Esta es la carta publicada el 27 de febrero desde La Habana Cuba, dirigida a Kofi Annan por parte de la Delegación de las Farc en defensa del derecho a la rebelión armada:
Nos reunimos de nuevo tras haber tenido la ocasión de compartir con usted en el día de ayer sobre los avances del proceso de paz. Ha sido muy grato para nosotros poder intercambiar también en el día de hoy algunas ideas al respecto.
Señor Annan, usted, como persona que nació en el tercer mundo y ha tenido las vivencias de la exclusión, la miseria y las injusticias que padecen nuestros pueblos, puede dar testimonio sobre la naturaleza del derecho a la rebelión, de la legitimidad de aquella potestad inscrita en la naturaleza humana, explicada y difundida por patriarcas y filósofos de todos los tiempos, y reconocida de manera expresa por la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano en 1789.
Bien está inscrito en el corazón sensible del género humano el mandato de recurrir a ese derecho de derechos cuando las condiciones históricas, de clase, de desigualdad y persecución, afligen el alma y la misma dignidad de la persona y el ciudadano. Estos fundamentos, mirando los padecimientos de Colombia fueron los que movieron a nuestros fundadores, quienes por razones de legítima defensa se vieron obligados a empuñar las armas hace más de sesenta años. Ellos se hicieron eco, de alguna manera, de aquella consideración esencial “de que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derechos, a fin de que el hombre no sea compelido al supremo recurso de la rebelión…”.
Nuestro caso no es el de Bosnia-Herzegovina, ni el de Ruanda, ni Yugoeslavia; ni somos Sudán ni Libia. Nada de lo nuestro se parece a estos casos ni a las circunstancias que llevaron a la invasión de Iraq, con acierto rechazada por usted contraviniendo la posición y espíritu guerrerista que esgrimieron para mal, en aquel momento, los Estados Unidos y el Reino Unido.
Tampoco es nuestro caso lo que aconteció en Irlanda o viene sucediendo en Siria. Lo nuestro ha sido una muy antigua respuesta digna al despojo que aún continúa, al desconocimiento de derechos fundamentales, al abuso, a la necesidad de la legítima defensa desde los años sesenta en que fueron atacados, para aniquilarlos, con todo el poder bélico del Estado, aquellos campesinos de Marquetalia que labraban la tierra con el único deseo de vivir en paz. Ha transcurrido medio siglo y aquí seguimos, los mismos de entonces pero con caras diferentes, luchando por una misma causa, porque no es con bombas ni metralla que se apacigua la inconformidad que genera la injusticia.
Señor Annan, más allá de la Casa de Nariño, la realidad que existe es la de un coeficiente de Gini que marca la desigualdad y la pobreza entre los nuestros: 0.53 en las ciudades y 0.87 respecto a la propiedad rural, para ubicar a Colombia como el tercer país más desigual del mundo. Al respecto, y solamente para que tenga un ejemplo, le pedimos que mire hacia el Chocó, territorio de nuestro país con población mayoritariamente afro descendiente. Allá se encuentran, en un escenario con ingentes riquezas naturales saqueadas por las transnacionales, hombres, mujeres y niños en su mayor parte con los pies descalzos sobre el barro, viviendo como animales y también muriendo por desnutrición. Quibdó, su capital, dejada de la mano del diablo como el más pobre barrio de Kumasi, se encuentra asentada entre minas de oro y biodiversidad, a dos horas de vuelo de la ciudad de Miami en donde hace valer su presencia el capital colombiano.
En nuestro país, el cual cuenta con casi cincuenta millones de habitantes, el 77% de la tierra está en manos de 13% de la población. El 3.6% de estos últimos es dueña del 30% de la misma. Los procedimientos de despojo violento del último cuarto de siglo han desplazado a más de 6 millones de campesinos.
No queremos distraerlo con más alusiones espeluznantes de desigualdad e inequidad social. Más bien le reiteramos que a la Mesa de Diálogo de La Habana, hemos llegado para hacerle honor a nuestra palabra empeñada en el Acuerdo General del 12 de agosto de 2012, con el convencimiento de que sí se puede alcanzar la paz en términos civilizados, y de que en una guerra de más de medio siglo no se puede hablar de un solo victimario, ni mucho menos de un solo responsable como en algunas ocasiones se ha pretendido queriéndose colocar a la insurgencia en el banquillo de los acusados. Ya nuestros interlocutores comienzan a aceptar esta realidad histórica. Y por fortuna una comisión que tuvo a su cuidado el estudio del origen del conflicto, le entregó a la mesa doce informes de prestantes académicos que indican que la confrontación en nuestro país, es tan antiguo como para superar dos generaciones o más; y que las acciones violentas de muy variadas especies, sin restricción de medios para adelantarse y cometerse, en muchos casos provinieron y provienen no solo de las partes combatientes, sino de múltiples actores políticos y sociales, oficiales y no oficiales, que dieron rienda suelta a sus odios y métodos de destrucción. (Ponemos en sus manos copia de los doce informes de la Comisión histórica del conflicto y sus víctimas, que antes mencionamos)
A propósito de este tema, vale pena recordar que el ex presidente César Gaviria (1990 -1994), en reciente escrito publicado en El Tiempo, diario de mayor circulación nacional, puso de presente que los actores del conflicto se encuentran entre la población combatiente y no combatiente; y entre círculos de la empresa privada, y funcionarios públicos de diversa condición. Señaló igualmente responsabilidades graves a la clase política para finalmente indicar que hasta jueces se encuentran comprometidos. El propio Comisionado para la Paz, doctor Sergio Jaramillo, ha asentido que la responsabilidad por la enorme y cruenta contienda bélica es colectiva. Y el propio Presidente Juan Manuel Santos no esperó mucho para acoger la tesis del ex presidente Gaviria. Aspiramos a que las autoridades competentes inicien las consecuentes investigaciones de rigor sobre estas noticias criminales conocidas por muchos pero hasta ahora reconocidas en esa dimensión por un alto dignatario de Estado.
Debemos agregar que para bien del proceso el gobierno nacional ya aceptó la existencia de presos políticos, al aceptar revisar “la situación de las personas privadas de la libertad, procesadas o condenadas, por pertenecer o colaborar con las FARC-EP”. Igualmente, se admitió que se “hará las reformas y los ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la paz”. Ambos puntos están incluidos en una Agenda que de nuestra parte hemos asumido como invariable en sus aspectos sustanciales, y tienen que ver con necesidades a resolver en el camino de lograr la finalización del conflicto.
Por último debemos destacar que buscando asumir gestos prácticos que desescalen el conflicto y amainen los dolores de la guerra, el día 17 de diciembre del año pasado declaramos un CESE UNILATERA AL FUEGO, POR TIEMPO INDEFINIDO, en medio de una contienda armada interna que no iniciamos. Hemos solicitado que dicho cese se verifique por organismos nacionales e internacionales. El gobierno ha rehusado atender nuestra decisión y solicitud. Dado que usted viene de ser Coordinador de las Operaciones de las Fuerzas de Paz de la ONU, aprovechamos su presencia en este día para solicitarle que se sirva trasmitir, sus experiencias a los señores plenipotenciarios del gobierno, sobre el valor y alcance que para la población inerme tienen medidas como la que hemos tomado libremente. No más muertos que hagan más distante un acuerdo de paz que como nunca antes se muestra posible en el horizonte.
Muchas gracias.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP.
