Cartagena ha sido vividero de piratas de ultramar y de algunos propios de tierra firme que no palidecen en truculencias ante aquellos. Su historia ha estado cruzada por la bandidez oficial y privada, como pocas ciudades la han padecido. Solo que ahora es ramplona, ostentosa, indiscreta, amenazante, ruin por los montos que llegan a hurtarse de presupuestos destinados a necesidades básicas de la población. El pillaje, razón de su existencia, es indiscriminado.
Esto, más que el delito mismo, es lo que en mayor cuantía crea repelencia en las víctimas. Si robaran y dejaran algo para volver a comenzar (como les recalcaba a los administradores de sus negocios privados mi amigo cartagenero Gustavo Hernández, “El Ferretero”, cuando viajaba y tenía que dejar a cargo de los administradores sus actividades comerciales), otro gallo les cantaría. Hasta habría agradecimiento. Un hito importante de la corrupción privada cartagenera fue la primera pirámide financiera de Colombia, Caribesa.
En el Corralito de Piedra se han dado unos truhanes para no olvidar. Hace un tiempo recordó el periodista Juan Gossaín a una pareja de ellos, de blanquísimo cuello por pertenecer ambos a la clase “popof”, como definía el locutor Edgar Perea a los delincuentes de cuello blanco de Barranquilla.
Ese tipo de ciudadanos en su tiempo desbarataron alcancías y cuentas ajenas por doquier. Tanta era su desconsideración, que alguna vez durante la repartición de un botín, uno de ellos le propuso a su compinche que para que no ser víctima de un asalto en los andurriales plagados de ladrones adonde solía ir cuando conseguía los pesos, le daría su parte en un cheque.
Confiado en una lealtad que no existía, al presentar dicho cupón en el banco, este resultó sin fondos y procedente de una chequera robada. Evidentemente se trataba de un ultraje a un colega que había corrido los mismos riesgos que él. Una desconsideración corporativa.
Otra víctima de los llamados entonces “caballeros de industria” (nadie aclaró por pudor que con semejante eufemismo se hacía referencia a unos miembros de la actividad comercial del crimen), fue un gobernador de Bolívar. Este señor era un distinguido político del país.
Ello le sirvió para que el presidente Julio César Turbay Ayala y su Estatuto de Seguridad, a cuyo amparo se asesinó y desapareció buena parte de la oposición política de Colombia, le aconsejara que su hijo, militante del M-19, debía exiliarse, pues le había llegado el turno para ser otro muerto más por cuenta de las “fuerzas oscuras” de la nación. Pero el prestigio del gobernante poco le importó a uno de los facinerosos de la ciudad para extorsionar al funcionario. La fachada para su ejercicio patibulario de la prensa escrita era una revista de diversos géneros informativos de la urbe.
Extrañado por no encontrar siquiera un ejemplar del impreso que su despacho apoyaba con cuñas publicitarias, hizo comparecer al periodista de marras. Le soltó que le había suspendido la pauta porque la publicación nunca veía la luz. El publicista en una respuesta magistral del difícil arte del cinismo le contestó que precisamente esa era la razón por la que debía pagarle, la de no publicar nunca la presumida revista.
Para no fatigarlos, en otra ocasión les contaré el modo como un gobernador del mismo departamento les comunicaba su interés torvo a los atraídos por la licitación de la explotación del negocio de las apuestas para que nadie le grabara algún testimonio. ¡Cartagena, qué heroica has sido; tanto, que te pareces en esas malas prácticas administrativas a cualquier ciudad de La Guajira!
