Sentencia T-478/2015
Una revisión de los PEI, tal y como lo ordenaba la Corte Constitucional, necesitaba como mínimo la elemental participación y consulta con padres de familia, estudiantes, docentes y, por supuesto, los niños y los jóvenes, respetando siempre la autonomía que tienen los colegios para darse su propio Manual de Convivencia y su propio Proyecto Educativo Institucional (PEI), autonomía que ha sido respetada y defendida como inviolable por la Corte en diversas sentencias.
La participación democrática era el camino para aclimatar una cultura de la convivencia que permitiera superar todas las situaciones de discriminación, matoneo, exclusión y maltrato que hoy atraviesan la escuela y la educación.
Los problemas que afectan la convivencia escolar no son unicamente los derivados de la discriminación contra los alumnos o las alumnas por su orientación sexual. Según diversos estudios, “uno de cada cinco jóvenes es víctima de abierta discriminación y rechazo en los colegios del país. El bullying no es generado en los colegios, sino en una sociedad enferma que se acostumbró a la discriminación, la inequidad y el rechazo. Son niños atropellados por sus compañeros por múltiples motivos; entre otros, por ser gordos, bajitos, gafufos, gay, nerdos, de menor nivel socioeconómico, mujeres, negros, indígenas o de personalidad débil. Estamos hablando de un estimado de dos millones de niños que, esencialmente por ser diferentes a los demás, sufren el bullying en nuestros colegios”. Por tal razón la revisión de los PEI debería necesariamente incorporar todos los problemas y situaciones de discriminación. El documento o “Cartilla ambientes escolares libres de discriminación”’, centra sus análisis en los problemas derivados de la identidad de género. Esa fue la chispa que aprovecharon las huestes conservadoras y la caverna para prender la pradera.
Pero la ministra, fiel al recetario tecnocrático, desechó el camino de la participación democrática, del debate público y optó por contratar un puñado de tecnócratas expertos, quienes en un tiempo record de tres meses elaboraron y publicaron la Cartilla. Se eludió la participación ciudadana, el paciente camino de la pedagogía, la construcción de consensos, contar con la participación de todos los que conforman la comunidad escolar.
El modelo tecnocrático para la formulación de políticas públicas está en bancarrota. Contratar una misión de expertos y luego convertir en normas y decretos sus resultados y conclusiones no es el camino. Todas las políticas públicas sobre calidad de la educación en las dos últimas décadas han seguido este modelo y han cosechado pobres resultados. Son políticas que se “Acatan pero no se cumplen”. Y los maestros no las cumplen, porque les resultan alejadas de la realidad de lo que pasa en las aulas. Son políticas impositivas que provocan rechazo o resistencias pasivas.
La manera como la Ministra de Educación manejó el incendio creado por su estrategia no pudo ser más errática. Las explicaciones aclaratorias fueron acompañadas de mentiras. En un primer momento negó que existiera la tal cartilla y que esta hubiera sido entregada. Luego señalo que lo que existía era un documento pero que no era aún un documento oficial del ministerio. La ministra se empeñó en negar las evidencias: el Contrato 753, de marzo de 2016, por $1.585 millones suscrito por el MEN con el Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas para elaborar el documento y otras estrategias afines; que el documento estaba a disposición de los maestros y el público en general en el Portal de del Fondo de Poblaciones; que la Cámara del Libro expidió del ISBN de la publicación y que en dicho ISBN figura como primer autor el Ministerio de Educación Nacional.
Antes que defender las bondades de la Cartilla y su carácter orientador o los aportes que sin duda tiene para la reflexión, optó por el camino de lavarse las manos y achacar el documento y la responsabilidad al Fondo Población de las Naciones Unidas. Afirmó que lo habían publicado sin la autorización del gobierno. Acusación grave, pero no pasará nada. No sobra recordar que los organismos de las Naciones Unidas, incluida el Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas, no son objeto de control, ni investigación, ni responsabilidad por parte de las autoridades colombianas en lo administrativo, fiscal o penal.
El final de la Cartilla de Gina, tantas veces negada, no podía ser más dramático o tragicómico. Para salir del embrollo creado y ante la evidencia de las masivas movilizaciones de las fuerzas conservadoras y las iglesias católicas y cristianas, aupadas por el procurador y el Centro Democrático, el gobierno dio marcha atrás, ante las presiones de la iglesia y sus aliados. El presidente Santos y la ministra se reunieron de inmediato con el cardenal Rubén Salazar, el nuncio Ettore Balestrero y monseñor Fabio Suescún, obispo castrense de Colombia, prometiéndoles que archivarían la cartilla. “El Gobierno descartará esas cartillas. "Este documento no será autorizado”.
La batalla de la cartillas, había falsas y reales, ha causado no solo un grave daño a la imagen y credibilidad del gobierno, también ha dado una victoria fácil a las fuerzas reaccionarias y conservadoras hermanas con los opositores al proceso de paz y al referendo, y lo más grave, ha dejado en el limbo el mandato de la Corte Constitucional de revisar los Manuales de Convivencia y los PEI de los colegios, un necesidad urgente para que las escuelas y colegios se conviertan en territorios de la convivencia, de la inclusión, del respeto por el otro y por las diferencias, libres de toda discriminación.
La terquedad y soberbia conocida de la ministra Parody le impide transitar el camino de la democracia y la deliberación ciudadana en la construcción de una escuela para la paz y la convivencia armónica y creadora. Lo que se perdió fue mucho y nadie responderá por el grave daño causado.
